En su primer día como el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no perdió tiempo en ejercer su autoridad ejecutiva, emitiendo una serie de órdenes ejcutivas que abarcan temas tan diversos como la inmigración, el cambio climático y la diversidad.
Las órdenes ejecutivas, aunque no son leyes en sí mismas, tienen un impacto similar y pueden ser revocadas por futuros presidentes o impugnadas en los tribunales. Esta capacidad de ser anuladas o desafiadas legalmente no disminuye su importancia inmediata, ya que pueden implementar cambios significativos en la política gubernamental.
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Es común que los presidentes firmen órdenes ejecutivas al inicio de su mandato para establecer rápidamente su agenda política. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses informaron que Trump tenía la intención de firmar hasta 200 órdenes en su primer día, una cifra que superaría con creces la cantidad emitida por la mayoría de los presidentes anteriores en un solo mandato.
Una de las primeras acciones de Trump fue firmar una orden ejecutiva que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.Esta medida, basada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, amplía significativamente los recursos disponibles para combatir a estos grupos, incluyendo sanciones económicas, restricciones de viaje y potenciales acciones militares.
La designación de los cárteles como terroristas tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ahora tiene la capacidad de congelar los activos de cualquier institución financiera estadounidense que se descubra involucrada con estos grupos. Esta medida no solo afecta directamente a las finanzas de los cárteles, sino que también podría facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, presionando a otros países a tomar acciones similares.
La decisión de Trump ha generado reacciones mixtas. Algunos expertos y funcionarios de seguridad nacional apoyan la medida, argumentando que es necesaria para enfrentar la creciente amenaza del narcotráfico y su impacto en la salud pública, especialmente en relación con la crisis de los opioides. Sin embargo, los críticos advierten que esta designación podría llevar a abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente si se utiliza como pretexto para intervenciones militares en otros países.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas también podría afectar las relaciones diplomáticas, especialmente con México. El gobierno mexicano ha expresado su preocupación por esta medida, argumentando que podría violar su soberanía y complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Además, existe el temor de que esta designación pueda aumentar la violencia en la región, ya que los cárteles podrían responder con ataques más organizados contra intereses estadounidenses.
Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con el objetivo de revertir las políticas de inclusión de género implementadas por administraciones anteriores. La orden establece que el gobierno federal solo reconocerá dos sexos: masculino y femenino. Esto implica que los documentos oficiales, como pasaportes y registros de la seguridad social, deberán reflejar el sexo asignado al nacer.
La medida ha sido vista como un ataque directo a la comunidad LGBTQ+, especialmente a las personas transgénero y no binarias. Activistas y defensores de los derechos LGBTQ+ han alertado sobre el potencial aumento de la discriminación y la violencia como resultado de esta orden. Además, la eliminación de la identidad de género en documentos oficiales podría dificultar el acceso a servicios y derechos básicos para las personas trans.
Desde un punto de vista legal, la orden podría enfrentar desafíos significativos. Organizaciones como Lambda Legal han anunciado que explorarán todas las vías legales para proteger a la población vulnerable. Socialmente, la medida podría polarizar aún más a la sociedad estadounidense, exacerbando las tensiones entre aquellos que apoyan los derechos LGBTQ+ y aquellos que defienden las políticas tradicionales de género.
La decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar al país del Acuerdo de París ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, es un tratado internacional que busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C por encima de los niveles preindustriales, con esfuerzos para limitarlo a 1.5°C.
Trump argumenta que el acuerdo impone cargas económicas injustas a Estados Unidos, afectando negativamente a las empresas y los trabajadores estadounidenses. Según Trump, la retirada es necesaria para proteger la economía nacional y priorizar los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Esta medida refleja la visión de Trump de que las regulaciones ambientales internacionales perjudican la competitividad económica del país.
Trump ha enfatizado que el Acuerdo de París perjudica a la economía estadounidense al imponer regulaciones estrictas que limitan la producción de energía fósil. Al retirarse del acuerdo, Trump busca impulsar la producción de petróleo, gas natural y carbón, con la esperanza de reducir los costos de energía y crear empleos en el sector energético. Además, ha declarado una “emergencia energética nacional” para justificar la necesidad de aumentar la producción de energía fósil.
En un movimiento que ha reavivado el debate internacional sobre la relación de Estados Unidos con los organismos multilaterales, el presidente Donald Trump ha firmado nuevamente una orden ejecutiva para retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión, anunciada desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, ha generado una oleada de críticas y reacciones, tanto dentro como fuera del país, por las implicaciones políticas, económicas y sanitarias que conlleva.
Durante su primer mandato, en 2020, Trump firmó una medida similar como respuesta a lo que consideró una mala gestión de la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, Trump justificó su decisión criticando lo que considera un desbalance en las contribuciones económicas de los Estados miembros.
“China estaba pagando 39 millones de dólares. Nosotros pagábamos 500 millones. Me parecía un poco injusto”, señaló, en referencia a las aportaciones anuales realizadas por los dos países a la organización. El presidente también acusó a la OMS de estar demasiado influenciada por China, lo que, según él, ha comprometido la eficacia y la imparcialidad del organismo.
La decisión de Estados Unidos de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría tener consecuencias significativas para los esfuerzos globales en la lucha contra las crisis sanitarias. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los principales financiadores de la OMS, contribuyendo con aproximadamente el 15% de su presupuesto total. Estos recursos han sido cruciales para iniciativas como la erradicación de enfermedades, la distribución de vacunas y la coordinación de respuestas rápidas ante brotes epidémicos.
Expertos en salud global expresan su preocupación de que esta desvinculación podría debilitar considerablemente la capacidad de la OMS para cumplir con su misión, especialmente en países en desarrollo que dependen de la asistencia técnica y financiera del organismo. Además, esta medida podría socavar la credibilidad de Estados Unidos como líder en temas de salud pública y cooperación internacional.
La ciudadanía por nacimiento, también conocida como “jus soli” (derecho del suelo), está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son automáticamente ciudadanos del país. Sin embargo, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca modificar esta interpretación, negando la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump enfrenta desafíos legales significativos. La Decimocuarta Enmienda ha sido una piedra angular del derecho constitucional estadounidense desde su adopción en 1868. Para cambiar esta enmienda, sería necesario un proceso legislativo complejo que incluye la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por tres cuartas partes de los estados. Además, varios fiscales estatales y organizaciones de derechos civiles ya han presentado demandas para bloquear la implementación de la orden.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento afectaría profundamente a los hijos de inmigrantes indocumentados. Estos niños no serían reconocidos como ciudadanos estadounidenses, lo que les impediría acceder a derechos y servicios básicos, como la educación, la atención médica y el empleo legal. Además, podrían enfrentar dificultades para obtener documentos de identidad y participar plenamente en la sociedad estadounidense.
La política de control de fronteras de Donald Trump ha sido una de las más destacadas y controvertidas de su administración. La orden ejecutiva titulada “Asegurar nuestras fronteras” tiene como propósito poner fin a lo que Trump describe como una “invasión” de inmigrantes ilegales.
Una de las medidas más emblemáticas de la orden ejecutiva es la continuación y expansión de la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Hasta la fecha, se han construido aproximadamente 1,488 kilómetros de muro, con tramos que varían en su diseño y funcionalidad. La nueva orden busca establecer barreras físicas adicionales y mejorar las existentes con tecnología avanzada y personal adecuado.
Trump ha ordenado el despliegue de tropas militares en la frontera para reforzar la seguridad y apoyar a las autoridades de inmigración. Esta medida se justifica bajo la declaración de una emergencia nacional en la zona fronteriza, lo que permite la movilización de recursos militares para enfrentar lo que se considera una crisis de seguridad.
También conocido como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), este programa exige que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se procesan sus solicitudes. La reinstalación de este programa busca reducir el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos mientras esperan una decisión sobre su estatus.
La orden ejecutiva de Donald Trump para restaurar la libertad de expresión y evitar la censura gubernamental es una medida que busca garantizar que los ciudadanos estadounidenses puedan expresar sus opiniones sin interferencia del gobierno. Firmada poco después de asumir su segundo mandato como presidente, esta orden tiene varios objetivos clave y posibles implicaciones.
La orden ejecutiva prohíbe a los funcionarios del gobierno federal coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de cualquier ciudadano estadounidense. Además, instruye al secretario de Justicia a investigar cómo las acciones del gobierno federal durante la administración anterior podrían haber infringido la libertad de expresión y a proponer acciones correctivas basadas en los hallazgos.
La medida tiene varios objetivos clave:
Proteger la libertad de expresión: La orden busca asegurar que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones libremente, sin temor a represalias gubernamentales.
Evitar la censura en Redes Sociales: Trump ha acusado al gobierno anterior de presionar a las compañías de redes sociales para que eliminen publicaciones bajo el pretexto de combatir la desinformación. La orden ejecutiva prohíbe este tipo de censura gubernamental.
Investigar y corregir abusos pasados: La orden instruye al secretario de Justicia a investigar posibles abusos de la libertad de expresión durante la administración anterior y a proponer medidas correctivas.
La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es una de las iniciativas más ambiciosas de Donald Trump en su segundo mandato. Anunciado en noviembre de 2024 y oficialmente establecido el 20 de enero de 2025, este departamento tiene como objetivo reestructurar el gobierno federal para reducir los gastos y aumentar la eficiencia.
El DOGE no es un organismo ejecutivo federal, sino una comisión asesora presidencial. Su objetivo principal es eliminar la burocracia innecesaria, reducir el exceso de regulaciones y recortar los gastos superfluos. Esta iniciativa refleja el compromiso de Trump con la reforma administrativa y la eficiencia gubernamental.
El DOGE está dirigido por Elon Musk, el magnate multimillonario y propietario de Tesla y SpaceX. Musk ha sido un firme defensor de la eficiencia y la innovación, y su liderazgo en este departamento refleja su compromiso con la reforma administrativa. Inicialmente, Vivek Ramaswamy iba a co-liderar el departamento con Musk, pero se retiró para postularse como gobernador de Ohio. El DOGE tiene su sede en la Casa Blanca y cuenta con aproximadamente 20 empleados.
Trump ha comparado las reformas del DOGE con el “Proyecto Manhattan” de su administración, destacando la magnitud y la importancia de esta iniciativa. El trabajo del DOGE está programado para concluir el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Durante este período, el departamento se centrará en identificar y eliminar la burocracia innecesaria, reducir los gastos del gobierno y mejorar la eficiencia administrativa.
La designación de Alaska como una Reserva Energética Nacional por parte de Donald Trump es una medida que busca aprovechar los vastos recursos naturales del estado para impulsar la producción de energía y fortalecer la economía nacional. Firmada bajo una “emergencia energética nacional”, esta orden ejecutiva tiene como objetivo desbloquear los recursos energéticos de Alaska y posicionar al estado como un actor clave en la estrategia energética de Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump otorga autoridad para potenciar la producción de petróleo y gas en el país, incluyendo la apertura de nuevas perforaciones en Alaska. Esta medida se justifica bajo la premisa de una “emergencia energética nacional” y busca desbloquear los recursos energéticos del estado, que se consideran en gran parte sin explotar.
La orden ejecutiva incluye varias acciones clave:
Apertura de nuevas perforaciones: La orden permite la apertura de nuevas perforaciones de petróleo y gas en áreas previamente restringidas, incluyendo el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y la Reserva Nacional de Petróleo-Alaska. Estas áreas son ricas en recursos naturales, pero también son ambientalmente sensibles y hogar de diversas especies de vida silvestre.
Eliminación de restricciones: La orden busca anular los límites impuestos por la administración anterior a las prospecciones en estas áreas, permitiendo una mayor explotación de los recursos naturales. Esto incluye la reversión de restricciones a la tala y construcción de carreteras en bosques lluviosos templados que ofrecen hábitat para lobos, osos y salmones.
Creación de empleos: La medida también tiene como objetivo crear empleos en la región, impulsando la economía local y nacional. La explotación de los recursos energéticos de Alaska se espera que genere miles de empleos en la industria del petróleo y gas, así como en sectores relacionados.
El indulto otorgado por Donald Trump a los acusados del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 es una medida que ha generado una gran controversia. Firmada el 20 de enero de 2025, esta orden ejecutiva concede clemencia a más de 1,600 personas involucradas en el asalto, incluyendo a individuos acusados de delitos graves como agresión a agentes de policía y conspiración sediciosa.
La orden ejecutiva de Trump incluye a individuos acusados de delitos graves y a miembros de grupos de extrema derecha como los Proud Boys y la milicia Oath Keepers. Esta medida ha sido vista como un intento de cerrar un capítulo controvertido de su administración, pero también ha generado un intenso debate sobre la justicia y la rendición de cuentas.
Trump emitió tres tipos de indultos:
Indultos formales: Estos se otorgaron a aquellos condenados por delitos relacionados con el 6 de enero, abarcando desde delitos menores como allanamiento y alteración del orden público hasta delitos graves como agresión a agentes de policía y conspiración sediciosa.
Conmutaciones de sentencias: Para 14 miembros de los Proud Boys y Oath Keepers, cuyas sentencias se redujeron al tiempo ya cumplido.
Desestimación de acusaciones pendientes: Trump ordenó al Departamento de Justicia que desestimara todas las acusaciones penales pendientes contra los acusados del 6 de enero.
La orden ejecutiva de Donald Trump destinada a responsabilizar a ex funcionarios por la divulgación ilícita de información confidencial es una medida que busca reforzar la seguridad nacional y proteger la información sensible del gobierno.
Trump firmó esta orden ejecutiva con el objetivo de prevenir y sancionar la divulgación no autorizada de información clasificada por parte de ex funcionarios del gobierno. La orden establece que cualquier ex funcionario que haya tenido acceso a información confidencial y la haya divulgado sin autorización será sujeto a investigaciones y posibles sanciones legales.
La medida tiene varios objetivos clave:
Proteger la Seguridad Nacional: La orden busca garantizar que la información clasificada y sensible no sea divulgada de manera que pueda comprometer la seguridad nacional.
Disuadir la filtración de información: Al establecer sanciones claras para la divulgación no autorizada, la orden pretende disuadir a los ex funcionarios de filtrar información confidencial.
Responsabilizar a los infractores: La orden instruye al Departamento de Justicia a investigar y procesar a aquellos ex funcionarios que hayan divulgado información clasificada sin autorización.
Trump argumenta que estas acciones son necesarias para restaurar el “sentido común” y poner a Estados Unidos «primero». Las medidas derogadas incluyen políticas medioambientales, de inmigración, equidad racial y de género, y teletrabajo para funcionarios federales.
Políticas medioambientales: Trump anuló varias regulaciones medioambientales que, según él, encarecían los alimentos y combustibles. Esto incluye la eliminación de normativas que limitaban la producción de energía fósil y la tala de bosques.
Políticas de inmigración: Entre las medidas derogadas se encuentran políticas que facilitaban el asilo y la inmigración legal. Trump reinstaló políticas más estrictas, como la política de “Remain in Mexico” y la clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.
Equidad racial y de género: Trump revocó decretos que promovían la equidad racial y la inclusión de género. Esto incluye la eliminación de políticas que abogaban por prevenir y combatir la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual.
Teletrabajo para funcionarios federales: Trump ordenó el fin del teletrabajo para los funcionarios federales, exigiendo que todos los empleados regresen a sus oficinas a tiempo completo. Esta medida busca mejorar la productividad y reducir costos administrativos.
Desde un punto de vista legal, algunas de las medidas derogadas podrían enfrentar desafíos en los tribunales, especialmente aquellas relacionadas con la equidad racial y de género. Las políticas que promueven la inclusión y combaten la discriminación están respaldadas por una sólida base legal y constitucional. La revocación de estos decretos podría ser vista como una violación de los derechos civiles y podría ser impugnada en los tribunales.
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