Ciberseguridad en República Dominicana: retos y riesgos digitales

Solo en 2025 fueron registrados 535 millones de intentos de ciberataques en el país, de los cuales el 32 % estuvo relacionado con ingeniería social y phishing, según cifras expuestas por Zoraima Cuello, CEO de Luxor Consulting y miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE. Estos datos reflejan la dimensión de una amenaza que no se limita a los sistemas tecnológicos, sino que también puede comprometer la información, las operaciones y la confianza de los ciudadanos.

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Ante este panorama, fortalecer la ciberseguridad requiere una respuesta que combine infraestructura, preparación del personal, coordinación institucional e inversión. La capacidad de prevenir incidentes es importante, pero también lo es contar con los recursos necesarios para actuar cuando se produce una vulneración y restablecer los servicios sin comprometer la información.

La confianza como base

Para Edgar de Jesús Batista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), uno de los principales retos consiste en construir confianza en los servicios digitales. La expansión de estas plataformas facilita el acceso a trámites y mejora la prestación de servicios, pero también eleva las expectativas de los usuarios en materia de disponibilidad, asistencia y protección de sus datos.

El funcionario considera que la confianza no puede imponerse mediante disposiciones institucionales, sino que debe construirse de manera continua a través de resultados verificables. Esto implica fortalecer las infraestructuras, adoptar estándares internacionales y desarrollar capacidades de respaldo y recuperación que permitan responder ante posibles incidentes.

La tarea también exige reducir las diferencias entre las instituciones públicas. Mientras algunas cuentan con personal especializado, infraestructura y presupuestos para enfrentar las amenazas, otras necesitan mayor acompañamiento para alcanzar los niveles de protección requeridos. Desde la OGTIC, explica Batista, el objetivo es contribuir a una estrategia común que permita establecer estándares mínimos, supervisar su cumplimiento y fortalecer la madurez digital de las entidades estatales.

Esta coordinación resulta determinante para evitar que la seguridad de los servicios dependa exclusivamente de los recursos o conocimientos de cada institución. La confianza ciudadana también está vinculada con la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta oportuna cuando se presenta una incidencia.

De prevenir ataques a garantizar la continuidad

La ciberseguridad tampoco puede abordarse únicamente como una responsabilidad de los departamentos tecnológicos. Un incidente informático puede interrumpir las operaciones de una empresa, afectar la prestación de servicios esenciales y provocar pérdidas económicas, además de comprometer la reputación de una organización.

Por esta razón, la resiliencia digital adquiere una importancia creciente. No basta con levantar barreras para impedir los ataques, sino que es necesario preparar a las instituciones para detectar vulnerabilidades, contener incidentes, recuperar sus sistemas y mantener la continuidad de sus actividades.

Armando Manzueta, viceministro de Innovación y Tecnología del Ministerio de Administración Pública, advierte sobre la necesidad de prestar mayor atención al impacto de estas amenazas y dejar de considerar la ciberseguridad como un gasto secundario. Una configuración incorrecta, controles insuficientes o fallas en el diseño de los sistemas pueden traducirse en pérdidas millonarias para las organizaciones públicas y privadas.

Panel de expertos durante el Mercado Technology 2.0 Summit, con el tema “República Dominicana ante la nueva era de riesgo digital: resiliencia, coordinación y confianza”, frente a una audiencia. — Expertos analizan los desafíos de la ciberseguridad y la inteligencia artificial en República Dominicana.

Desde esta perspectiva, invertir en protección digital implica destinar recursos no solo a servidores, redes y herramientas de vigilancia, sino también a la capacitación del personal, la definición de protocolos y la implementación de mecanismos de respuesta. La preparación debe alcanzar tanto a los especialistas en tecnología como a los responsables de tomar decisiones dentro de las organizaciones.

Manzueta señala, además, que su despacho trabaja en el fortalecimiento de las competencias digitales de los servidores públicos, con la ciberseguridad como uno de los componentes centrales. Entre las iniciativas mencionadas figura una plataforma nacional de formación, junto con la elaboración de un marco de competencias digitales para orientar la preparación en el país, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Talento especializado, una pieza clave

La formación de profesionales capaces de responder a las amenazas digitales representa otro de los desafíos para el país. La velocidad con la que evolucionan la inteligencia artificial y las herramientas de ataque obliga a actualizar los conocimientos con frecuencia y a procurar que la preparación académica responda a las necesidades reales del mercado laboral.

Jimmy Rosario Bernard, rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), sostiene que cerrar la brecha de talento no consiste únicamente en formar una mayor cantidad de técnicos, sino en desarrollar las competencias adecuadas para responder a los riesgos actuales y futuros.

Como parte de ese esfuerzo, destaca la formación de jóvenes de distintas regiones del país en áreas como inteligencia artificial y ciberseguridad. Sin embargo, subraya que la preparación debe continuar después de la graduación, mediante actualizaciones constantes, certificaciones y ejercicios prácticos que acerquen a los profesionales a situaciones reales.

La experiencia práctica cobra especial relevancia en un entorno en el que las herramientas y los métodos de ataque cambian rápidamente. Para Rosario Bernard, la formación debe combinar tres acciones fundamentales: preparar nuevos talentos, actualizar los conocimientos de quienes ya trabajan en el sector y llevar esas capacidades a escenarios que permitan evaluar su respuesta ante posibles incidentes.

El rector también insiste en que las inversiones en ciberseguridad deben estar acompañadas de recursos para capacitar a los especialistas que asumirán las labores de protección. De lo contrario, la adquisición de tecnología podría no traducirse en una capacidad efectiva para prevenir riesgos y responder a las amenazas.

Responsabilidad que trasciende al sector tecnológico

La protección del entorno digital requiere la participación coordinada del Estado, las empresas, las instituciones académicas y los propios usuarios. Aunque cada sector enfrenta riesgos y responsabilidades particulares, todos forman parte de un ecosistema en el que una vulnerabilidad puede generar consecuencias que van más allá de una sola organización.

La expansión de la inteligencia artificial añade nuevas posibilidades para mejorar procesos y aumentar la eficiencia, pero también exige revisar los mecanismos de protección, las competencias del personal y los criterios con los que se evalúan los riesgos. La transformación digital necesita avanzar al mismo ritmo que las capacidades para protegerla.

En República Dominicana, el reto consiste en consolidar una cultura en la que la ciberseguridad forme parte de la planificación, las decisiones presupuestarias y la gestión cotidiana de las instituciones. Esto supone establecer estándares, evaluar su cumplimiento, preparar a los equipos y garantizar que existan mecanismos de respuesta ante cualquier incidente. Así quedó claro durante el Cybersecurity & Artificial Intelligence Summit 2026 realizado por la revista Mercado en Santo Domingo.

Más que una condición técnica, la seguridad digital es un componente de la competitividad, la confianza ciudadana y la seguridad nacional. Su fortalecimiento dependerá de que la inversión en tecnología avance junto con la formación del talento y la capacidad de las instituciones para trabajar de manera coordinada.

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