La región de América Latina y el Caribe enfrenta un desafío financiero sin precedentes: requiere una inversión anual de aproximadamente 99,000 millones de dólares para alcanzar un desarrollo sostenible, según revela el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2024, presentado recientemente en Madrid.
Este documento, elaborado por la OCDE, la CEPAL, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea, expone las barreras estructurales que dificultan el progreso económico y social, así como las estrategias necesarias para superarlas.
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El informe destaca que, a pesar de los avances en ciertas áreas, la región sigue lidiando con problemas crónicos que frenan su crecimiento. Uno de los más preocupantes es la baja productividad, que no solo se mantiene estancada, sino que muestra una tendencia a la baja. Esta situación se agrava por el aumento del empleo informal, un fenómeno que limita el acceso a derechos laborales y reduce la capacidad recaudatoria de los Estados.
A esto se suma un sistema tributario frágil, caracterizado por una elevada dependencia de impuestos indirectos, como el IVA, que representa cerca del 48 % de los ingresos fiscales en promedio regional. Esta estructura impositiva afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y dificulta la redistribución equitativa de la riqueza.
El contexto internacional no favorece a la región. Las políticas comerciales del expresidente estadounidense Donald Trump, marcadas por el proteccionismo y la imposición de aranceles, han generado un efecto dominó en las economías en desarrollo. Según el análisis, estas medidas no son coyunturales, sino que responden a una estrategia deliberada con consecuencias a largo plazo.
El informe señala que la llamada «bomba arancelaria» ha provocado pérdidas superiores a un billón de dólares en los mercados bursátiles globales, afectando especialmente a países con economías menos diversificadas. En este escenario, América Latina se ve obligada a buscar alternativas para mitigar el impacto, como el fortalecimiento de alianzas regionales e internacionales.
Otro de los puntos críticos es el elevado índice de pobreza, que alcanza al 27% de la población en la región. A esto se añade una inflación persistente, que erosiona el poder adquisitivo y profundiza las desigualdades.
Si bien un 34% de la financiación para el desarrollo se destina al apoyo empresarial (en especial a las pymes), solo un 19% se invierte en áreas clave como la transición ecológica, la igualdad de género, la digitalización y la innovación. Esta disparidad refleja una priorización desequilibrada que podría obstaculizar el crecimiento sostenible a futuro.
Frente a estos desafíos, el informe propone una mayor coordinación entre los países latinoamericanos para optimizar recursos y atraer inversiones. Una mejor gestión del gasto público y una administración más eficiente de la deuda podrían liberar fondos para proyectos de desarrollo.
Además, se plantea la necesidad de reformar los sistemas tributarios, reduciendo la dependencia de impuestos regresivos e incrementando la recaudación de fuentes más progresivas. La transparencia en el uso de los recursos y la lucha contra la evasión fiscal son pasos esenciales para fortalecer las finanzas públicas.
América Latina se encuentra en una encrucijada. Por un lado, enfrenta obstáculos estructurales y un entorno global adverso; por otro, tiene la oportunidad de redefinir su modelo económico mediante políticas innovadoras y cooperación regional.
Los 99.000 millones de dólares anuales requeridos para el desarrollo sostenible no son solo una cifra abrumadora, sino un recordatorio de la urgencia de actuar. La región debe elegir entre continuar con esquemas tradicionales que perpetúan la desigualdad o emprender reformas audaces que aseguren un futuro más equitativo y resiliente.
El informe no solo diagnostica los problemas, sino que también traza posibles soluciones. Ahora, el desafío está en la voluntad política y la capacidad de los gobiernos para implementarlas.
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