Venezuela necesita inversión petrolera: ¿Puede el nuevo acuerdo petrolero con EE. UU. terminar aumentando el riesgo?
Venezuela vuelve a atraer capital petrolero, pero no por una sola vía. El esquema anunciado con EE. UU. abarca 17 campos y contempla hasta US$100,000 millones en inversión de NABEP, mientras que Chevron comprometió más de US$7,000 millones mediante acuerdos separados con PDVSA. Para quien compromete capital en un proyecto que puede tardar décadas en recuperarse, no basta con tener reservas: también importa que las condiciones pactadas hoy sigan vigentes durante la vida de la inversión.
Foto: El nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU. busca atraer inversión de largo plazo al sector, pero abre una tensión sobre la durabilidad de los contratos, la solidez institucional y el riesgo de que futuras autoridades revisen las condiciones pactadas. Ilustración: Ana Sosa para–Mercado Media.
Estados Unidos no tendría solo un papel político en el acuerdo. Office of Strategic Capital, una oficina del Departamento de Defensa, recibiría una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP, además de poder de veto sobre los nombramientos de su consejo y derechos sobre parte de la producción. Si un futuro Gobierno venezolano quisiera cambiar las condiciones de esos proyectos, ya no estaría negociando únicamente con una empresa privada; también afectaría derechos adquiridos por Estados Unidos.
Venezuela ya pasó por una ruptura de ese tipo en 2007, cuando el Gobierno de Hugo Chávez obligó a los proyectos de la Faja del Orinoco a convertirse en empresas mixtas bajo control mayoritario de PDVSA. Las compañías tuvieron entonces que decidir si aceptaban las nuevas condiciones o abandonaban sus inversiones.
Chevron y otras empresas mantuvieron una participación menor; ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron los términos, salieron de los proyectos y presentaron sus reclamos ante arbitrajes internacionales que se prolongaron durante años.
Ese precedente sigue pesando por una razón concreta: una empresa puede obtener una compensación años después y, aun así, haber perdido el proyecto en el que decidió invertir.
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¿Qué debe garantizar el marco petrolero de Venezuela para convertir el interés en inversión a largo plazo?
Reglas claras para entrar, condiciones fiscales previsibles y contratos que puedan hacerse valer en caso de conflicto. Eso es lo que el marco petrolero venezolano necesita ofrecer si quiere convertir el interés de los inversionistas en capital comprometido a lo largo de los años.
La reforma aprobada en enero abrió más espacio a la participación privada y flexibilizó las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. Aun así, antes de que NABEP apareciera, las grandes compañías seguían midiendo cuánto riesgo estaban dispuestas a asumir.
José Ignacio Hernández, profesor venezolano de Derecho Administrativo y Constitucional, especialista en regulación económica y arbitraje internacional de inversiones, y exprocurador especial de Venezuela, dedicó un análisis publicado el 5 de agosto de 2026 , precisamente a esa cautela. Los frenos que identificó no radicaban en la cantidad de petróleo disponible, sino en la estabilidad de los derechos contractuales, en la definición de la carga fiscal y en la posibilidad real de exigir el cumplimiento de los acuerdos.
Adicionalmente, puso el foco en cuánto poder conserva el Estado para modificar esas condiciones una vez comprometido el capital. A su juicio, las amplias facultades regulatorias del Ministerio de Petróleo aún pueden introducir incertidumbre.
Una reforma puede hacer más atractiva la entrada. La inversión a largo plazo depende de lo que ocurra después de firmar.
¿Puede la participación de EE. UU. reducir el riesgo si el propio acuerdo genera dudas de credibilidad?
Con Estados Unidos en el negocio, cambiar las reglas implicaría un mayor costo. Office of Strategic Capital tendría una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP, además de derechos de gobernanza y acceso a una parte de la producción. Una renegociación futura ya no afectaría solo al operador privado; también comprometería derechos incorporados al acuerdo por Estados Unidos.
Esa protección política, sin embargo, no resuelve por sí sola cómo fueron otorgados esos derechos. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Baker Institute de Rice University y especialista en economía política del petróleo, ha señalado que la presencia estadounidense puede reducir parte del riesgo que perciben quienes evalúan invertir en Venezuela. Su preocupación radica en el procedimiento utilizado para construir esa seguridad.
En una entrevista con PBS NewsHour, Monaldi cuestionó que la asignación se hubiera realizado sin un proceso competitivo. Una licitación permite comparar ofertas, condiciones económicas y capacidades técnicas; además, deja una base más difícil de cuestionar después sobre por qué el Estado otorgó determinados derechos a un operador y no a otro.
Si un futuro gobierno concluye que Venezuela pudo haber obtenido mejores condiciones, el propio acuerdo, diseñado para dificultar una renegociación, puede convertirse en objeto de una.
La participación de Estados Unidos puede elevar el costo de romper lo pactado; la credibilidad del acuerdo depende también de que su origen pueda sostenerse cuando cambie quien gobierna.
¿Puede un próximo gobierno venezolano cuestionar estos contratos ante los tribunales?
Sí, podría intentarlo si considera que quienes asumieron esos compromisos no tenían autoridad suficiente o que el proceso gubernamental utilizado dejó vacíos jurídicos. Para una empresa, esa posibilidad importa desde hoy: un proyecto petrolero puede seguir necesitando capital mucho después de que cambie el Gobierno que firmó el acuerdo.
José Ignacio Hernández, profesor venezolano de Derecho Administrativo y Constitucional y especialista en regulación económica y arbitraje internacional de gobiernos, ha centrado su análisis precisamente en ese punto. Sostiene que compromisos de esta magnitud requieren controles legales y, según su naturaleza, autorizaciones legislativas. Para quien invierte, no basta con leer qué promete el contrato; también importa quién podía firmarlo y bajo qué procedimiento quedó obligado el Estado.
La documentación pública todavía no permite reconstruir ese proceso completo. La Asamblea Nacional respaldó políticamente el anuncio, pero Jorge Rodríguez aclaró que el convenio no había sido tratado formalmente durante su discusión. Tampoco están reconciliados los plazos divulgados: Delcy Rodríguez habla de 25 años, mientras el Gobierno de Estados Unidos atribuye a NABEP concesiones de 100 años.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, añade una consecuencia aún más incómoda: el reconocimiento actual del acuerdo no impediría que futuras autoridades intentaran impugnar su validez ante los tribunales.
Para el inversionista, esa posibilidad cambia el valor del contrato antes de que exista cualquier demanda. Respetarlo, renegociarlo o terminar defendiéndolo judicialmente implican tres horizontes distintos para el mismo capital.
¿Qué valor tiene un contrato si un gobierno futuro cuestiona la legitimidad de quien lo firmó?
Un contrato de 100 años no vale como tal si quien pone el dinero cree que podría renegociarse dentro de diez años. Esa posibilidad cobra peso en Venezuela porque la discusión sobre estos acuerdos no se limita a sus condiciones económicas: también abarca la legitimidad de quienes comprometen al Estado.
Ricardo Hausmann, profesor de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, sostiene que Delcy Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional suficientes para asumir compromisos de esta magnitud. Según su interpretación, un futuro gobierno podría revisar lo acordado. Para el inversionista, no hace falta esperar a que eso ocurra: la posibilidad de una revisión futura ya modifica el valor que asigna hoy al contrato.
La participación de Estados Unidos introduce otra tensión. Si adquiere derechos económicos cuyo valor depende de que esos contratos permanezcan vigentes, también tendría razones económicas para favorecer su continuidad. Imdat Oner, exdiplomático turco destinado en Caracas, advierte que esa relación de beneficio mutuo puede volverse más difícil de abandonar a medida que ambas partes acumulen intereses en mantenerla.
Para quien financia el proyecto, la cuenta termina siendo más concreta: cuántos de los años prometidos considera realmente utilizables. Si el contrato ofrece décadas, pero la empresa calcula con un horizonte mucho más corto, esa diferencia tendrá un precio: puede exigir mayores garantías, una rentabilidad superior o recuperar su capital con mayor rapidez.
¿Puede el nuevo acuerdo reducir el riesgo sin debilitar las instituciones que deben sostener la inversión?
Sí, pero solo si la protección adicional no termina por hacer que la inversión dependa más del acuerdo que de las reglas del país. Luisa Palacios, economista venezolana e investigadora sénior adjunta del Center on Global Energy Policy de Columbia University, advirtió que, si el objetivo era reducir el riesgo de invertir en Venezuela, la operación podría producir “exactamente lo contrario” al debilitar aún más un marco institucional ya considerado frágil.
Para quien pone el dinero, esa fragilidad no es una discusión institucional abstracta. Tiene un precio. Una empresa que teme que las condiciones cambien antes de recuperar su inversión puede exigir una mayor rentabilidad, mejores términos fiscales o protecciones contractuales adicionales. Puede seguir invirtiendo, pero no necesariamente bajo las mismas condiciones.
Hasta ahora, Chevron ofrece la comparación más concreta. La compañía comprometió más de US$7,000 millones durante cinco años y obtuvo mejores términos fiscales, comerciales y jurídicos para sus empresas mixtas con PDVSA. Su expansión, además, es independiente de NABEP. ExxonMobil y ConocoPhillips permanecen sin un compromiso equivalente de nuevo capital dentro de esa estructura.
NABEP, mientras tanto, contempla hasta US$100,000 millones en inversión, pero esa cifra sigue siendo un plan, no un financiamiento cerrado.
Venezuela ya tiene una señal de que el capital puede volver; todavía no tiene una señal equivalente de que la nueva arquitectura sea la razón por la que está volviendo.
¿Qué tendría que demostrar el acuerdo para convertir la protección en una inversión a largo plazo?
Tendría que demostrar que los contratos pueden seguir siendo válidos y exigibles cuando cambien quienes gobiernan Venezuela. La participación de Estados Unidos puede hacer más costoso modificar las condiciones, pero el capital de largo plazo también necesita reglas claras, procedimientos que puedan defenderse y suficiente confianza para comprometer dinero que tardará años en recuperarse.
Hasta ahora, esa es la prueba que sigue pendiente. Los anuncios muestran cuánto podría invertirse; las decisiones empresariales mostrarán cuánto capital está realmente dispuesto a entrar bajo esta nueva estructura.
Para quien invierte, un contrato de 25, 50 o 100 años no vale por el número que figura en la última página. Vale por los años durante los cuales cree que podrá operar bajo las condiciones que aceptó al invertir el dinero.
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