Universidad Cornell: qué se sabe de la demanda y el caso Chi Phi

La Universidad Cornell vuelve a estar bajo escrutinio por un caso de agresión sexual denunciado en 2024, después de que una exestudiante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentara una demanda civil contra la institución, la fraternidad Chi Phi y siete de sus integrantes. La demanda sostiene que la joven, entonces de 20 años, fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas en la casa de la fraternidad.

El caso, que inicialmente no derivó en cargos penales, fue reabierto en septiembre de 2026 por la Fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York. La decisión se produjo después de la presentación de la demanda y de que nuevos detalles del caso, incluidos mensajes de un chat de la fraternidad y una transcripción de la entrevista de la denunciante con la policía universitaria, comenzaran a hacerse públicos.

La investigación vuelve ahora a una etapa en la que las autoridades deberán revisar la evidencia disponible y determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos. Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas ha sido acusada penalmente por estos hechos.

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¿Qué ocurrió en la Universidad Cornell?

Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2024, cuando Jane Doe acudió a la casa de la fraternidad Chi Phi, vinculada a Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Según la demanda civil presentada este mes, la joven había consumido alcohol y posteriormente fue presionada para consumir sustancias, incluida ketamina. La denuncia sostiene que, debido a su estado de intoxicación, quedó incapacitada para consentir y que posteriormente fue agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad.

Asimismo, la versión presentada en la demanda de 2026 incorpora conversaciones de un grupo de Snapchat de miembros de la fraternidad que, según los documentos judiciales, ocurrieron durante la noche de los hechos. Esos mensajes forman parte de la evidencia que ahora vuelve a ser examinada por las autoridades.

¿Qué dijo Jane Doe a la policía en 2024?

Uno de los elementos centrales del caso es la declaración que Jane Doe entregó a la Policía de la Universidad Cornell en noviembre de 2024, varias semanas después del incidente.

El medio estadounidense ABC News obtuvo una copia de esa declaración jurada. En ella, la entonces estudiante describió diferentes encuentros sexuales y señaló situaciones que, según su relato, le resultaron incómodas y coercitivas. La declaración utilizada inicialmente por la Fiscalía fue diferente en algunos aspectos de la versión presentada posteriormente en la demanda civil.

De igual forma, CBS News informó posteriormente que obtuvo la transcripción de una entrevista realizada por la policía universitaria a Jane Doe. De acuerdo con esa transcripción, durante la entrevista la joven afirmó que se sentía completamente incapacitada y describió lo ocurrido posteriormente como una violación.

Este punto adquirió especial relevancia después de que el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, declarara que no había visto esa transcripción antes de tomar la decisión inicial de no presentar cargos. El fiscal indicó que buscaría obtenerla y revisarla.

¿Por qué el caso no tuvo cargos penales en 2024?

Después de la investigación inicial, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió no presentar cargos contra los señalados.

Van Houten ha explicado que su decisión se basó en la evidencia disponible en ese momento y, particularmente, en la declaración que Jane Doe había entregado a la policía. Según el fiscal, esa declaración no establecía entonces los elementos necesarios para demostrar, bajo la legislación aplicable, que se había producido una agresión sexual penalmente perseguible.

Ahora bien, la reapertura no significa que las autoridades hayan determinado que hubo un delito. La Fiscalía ha dicho que pretende revisar nuevamente la evidencia y llevar el caso ante un gran jurado, que podría evaluar si existen fundamentos para avanzar con cargos penales.

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¿Qué hizo Cornell después de la denuncia?

Cornell sostiene que realizó su propia investigación, separada del proceso penal. De acuerdo con la universidad, después de la denuncia se abrió una investigación bajo el proceso de Title IX, la normativa federal estadounidense relacionada con la discriminación sexual y la respuesta institucional ante determinados casos de violencia y acoso sexual.

Cornell afirma que el procedimiento se extendió durante varios meses y que posteriormente un panel de profesores y empleados capacitados escuchó las pruebas presentadas por las partes. La universidad señala que se impusieron diferentes sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones.

También, la institución confirmó que la sección de Chi Phi involucrada en el caso fue cerrada en 2024 y continúa vetada del campus. Cornell ha rechazado la afirmación de que los estudiantes señalados recibieran únicamente como castigo la elaboración de ensayos.

¿Qué cambió en septiembre de 2026?

El caso volvió a cobrar relevancia casi dos años después de los hechos, cuando Jane Doe presentó una demanda civil contra Cornell, Chi Phi y siete hombres a los que señala como responsables de la agresión.

La demanda no solo describe nuevamente lo ocurrido, sino que cuestiona la respuesta de la universidad y las autoridades después de que la estudiante reportara el incidente. Entre los elementos incorporados al expediente figuran capturas de conversaciones de Snapchat entre integrantes de la fraternidad.

A partir de la nueva información y de la atención pública generada por la demanda, el fiscal Van Houten anunció el 28 de septiembre que su oficina reabriría la investigación criminal. La Fiscalía dijo que asignaría el caso a un fiscal con experiencia en delitos sexuales y que contempla presentar la evidencia ante un gran jurado.

Cornell enfrentará una revisión independiente

Más allá de la reapertura de la investigación penal, Cornell acordó someter su actuación a una revisión independiente.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión externa sobre la manera en que la universidad manejó las acusaciones. El 30 de septiembre informó que la universidad había aceptado iniciar ese proceso con asesoría externa.

Con esta revisión busca examinar la respuesta institucional al caso y las medidas adoptadas para proteger a los estudiantes. Esto ocurre mientras la universidad defiende que realizó una investigación formal y aplicó sanciones, pero reconoce que el caso plantea preguntas sobre qué más puede aprenderse y qué medidas podrían adoptarse para reducir el riesgo de nuevos incidentes.

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