En un paso clave hacia la modernización del aparato estatal, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 45-25, que establece la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd). Esta nueva entidad, que llevará por nombre Ministerio de Hacienda y Economía, busca fortalecer la coordinación entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública.
La medida implica también la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, la cual dio origen al Mepyd como Secretaría de Estado. La nueva legislación fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo.
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Este rediseño institucional forma parte de una visión estratégica orientada a consolidar las funciones económicas del Estado bajo un solo órgano rector, en línea con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
La Ley 45-25 responde a una necesidad de mayor coherencia y articulación entre las finanzas públicas y los planes de desarrollo nacional. Su propósito central es lograr una mejor coordinación entre:
Bajo esta ley, el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía será el responsable de formular, coordinar y supervisar todas las políticas macroeconómicas del país. Además, se posicionará como el órgano rector del sistema nacional de planificación, unificando criterios técnicos, administrativos y presupuestarios.
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La promulgación de esta ley trae consigo una reconfiguración institucional profunda. Entre los ajustes más significativos se destacan:
Eliminación del Mepyd: sus funciones clave en economía, planificación e inversión pública pasarán al nuevo ministerio.
Redistribución de competencias: funciones como cooperación internacional y ordenamiento territorial serán transferidas al Ministerio de la Presidencia.
Reorganización de viceministerios: se establece una nueva estructura que agrupa áreas esenciales como:
Continuidad y transición ordenada: la ley establece mecanismos para garantizar la continuidad de servicios públicos, la estabilidad del personal, y la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.
Esta reorganización busca evitar la duplicidad de funciones, mejorar el uso de recursos y elevar la calidad de la gestión pública.
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La fusión ministerial se inscribe dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Ambas políticas promueven un Estado más racional, transparente y centrado en resultados.
Además, la consolidación de los órganos económicos permitirá una mejor capacidad de respuesta ante desafíos estructurales, como la gestión del endeudamiento público, la inversión en infraestructura crítica, y la implementación de políticas de desarrollo sostenible.
El nuevo ministerio tendrá un rol estratégico no solo en la planificación nacional, sino también en la gestión de riesgos macroeconómicos, las relaciones con organismos multilaterales y la ejecución de proyectos de inversión pública de alto impacto.
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La entrada en vigencia de la Ley 45-25 representa un cambio profundo en la arquitectura institucional del Estado dominicano. Al fusionar dos ministerios clave, el gobierno de Abinader apuesta por una administración más integrada, menos burocrática y con mayor capacidad para diseñar e implementar políticas públicas de alto impacto.
Este movimiento, más que un simple ajuste orgánico, es parte de una estrategia de transformación del sector público dominicano, que busca dar respuesta a los desafíos del desarrollo económico en un entorno cada vez más complejo y competitivo.
Con esta reforma, República Dominicana se alinea con las mejores prácticas internacionales en gobernanza económica, apuntando hacia una gestión más técnica, coordinada y orientada a resultados tangibles para la ciudadanía.
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