Protestas en Bolivia entre bloqueos y tensión diplomática

Bolivia vive una ola de protestas en medio de la crisis más grave desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia hace apenas seis meses. Lo que comenzó como un paro general de la Central Obrera Boliviana (COB) el 1 de mayo, con demandas de aumento salarial del 20 %, mejoras en el abastecimiento de combustibles y la abrogación de la Ley 1720, escaló hasta convertirse en una crisis política con exigencias de renuncia al mandatario. Las ciudades de La Paz y El Alto permanecen sitiadas, los mercados sin abastecimiento y la tensión desborda las fronteras del país andino.

Foto: Bolivia atraviesa su tercera semana de una severa crisis social y política.

Miguel Vega

DIGITAL EDITOR

21.05.2026 13:42

Dos semanas de bloqueos de carreteras (impulsados por la COB, sindicatos campesinos y mineros) han vaciado los mercados de La Paz y agotado las reservas de oxígeno en hospitales. El gobierno reportó al menos tres personas fallecidas tras el bloqueo a vehículos de emergencia. Lo que comenzó como un reclamo sectorial se convirtió en una confrontación que hoy involucra a Washington, Bogotá y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hambre, escasez y una ciudad cercada

Analistas políticos como Huáscar Pacheco señalan que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares son parte de una «crisis multidimensional» que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia el 8 de noviembre pasado. Los organismos multilaterales han pronosticado una contracción económica del 3,3 % en 2026, tras el retroceso del 1,58 % en 2025, en un país donde el 85 % de la población trabaja en la informalidad.

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La capital política del país vive bajo asedio. Los bloqueos han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal. Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un «reordenamiento» ministerial para lograr un gabinete más ágil y receptivo a las demandas sociales, además de la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados. En los mercados populares, los precios de productos básicos se han duplicado o triplicado, mientras familias enteras hacen largas filas para conseguir pollo o gasolina.

La tensión alcanzó su punto más alto el lunes 18 de mayo, cuando la marcha afín a Morales ingresó a La Paz y protagonizó protestas violentas con numerosos destrozos en instalaciones públicas y privadas. El centro de La Paz desapareció bajo nubes de gas lacrimógeno mientras cientos de personas huían entre gritos y detonaciones.

El factor Morales y la sombra del golpe

La denominada «Marcha por la Vida para salvar Bolivia» aglutina a sectores campesinos, indígenas y obreros leales al expresidente Evo Morales, quienes se oponen a las medidas económicas de Paz. La movilización partió desde Caracollo, en el departamento de Oruro, a 188 kilómetros al sur de La Paz.

El gobierno boliviano acusa directamente a Morales de orquestar la desestabilización del país. El canciller Fernando Aramayo intervino por videoconferencia en una sesión extraordinaria de la OEA para denunciar que los sectores radicales, bajo el mando de Morales, ejecutan una estrategia orientada a consolidar un golpe de Estado contra Paz.

El exmandatario, quien permanece en el Chapare (su bastión sindical) protegido por cientos de seguidores, rechaza categóricamente esas acusaciones y enfrenta además un proceso judicial por trata agravada de personas.

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El analista Vladimir Peña advierte que las demandas han mutado rápidamente hacia posiciones políticas «irreductibles», lo que dificulta enormemente una salida negociada al conflicto.

Crisis diplomática, expulsión colombiana, respaldo estadounidense y la OEA en alerta

La convulsión interna de Bolivia sacudió también la arena diplomática regional. El Gobierno boliviano declaró «persona non grata» a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y solicitó el cese de sus funciones diplomáticas, luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas como una legítima «insurrección popular».

Según la Cancillería boliviana, la medida fue tomada conforme al derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y no representa una ruptura en las relaciones entre ambos países.

Petro respondió advirtiendo que Bolivia se encamina hacia «extremismos» y alertó sobre el riesgo de una «masacre» si el gobierno no abre espacios de diálogo nacional.

Desde Washington, la respuesta fue diametralmente opuesta. El secretario de Estado Marco Rubio expresó el respaldo absoluto de la administración Trump al presidente Paz y lanzó una advertencia internacional: Washington empleará todos los mecanismos necesarios para impedir que el orden democrático boliviano sea quebrantado. El vicesecretario Christopher Landau fue aún más directo al hablar de «un golpe de Estado en marcha».

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Ocho países latinoamericanos y la Unión Europea respaldaron la institucionalidad democrática boliviana y rechazaron cualquier intento de alterarla.

Ciudadanos en Cochabamba, Tarija y Chuquisaca también se movilizaron para defender la democracia y exigir el fin de los bloqueos. Uruguay llamó a resolver el conflicto de manera pacífica, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de ruptura del orden constitucional y expresó preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos.