Esta es la postura del CONEP sobre el Código de Trabajo
Tras la aprobación en primera lectura por parte del Senado del proyecto de modificación al Código de Trabajo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), fijó su postura en rechazo a la legislación que “lejos de modernizar nuestro marco normativo, representa un retroceso”.
En esencia, el CONEP sostiene que el proyecto “desconoce importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere”.
✅Aprobado en primera lectura, el Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo. Proponente: Poder Ejecutivo. pic.twitter.com/UQRIEyoUrP
— Senado de la República Dominicana (@SenadoRD) July 8, 2025
Particularmente, el sector empresarial dominicano considera que las disposiciones aprobadas “aumentan significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 98 % del tejido productivo nacional”.
Por otro lado, sostienen que se desincentiva la creación de empleos formales, “en un contexto en que la informalidad ya supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que atenta con los esfuerzos de formalizar las empresas”.
También, explican que se sobrecargan los procesos judiciales, se genera mayor incertidumbre jurídica y se debilita el clima de inversión que se necesita para atraer capital nacional y extranjero.
Así, el CONEP sostiene que la reforma “envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta grandes retos globales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro”.
Ante este panorama, el sector empresarial reiteró su llamado al Congreso Nacional y autoridades competentes para retomar el diálogo tripartito, “para construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las futuras generaciones”.
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Diálogo tripartito, el proceso para consensuar posturas
El proceso de reforma al Código de Trabajo ha sido un esfuerzo conjunto entre el gobierno, empleadores y trabajadores.
Este proceso busca actualizar la legislación laboral para adaptarla a las nuevas realidades del mercado de trabajo y fortalecer los derechos de los trabajadores, al tiempo que se promueve la competitividad empresarial
El diálogo tripartito comenzó formalmente en 2022, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Este proceso incluyó más de 100 sesiones de trabajo entre el Consejo Consultivo del Trabajo y la Mesa Técnica Jurídica, con la participación de representantes del gobierno, empleadores y trabajadores.
En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader presentó el proyecto de ley de modernización y actualización del Código de Trabajo al Congreso Nacional.
Entre las principales modificaciones propuestas destacan:
- La incorporación del teletrabajo.
- Ampliación de licencias laborales: licencia de maternidad de 12 a 14 semanas y se incrementa la licencia de paternidad de 2 a 4 días laborables. Además, se introduce un día adicional de vacaciones a partir del tercer año de servicio.
- Reconocimiento al trabajo doméstico.
- Jornadas extendidas de hasta 12 horas diarias, siempre que el promedio semanal no exceda las 44 horas.
A pesar de los avances, los actores que participan en el diálogo tripartito no han alcanzado acuerdo en temas torales como la cesantía y sus efectos en la competitividad empresarial.
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, ha señalado que tras la aprobación del proyecto, se abrirá un nuevo diálogo tripartito para abordar estos temas pendientes.
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Qué sigue si se aprueba el Código de Trabajo
Si el Senado de la República aprueba las modificaciones, la legislación pasará entonces a la Cámara de Diputados, que tendrá como fecha límite el 26 de julio para aprobarla.
En caso de que la cámara baja realice modificaciones, el texto legislativo deberá regresar al Senado para someterse de nueva cuenta a partir del 16 de agosto. De aprobarse, pasaría entonces al Poder Ejecutivo para su firma y promulgación.
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