En un entorno global marcado por la incertidumbre financiera, el sector inmobiliario dominicano se aferra a una cualidad que lo ha definido históricamente: la resiliencia. Aunque las tasas de interés elevadas y el encarecimiento de las materias primas han presionado la capacidad de compra de los hogares, la construcción de viviendas sigue siendo un motor de la economía nacional y una apuesta segura para inversionistas.
“Los desarrollos inmobiliarios llevan la frente en alto y han sabido adaptarse ante cualquier condición externa o interna”, afirma Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI). Desde su perspectiva, lo que sostiene el dinamismo del sector es la capacidad de reinvención: desde nuevas facilidades de pago hasta proyectos diseñados para ajustarse a la realidad de las familias.
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En República Dominicana, el déficit habitacional ronda las 800,000 unidades, según datos oficiales. Esta brecha convierte a la vivienda en una prioridad irrenunciable para la clase media y media-baja.
Meléndez lo sintetiza: “Aunque las ventas han estado más lentas, la demanda de viviendas se mantiene firme. La vivienda sigue siendo una prioridad para las familias dominicanas. Esta es la oportunidad a la que apostamos”.
El acceso al crédito, no obstante, se ha convertido en el gran obstáculo. Las tasas de interés han encarecido las hipotecas, limitando el alcance de programas de financiamiento. Aun así, iniciativas públicas como el bono de vivienda de bajo costo y los programas de vivienda accesible han permitido que más familias den el salto hacia su primera casa.
El escenario actual no solo está marcado por la política monetaria. El aumento en los costos de construcción, la escasez de mano de obra calificada y la lentitud de la permisología municipal presionan los márgenes de los proyectos. “Estos factores encarecen la vivienda y limitan la capacidad de ofrecer precios accesibles”, advierte Meléndez.
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A ello se suma un contexto internacional de precios volátiles en materias primas y la necesidad de cumplir con normativas que impulsen la sostenibilidad. La nueva Ley de Alquileres, por ejemplo, representa un cambio estructural: otorga mayor seguridad jurídica, equilibra las relaciones entre propietarios e inquilinos e incentiva la inversión en proyectos de renta.
El sector de la vivienda no es solo un refugio para inversionistas: es un engranaje clave de la economía dominicana. Actualmente, genera más de 400,000 empleos directos e indirectos y dinamiza más de 70 actividades productivas vinculadas, desde la producción de cemento hasta los servicios de arquitectura y transporte.
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“República Dominicana es un país con estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y un marco legal que brinda seguridad a las inversiones”, asegura Meléndez. Para inversionistas locales y extranjeros, el mensaje es claro: apostar por la vivienda no solo es una oportunidad de rentabilidad, sino también una contribución directa al bienestar social.
Entre las áreas emergentes destacan los proyectos de alquiler, ahora respaldados por la Ley de Alquileres; las comunidades sostenibles con áreas verdes y servicios integrados; y las viviendas turísticas en el Norte y Este del país, donde el dinamismo del turismo abre un nicho de gran valor.
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La resiliencia, en este caso, no es solo un discurso: es la estrategia que está permitiendo a los desarrolladores navegar un panorama de tasas altas sin perder de vista el objetivo central. Como resume Meléndez: “Apostar por el sector vivienda aquí es invertir en crecimiento sostenible y en el bienestar de la sociedad”.
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