Plan nacional de equidad de género: ¿Cuánto ha avanzado en RD?

A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Acción (Beijing 1995) diversos países latinoamericanos iniciaron la elaboración e implementación de planes nacionales dirigidos a la búsqueda de igualdad y equidad de género para las mujeres. Entre ellos República Dominicana, pese a su carácter no vinculante, tomó parte de la responsabilidad.

Este evento marcó el inicio de un compromiso más tangible del país con la superación de las brechas de desigualdad de género que en todos los ámbitos generan las diversas formas de discriminación por sexo, a través de iniciativas de incorporación del enfoque de equidad de género en las políticas públicas al propiciar la creación de planes nacionales focalizados en la superación de la inequidad de género.

Estos planes nacionales, concebidos como herramientas útiles con el propósito de operar con efectividad las respuestas para satisfacer las necesidades de justicia social y desarrollo de las mujeres, están llamados a constituir instrumentos de apoyo para las instancias rectoras a nivel nacional y de coordinación interministerial e intersectorial de las políticas y la agenda de desarrollo de las mujeres.

En la República Dominicana, los esfuerzos encaminados en este sentido tienen una larga trayectoria y se derivan de la normativa que crea el Ministerio de la Mujer (Ley 86-99) que establece la responsabilidad de diseñar y monitorear un Plan Nacional de Equidad de Género. Hasta el momento se cuenta con tres planes nacionales, incluyendo la versión que se entrega en el presente documento.

El primer Plan Nacional de Equidad de Género. Acciones Coordinadas desde el Estado para el Desarrollo de la Mujer 2000-2004 (PLANEG I) obedeció al cumplimiento de la Ley 86-99 que contiene dicho mandato de forma clara y precisa, y representa el primer esfuerzo por diseñar una estrategia que abordó las principales problemáticas de las mujeres y planteó respuestas a estas desde el Estado. Se basó en un análisis de tipo sectorial, y contó con la interlocución de las demás entidades estatales y de la sociedad civil. No obstante, hay que decir que PLANEG I careció de un presupuesto y un sistema de monitoreo que garantizaran su aplicación y seguimiento suficientes de manera que pudiera apreciarse con claridad el antes y el después y su impacto en la vida de las mujeres desde la equidad de género.

Su diseño se realizó en el año 2000 en el marco del “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad nacional para la ejecución de la Plataforma de Beijing” financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por la entonces Secretaría de Estado de la Mujer, recién elevada a categoría de Secretaría de Estado, el más alto rango de la época, que permitió reforzar la legitimidad y capacidad de interlocución con las demás entidades estatales frente a la implementación del PLANEG.

El segundo Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II) fue elaborado en 2007 por la Secretaría de Estado de la Mujer. En este caso, se tomó como referencia la primera experiencia del PLANEG I, se enfatizó su vínculo con los instrumentos de derechos de las mujeres tanto nacionales como internacionales, y se focalizó en los principales problemas nacionales al incorporar una mirada de transversalidad y equidad de género, con miras a contribuir a la superación de la discriminación y desigualdades de género que confrontan las mujeres dominicanas.

Y ahora, el tercer plan que tiene el país fue presentado en el lapso de 2018 – 2030, pero ¿qué avances hay sobre ello?

Ya vimos recientemente a la Cámara de Comercio celebrar la mayoría femenina dentro de su Junta Directiva. Ahora la Cámara de Cuentas se erige como el único organismo estatal en el que las mujeres conforman mayoría, de todos los estamentos de poder que fueron renovados por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional.

Contrario a la Cámara de Comercio, ninguna mujer preside la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo y otros poderes fácticos, muchos de ellos con una significativa reducción de la presencia femenina. 

Actualmente el balance en nómina de las mujeres en la Cámara de Cuentas, el organismo auditor de las cuentas públicas es de un 60%. Es interesante cómo a nivel mundial los organismos de rendición de cuentas y los Bancos han respondido a un código de transparencia, que fue elaborado por el FMI hace un año en respuesta a las crecientes exigencias post pandemia, mostrando grandes resultados.

Sólo en Europa las mujeres ejecutivas bancarias le ahorraron al Estado cerca de 500 billones de dólares, gracias a la transparencia y alta calidad de la gestión. Esto no significa que las mujeres sean mejores que los hombres, solo que estas aportan un conjunto de habilidades diferentes y contribuyen a una mejor gestión de riesgos.

La nueva mayoría relativa de la Cámara de Cuentas de República Dominicana la conforman Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria y Elsa María Peña Peña. Este avance responde también a un plan de Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018 – 2030. La propia constitución política dominicana, por primera vez y en forma explícita, establece una igualdad de hombres y mujeres ante la ley.

Asimismo, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) incorpora la transversalidad de la igualdad de género en su implementación. Lo cierto es que la equidad y la igualdad se han ido incorporando al conjunto de las normativas aprobadas o revisadas en las últimas décadas, tales como la Ley Electoral 15-19, la Ley de Cuotas 13-00, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de municipios, la Ley de Partidos Políticos 33-18, entre otras.

Dentro de un contexto internacional, que propende a la búsqueda de mayores niveles de justicia social, política, económica y cultural para las mujeres. En dicho contexto, el papel del Estado es fundamental como garante de la ampliación democrática, el estado de derecho y el ejercicio de una ciudadanía inclusiva y respetuosa de la diversidad.

República Dominicana aún le quedan varias desigualdades que enfrentar en los entes gubernamentales. El Tribunal Superior Electoral es muy desigual y la mujer ha sido vagamente desestimada. Rosa Fior D’ Aliza Pérez es la única jueza de la Alta Corte, presidida por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo e integrada por Juan Alfredo Biaggi Lama, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.

En la renovación del TSE fue donde peor le ha ido al segmento femenino, con una sola representante entre cinco miembros, equivalente a un 20% de participación. Por su parte, el Senado de la República escogió a Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo por un período de seis años (2021 – 2027) y como suplentes a Roberto Carlos Quiroz y Miguel Antonio Puello, sin mujeres.

En la Junta Central Electoral el segmento femenino representa el 40%, con dos de cinco integrantes. Estas son: Dolores Altagracia Fernández  y Patricia Lorenzo. Completa el quinteto, el presidente Román Jáquez Liranzo, Rafael Armando Vallejo Santelises, y Sami Rafael Chami Isa.

Mientras que, con la escogencia de los cuatro jueces para renovar el Tribunal Constitucional se produjo un equilibrio con el equipo en igualdad. Las mujeres con Eunisis Vásquez Acosta y María del Carmen Santana de Cabrera; mientras que los hombres están representados por José Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelly Vega. (KR)