Bancas de lotería en RD: ¿qué cambiaría con la nueva ley?

La regulación de las bancas de lotería en República Dominicana entra en una nueva etapa con el proyecto de ley general de juegos de azar que ya concluyó su trámite en el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo para su conocimiento y eventual promulgación. La iniciativa introduce cambios en la duración de las licencias, las distancias entre establecimientos, el régimen tributario y las condiciones relacionadas con los trabajadores.

Aunque la propuesta busca establecer por primera vez un marco general para las distintas modalidades de juegos de azar, algunas de las modificaciones realizadas durante su paso por las cámaras legislativas han generado cuestionamientos.

Entre los puntos que han provocado mayor debate están la ampliación de las licencias para operar bancas de lotería y la eliminación de disposiciones que vinculaban el incumplimiento de determinadas obligaciones laborales con la posibilidad de perder la autorización para operar.

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¿Qué cambia para las bancas de lotería?

Uno de los principales cambios está relacionado con la vigencia de las licencias. La versión aprobada inicialmente por el Senado contemplaba que las licencias para las bancas de lotería tuvieran una duración de dos años.

Con las modificaciones introducidas posteriormente, ese período se elevó a cinco años, contados a partir de la fecha de emisión de la licencia. El cambio extiende considerablemente el período durante el cual una banca puede operar bajo una misma autorización.

También, la iniciativa establece períodos de vigencia más amplios para otros negocios vinculados con los juegos de azar. Las licencias de los casinos pasarían de cinco a 10 años, mientras que igual período se contempla para las salas de máquinas tragamonedas en casinos, las salas de tragamonedas y los juegos de azar por internet.

El proyecto, contempla que después de publicarse el registro de licenciatarios no se otorgarán nuevas licencias para establecimientos de juegos de azar durante 10 años, salvo excepciones para casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.

El punto más polémico: las protecciones laborales

Uno de los cambios que más cuestionamientos ha generado está relacionado con los empleados de las bancas y otros establecimientos de juegos de azar.

La versión anterior del proyecto contemplaba como causas para cancelar o revocar una licencia situaciones como no inscribir a los trabajadores en la Seguridad Social, incumplir con el pago de las cotizaciones correspondientes, no registrarlos ante la Tesorería de la Seguridad Social o el Infotep, mantener condiciones laborales inadecuadas o incumplir disposiciones del Código de Trabajo.

Esos numerales fueron eliminados en las modificaciones realizadas a la pieza. Pero esto no significa que los trabajadores queden fuera del Código de Trabajo o de la legislación de seguridad social. El punto de la controversia es distinto: esas obligaciones dejaron de figurar entre las causales específicas que podrían provocar la cancelación o revocación de una licencia de operación.

Es más, la diferencia es relevante porque modifica el vínculo entre el cumplimiento de determinadas obligaciones laborales y la autorización administrativa para mantener abierta una banca.

¿Por qué algunos senadores cuestionaron los cambios?

Durante la discusión de la iniciativa, varios senadores expresaron preocupación por las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.

La senadora Ginnette Bournigal cuestionó que se redujera la distancia entre las bancas y que, al mismo tiempo, se eliminaran disposiciones relacionadas con la seguridad social de los trabajadores. Sostuvo que el proyecto debía estudiarse con mayor detenimiento.

A la vez, el senador Antonio Taveras manifestó reparos respecto a la eliminación de la posibilidad de revocar una licencia cuando una banca no cumpliera con la obligación de incorporar a sus empleados a la Seguridad Social. Durante su intervención, describió condiciones laborales que, según su planteamiento, afectan a trabajadores del sector. Estas afirmaciones corresponden a su posición expresada durante el debate legislativo.

Los cuestionamientos alcanzaron otros aspectos de la regulación, como la publicidad de los juegos de azar, la ludopatía y las distancias mínimas entre establecimientos.

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Bancas de lotería: ¿a qué distancia podrán estar?

Otro cambio importante está relacionado con la ubicación de estos establecimientos.

La Cámara de Diputados fijó en 200 metros lineales la distancia mínima entre bancas de lotería. En cambio, para las bancas deportivas, se establece una separación de 500 metros lineales a la redonda. Esa misma distancia se contempla entre agencias hípicas y entre bancas deportivas y agencias hípicas.

Asimismo, la propuesta contempla una excepción para determinadas bancas deportivas que, por un caso fortuito o fuerza mayor, no puedan continuar operando en su ubicación original. En esos casos podrían ser autorizadas a trasladarse hasta 125 metros lineales del lugar donde funcionaban.

Menor carga tributaria para las bancas

Ahora bien, los cambios tienen un componente fiscal. En el caso de las loterías electrónicas, el proyecto establece un impuesto mensual sobre las ventas brutas de los sorteos no acumulativos. La tasa contemplada en la versión modificada se redujo de 5% a 2.5%.

Se modificó el impuesto único anual para las bancas de lotería. El Poder Ejecutivo había planteado un monto de RD$120,000, pero durante la discusión legislativa fue reducido a RD$85,000, una diferencia de RD$35,000 al año por banca.

Estos cambios se suman a las modificaciones sobre las licencias y las distancias, por lo que la nueva regulación no solo redefine las condiciones de operación del sector, sino también algunos de sus costos fiscales.

¿Qué propone la nueva ley para regular los juegos de azar?

Más allá de las controversias, la iniciativa busca crear un marco general para regular las distintas modalidades de juegos de azar en el país.

Uno de los principales cambios institucionales es la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que tendría funciones de regulación, supervisión y aplicación de sanciones. El proyecto clasifica las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden incluir multas y suspensión temporal de operaciones por incumplimientos relacionados con licencias, publicidad, distancias, controles, reportes, juegos ilegales y medidas de prevención del lavado de activos.

La pieza contempla restricciones para menores de edad y otras personas en determinadas condiciones, y de disposiciones para regular los juegos de azar por internet.

Más de 71,000 bancas registradas en República Dominicana

El tamaño del sector ayuda a dimensionar el alcance de la nueva legislación. De acuerdo con datos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas.

La cifra convierte cualquier modificación regulatoria en un asunto con implicaciones económicas y laborales importantes, debido al número de establecimientos involucrados y a las personas que dependen de su operación.

Además, el Gobierno, había reactivado en abril de 2026 el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores de juegos de azar. El Decreto 197-26 estableció medidas para continuar con la depuración, validación y formalización del sector, incluyendo una mayor participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la verificación del cumplimiento tributario.

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El proyecto ya salió del Congreso: ¿qué sigue?

El proyecto de ley concluyó su trámite en el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo para su conocimiento y eventual promulgación. Por tanto, los cambios descritos corresponden al texto aprobado por los legisladores y no deben confundirse con una ley ya promulgada y vigente.

La discusión que acompañó su aprobación muestra que la futura regulación tendrá que equilibrar varios intereses: ordenar la expansión de las bancas, establecer controles para los juegos de azar, proteger a los trabajadores, definir reglas tributarias y establecer límites para la instalación de establecimientos.

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