Meta irá a juicio masivo en EE. UU. por crear funciones adictivas que dañan la salud mental de menores
Meta enfrenta uno de los mayores procesos judiciales contra una plataforma digital por el presunto impacto de sus productos en la salud mental de niños y adolescentes.
Foto: Meta enfrenta una creciente disputa legal en Estados Unidos por las acusaciones de que algunas funciones de sus plataformas pueden fomentar un uso problemático y perjudicar a usuarios menores de edad.
La compañía, matriz de Instagram y Facebook, deberá responder ante un tribunal federal de Estados Unidos por acusaciones de haber diseñado deliberadamente determinadas funciones para fomentar un uso compulsivo entre los menores.
El proceso podría marcar un precedente para la industria tecnológica y redefinir los límites de responsabilidad de las redes sociales frente a sus usuarios más jóvenes.
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Meta enfrenta una ofensiva judicial por la adicción en redes sociales
La selección del jurado comenzó este miércoles en un tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco. Las audiencias están previstas para comenzar el 18 de agosto y extenderse durante aproximadamente seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto podría conocerse a principios de octubre.
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezarán el caso en representación de una treintena de estados que emprendieron acciones legales contra Meta en 2023.
La acusación sostiene que Instagram y Facebook incorporaron características destinadas a incrementar el tiempo de permanencia y la frecuencia de uso, incluso cuando sus responsables conocían los posibles efectos negativos sobre los menores.
El caso adquiere especial relevancia porque no se limita a cuestionar contenidos concretos publicados en las plataformas.
El foco está puesto en el diseño de los propios productos, una cuestión que podría tener consecuencias para otras compañías tecnológicas si los fiscales consiguen demostrar sus argumentos.
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Una posible sanción de hasta 1,4 billones de dólares
Además de solicitar cambios en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los usuarios menores de edad, los estados buscan imponer restricciones adicionales y sanciones económicas que podrían alcanzar 1,4 billones de dólares.
La cifra es extraordinaria y se aproxima al valor bursátil de Meta, cuya capitalización superó los 1,5 billones de dólares recientemente. Un fallo de esa magnitud tendría un impacto financiero considerable y podría obligar a la compañía a modificar de manera profunda sus estrategias dirigidas a adolescentes.
La batalla legal también pone bajo escrutinio el modelo de negocio basado en la atención. Las plataformas gratuitas dependen en gran medida de la participación de los usuarios para generar ingresos publicitarios, por lo que el tiempo que una persona permanece conectada tiene un valor económico directo.
En este contexto, la disputa judicial plantea una pregunta central: hasta qué punto una empresa puede diseñar mecanismos para maximizar la interacción cuando sus principales usuarios también pueden ser menores especialmente vulnerables a los patrones de uso compulsivo.
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Mark Zuckerberg, uno de los principales testigos
El proceso podría tener entre sus protagonistas al director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, quien figura entre los testigos que la acusación pretende llevar al estrado.
Zuckerberg ya declaró hace seis meses en otro procedimiento celebrado en un tribunal de Los Ángeles, en medio de una creciente presión judicial sobre las grandes plataformas tecnológicas por sus políticas relacionadas con menores.
Meta llega además al juicio después de recibir dos importantes golpes legales durante este año. En el primero, fue condenada a pagar 6 millones de dólares, junto con YouTube, a una adolescente de Los Ángeles. Posteriormente, el estado de Nuevo México impuso 1.000 millones de dólares en multas y reparaciones.
Estos antecedentes elevan la importancia del nuevo proceso. Sin embargo, el alcance potencial de este caso es mayor porque involucra a una coalición de estados y plantea directamente si las decisiones de diseño de las redes sociales pueden generar responsabilidad legal por sus efectos sobre la salud mental de los menores.
El resultado podría convertirse en un punto de inflexión para Meta y para toda la industria tecnológica. Si los fiscales logran establecer que las plataformas fueron concebidas para fomentar comportamientos adictivos entre menores, otras empresas podrían enfrentar demandas similares y verse obligadas a revisar sus productos, políticas de seguridad y mecanismos de recomendación.
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