Nayib Bukele compra más de 1,000 bitcoins por US$ 100 millones

El Salvador vuelve a acaparar titulares tras una de sus decisiones económicas más controvertidas. El Gobierno compró más de 1.000 bitcoins por un monto cercano a 100 millones de dólares, según informó la Oficina Bitcóin. Esta entidad gubernamental fue creada para supervisar las operaciones estatales con criptomonedas.

Un mandatario ofrece un discurso frente a micrófonos, con banderas de El Salvador y un gran símbolo de bitcóin superpuesto al fondo.

Jhojhanni Fiorini

DIGITAL EDITOR

18.11.2025 14:50

Con esta adquisición, las reservas nacionales superan las 7,400 unidades, una cifra que refuerza la estrategia del presidente Nayib Bukele de mantener al país como un laboratorio global de adopción cripto.

“¡Te lo dije! ¡El Salvador está ganando!”, celebró la Oficina Bitcóin en X. Bukele compartió el mensaje poco después, en una nueva muestra de su respaldo al proyecto. El anuncio llega en un momento de fuerte volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Esto vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad de la política cripto del Gobierno.

Reservas en ascenso: cómo se ejecutó la millonaria compra

Según datos del portal oficial bitcoin.gob.sv, la inversión se realizó en tres transacciones. Dos de ellas fueron compras de 500 BTC y la tercera sumó 90 BTC. Con estas operaciones, las reservas del Gobierno alcanzan 7,474.37 BTC, equivalentes a más de 672 millones de dólares al precio actual.

Las autoridades consideran que esta estrategia de acumulación forma parte de un plan de largo plazo. Esperan que el bitcóin se revalorice de manera significativa en los próximos años. Bukele ha defendido este enfoque, al que describe como una forma de reducir la dependencia del dólar y atraer inversión extranjera vinculada a innovación y tecnología financiera.

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Del entusiasmo inicial al giro legislativo tras el acuerdo con el FMI

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. La medida fue celebrada por la comunidad cripto. Representaba, según el Gobierno, un paso hacia la modernización del sistema financiero y una herramienta para fomentar la inclusión digital. También buscaba posicionar al país como referente tecnológico.

Con el tiempo, el entusiasmo inicial se moderó. Diversos organismos internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtieron sobre los riesgos fiscales y financieros de esta apuesta. Las tensiones influyeron en las negociaciones de financiamiento entre el país y el organismo. Finalmente, ambas partes acordaron un paquete de 1,400 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, la Asamblea Legislativa retiró al bitcóin su estatus de moneda de curso legal. También eliminó su aceptación obligatoria en comercios y redujo el papel del Estado en los intercambios. Para muchos analistas, la decisión fue una concesión necesaria para asegurar el financiamiento. También representó un giro moderado ante el complejo panorama económico.

Pese a ello, el Gobierno continúa comprando BTC. Lo hace incluso cuando una de las condiciones del FMI fue evitar el uso de fondos públicos para estas operaciones. Esta dualidad (ajustes normativos por un lado y compras constantes por el otro) ha generado críticas. Algunos expertos señalan que la estrategia carece de transparencia y coherencia.

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Volatilidad del mercado: un contexto desafiante para la nueva inversión

La nueva compra llega en un momento complicado para el mercado cripto. En pocas semanas, el bitcóin cayó cerca del 19 %. Esto ocurrió después de que alcanzara un máximo histórico de 126,251 dólares el 6 de octubre. Desde ese pico, la criptomoneda acumula un retroceso de más del 27 % y hoy se sitúa alrededor de 91,300 dólares.

Durante meses, el BTC se mantuvo por encima de los 100,000 dólares. La fuerte corrección reciente, sin embargo, encendió señales de alerta entre los inversores. Esta volatilidad (propia del sector cripto) es una de las razones por las que varios organismos internacionales cuestionan la exposición financiera del país.

Para el Gobierno salvadoreño, la caída representa una oportunidad. Consideran que es el momento de comprar a un precio más bajo, con la expectativa de obtener beneficios a futuro. Esta visión, más cercana a la lógica de un trader que a la de un Estado tradicional, sigue generando debate dentro y fuera del país.

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