La aprobación de una nueva ley minera en Venezuela marca un punto de inflexión en la forma en que el país busca gestionar uno de sus recursos más estratégicos. Tras años de predominio estatal, la posibilidad de incorporar inversión extranjera introduce un cambio relevante en el enfoque económico, al tiempo que abre una serie de interrogantes sobre cómo se implementará esta transformación en un entorno caracterizado por desafíos operativos, regulatorios y de seguridad.