En República Dominicana existen más de RD $160,000 millones en activos administrados a través del fideicomiso. Así lo afirma Christian Molina, presidente ejecutivo de la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (Asofidom). Estos recursos están distribuidos en más de
900 fideicomisos a nivel nacional.
Para entender el alcance de la figura del fideicomiso en el país, Christian Molina, nos explica el panorama actual: “El fideicomiso, por naturaleza, es un negocio que no puede hacerse como se hace una planilla, no hay manera de cerrar un trato que no sea hablando directamente con el cliente, para entender cuáles son sus necesidades puntuales y poder hacer un traje totalmente a su medida».
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La ley de fideicomiso se crea en 2011 y la reglamentación que regula esa norma empieza a emitirse en 2012. En estos momentos está en proceso de modificación la Ley 189-11, donde se prevén cambios importantes y necesarios respecto a la figura del fideicomiso.
Uno de ellos es la transparencia fiscal y su neutralidad, y fiscalmente neutro significa, no solamente eliminar una exención que existe en el fideicomiso, que es el 27 % de impuestos, sino modelar la carga fiscal del fideicomiso a nivel general.
El principal desarrollo del fideicomiso ha estado enfocado en lo que es el fideicomiso inmobiliario, específicamente en el desarrollo de viviendas. En ese respecto, hay 40,000 viviendas entregadas a distintas familias, de las cuales nueve de cada 10 son familias de escasos ingresos y son viviendas de bajos costos.
Por su parte, el Estado quiso promover ese ámbito a través del fideicomiso, y creó una serie de incentivos operativos para impulsarlo, como una ventanilla única, creó exoneraciones fiscales sumamente atractivas, que hacen que cualquier emprendedor en el área de la construcción elija este tipo de vehículo sobre otro.
También creó incentivos fiscales de subsidios, como el bono que popularmente se llama ‘bono ITBIS’, donde el destinatario final de la vivienda de bajo costo tiene un bono que le paga el Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que normalmente oscila entre un 8 y un 10 % del precio de venta de la vivienda.
Desde hace unos años, hemos visto un gran desarrollo del fideicomiso, por ejemplo, en la oferta pública de valores. Una de las principales aplicaciones que tiene es el acceso a un costo inferior, haciendo mucho más efectiva la operación en el mercado de valores que si fuera directamente a través de un vehículo corporativo.
Ya tenemos varios ejemplos de fideicomisos de oferta pública, tanto de renta variable como de renta fija, y ambos modelos han sido muy exitoso. Los fideicomisos que son de oferta pública de renta variable funcionan muy parecidos a lo que es una emisión de acciones.
El tenedor del valor del fideicomiso asume el riesgo de la operación, puede tener tanto ganancias como pérdidas, dependiendo del rendimiento del fideicomiso.
El tema del fideicomiso es la única vía para desarrollar las APP porque se puede mitigar los riesgos asociados a una APP, proteger los intereses del Estado como interesado en el desenlace de esa APP, pero, sobre todo, facilitar el acceso a financiamiento de la APP.
Son los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales. La única manera de que ellos inviertan es a través de una oferta pública de valores que se haría a través del fideicomiso. O sea, que es el único camino para salvar las APP.
La Superintendencia de Bancos es el regulador idóneo para el sector porque tiene experiencia como regulador de entidades financieras como son las fiduciarias, no que haya tres como en la actualidad. Por ejemplo, la DGII tiene experiencias en el tema de recaudación de impuestos y la Superintendencia del Mercado de Valores seguiría regulando los fideicomisos, pero solamente en los que son de oferta pública de valores y no ya de manera general.
Este artículo fue publicado en nuestra edición Mercado diciembre 2021.
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