Brasil prohibió las apuestas en línea: ¿qué países seguirán?

La medida, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, plantea una interrogante para los gobiernos de la región: ¿la restricción total es una respuesta efectiva a los riesgos económicos y sociales de esta industria o podría terminar fortaleciendo el mercado ilegal?

Aunque el caso brasileño podría influir en las políticas de otros países, el panorama regional apunta a caminos diferentes.

México, Argentina, Colombia, Chile y Perú mantienen marcos legales particulares, con distintas exigencias para los operadores y diferentes niveles de supervisión estatal.

El debate enfrenta dos prioridades: proteger a los consumidores frente al endeudamiento y la adicción al juego, y evitar que una prohibición generalizada desplace la actividad hacia plataformas que operan al margen de la ley.

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Brasil marca un precedente, pero la prohibición no garantiza el control del mercado

La decisión brasileña se produjo en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las apuestas en las finanzas de los hogares.

Según el análisis publicado por Bloomberg Línea el 9 de octubre de 2026, el Gobierno solicitó el bloqueo de 5,209 sitios web ilegales de apuestas y más de 2,000 perfiles en redes sociales después de anunciar la prohibición.

El alcance de la medida evidencia la dimensión del desafío regulatorio. Las apuestas digitales pueden realizarse desde teléfonos celulares y mediante plataformas alojadas fuera del territorio nacional, lo que dificulta la aplicación de restricciones y el seguimiento de las transacciones.

Uno de los argumentos centrales de la industria es que prohibir una actividad no elimina necesariamente la demanda.

Por el contrario, parte de los usuarios podría trasladarse a operadores sin licencia, donde las autoridades tienen menos herramientas para supervisar las operaciones y proteger a los jugadores.

Violeta Miano, vocera para América Latina de Kaizen Gaming, propietaria de Betano, sostuvo ante Bloomberg Línea que una regulación sólida ofrece mejores mecanismos de supervisión que una prohibición.

Se trata de la posición de una empresa con intereses comerciales en el sector, por lo que sus argumentos deben evaluarse junto con los objetivos de protección social de los gobiernos.

El caso brasileño también tiene implicaciones económicas. Las apuestas legales generan ingresos fiscales y comerciales, además de vínculos con clubes deportivos, medios de comunicación, empresas tecnológicas y compañías de marketing.

Una suspensión generalizada podría afectar esos ingresos, aunque el alcance final dependerá de cómo evolucione la aplicación de la medida.

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México, Argentina y Chile: tres escenarios regulatorios diferentes

México cuenta con un sistema que permite determinadas actividades de apuestas bajo autorización estatal. Su marco legal se apoya en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, una normativa que data de 1947 y que, según especialistas consultados por Bloomberg Línea, necesita adaptarse a la expansión de las plataformas digitales.

En este escenario, el debate no se limita a prohibir o permitir las apuestas. También comprende la actualización de las reglas, la publicidad digital y el cierre de sitios no autorizados. Una reforma podría fortalecer la supervisión sin reproducir necesariamente el modelo brasileño.

Argentina presenta otro desafío: la regulación está fragmentada entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta estructura permite diferencias territoriales en las autorizaciones, mientras que internet facilita el acceso a plataformas que operan más allá de esas jurisdicciones.

La coordinación entre autoridades aparece como una condición esencial para combatir a los operadores ilegales, controlar la publicidad y reforzar la protección de menores.

Una prohibición nacional, además, tendría que resolver cómo interactuaría con las competencias regulatorias provinciales.

Chile, por su parte, se encuentra ante una discusión de mayor alcance. La legislación no establece una habilitación general para las casas privadas de apuestas deportivas en línea, mientras el país debate un modelo de mercado regulado mediante licencias, supervisión especializada y medidas de juego responsable.

La situación chilena demuestra que el endurecimiento regulatorio no conduce necesariamente a una prohibición absoluta. También puede traducirse en la creación de reglas más claras para determinar quién puede operar y bajo qué condiciones.

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Colombia y Perú apuestan por la regulación: ¿qué riesgos están en juego?

Colombia y Perú representan dos casos relevantes para evaluar las alternativas al modelo brasileño. En Colombia, las apuestas deportivas por internet son legales bajo autorización estatal, con Coljuegos como entidad encargada de otorgar los permisos correspondientes.

En Perú, la actividad también está permitida mediante autorización, bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Estos sistemas muestran que la existencia de un mercado legal no elimina todos los riesgos, pero permite establecer obligaciones para los operadores.

Entre ellas figuran los controles sobre las transacciones, la identificación de los usuarios y las medidas destinadas a prevenir comportamientos de juego problemático.

Según los argumentos expuestos por Kaizen Gaming, una prohibición puede debilitar mecanismos como la verificación de identidad, los límites de depósito y la autoexclusión. Sin embargo, la efectividad de esas herramientas depende de su aplicación y de la capacidad de los reguladores para fiscalizar a las empresas autorizadas.

También está en juego la recaudación pública. Cuando los usuarios recurren a operadores ilegales, el Estado puede perder ingresos tributarios y capacidad para supervisar los movimientos de dinero.

Al mismo tiempo, los clubes deportivos y otras empresas vinculadas pueden verse afectados por la reducción del patrocinio comercial.

El debate, por tanto, no debería reducirse a escoger entre una industria sin restricciones y una prohibición total. La cuestión central es qué combinación de controles, sanciones y políticas de prevención puede reducir los daños asociados al juego.

Brasil abre un precedente, pero no determina por sí solo el futuro de las apuestas en América Latina. México, Argentina, Chile, Colombia y Perú parten de realidades legales diferentes.

La decisión de endurecer sus políticas dependerá de cómo cada Gobierno equilibre la protección de los hogares, la persecución del mercado ilegal y los costos económicos de restringir una actividad que ya forma parte del ecosistema digital regional.

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