En un movimiento que redefine los límites de la psiquiatría contemporánea, Nueva Zelanda se convierte en el segundo país del mundo en legalizar el uso terapéutico de la psilocibina, el principio activo de los llamados «hongos alucinógenos», como tratamiento para la depresión resistente. Con esta decisión, el país oceánico no solo abre la puerta a una nueva era de tratamientos alternativos. También impulsa el debate global sobre el papel de las terapias psicodélicas en los sistemas de salud.
La medida, anunciada por el viceministro de Salud, David Seymour, no fue improvisada. Llega respaldada por una ola de investigaciones científicas internacionales que apuntan a los beneficios terapéuticos de la psilocibina cuando es administrada en contextos clínicos controlados y junto a apoyo psicoterapéutico. Seymour describió la aprobación como un “avance inteligente, basado en la ciencia”. Uno que ofrece una alternativa a pacientes con trastornos mentales severos que no han respondido a los tratamientos convencionales.
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El primer autorizado para recetar psilocibina es el psiquiatra Cameron Lacey, de la Universidad de Otago, quien ha liderado ensayos clínicos con resultados prometedores. Su experiencia y trayectoria fueron determinantes para obtener la autorización de Medsafe, la agencia nacional de medicamentos de Nueva Zelanda. Esta aprobación individual marca el inicio de un proceso regulado, donde otros especialistas podrán acceder al uso clínico del compuesto, bajo estrictas evaluaciones profesionales.
La psilocibina ha sido objeto de un renovado interés científico en la última década. Investigaciones lideradas por instituciones como Johns Hopkins Medicine (EE. UU.) y el Imperial College London (Reino Unido) han demostrado mejoras significativas en síntomas depresivos, niveles de ansiedad y bienestar general, incluso después de una sola sesión supervisada. Además, estudios sugieren que puede fomentar actitudes prosociales, introspección y reducción del pensamiento rígido.
Sin embargo, la evidencia aún está en desarrollo. Expertos como el catedrático Cecilio Álamo, de la Sociedad Española de Farmacología, advierten que el tamaño reducido de las muestras y la variabilidad en las experiencias subjetivas representan un reto metodológico para su validación a gran escala. Las autoridades neozelandesas han tomado nota de estos riesgos y han impuesto condiciones estrictas para su uso, incluyendo evaluaciones clínicas exhaustivas, monitoreo médico y controles contra el historial de abuso de sustancias.
El paso de Nueva Zelanda, junto a la aprobación previa en Australia, puede tener un efecto dominó en regiones donde las tasas de depresión y ansiedad se han disparado, como América Latina y el Caribe. Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 20% de la población en la región experimenta algún tipo de trastorno mental, mientras que los recursos para la atención son escasos y la innovación terapéutica, limitada.
República Dominicana no es ajena a esta realidad. Los desafíos del sistema de salud mental local requieren soluciones estructurales, pero también una apertura estratégica a nuevas terapias, siempre que estén validadas científicamente. La psilocibina, en este contexto, podría abrir un camino para futuras políticas públicas más flexibles e inclusivas. Especialmente si se desarrolla un ecosistema médico, académico y regulatorio capaz de adaptarse.
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La aprobación de la psilocibina también activa un mercado emergente de la biotecnología psicodélica. Solo en 2023, el valor global proyectado del mercado de terapias con psicodélicos superó los 3.000 millones de dólares, según datos de Data Bridge Market Research. Startups y laboratorios han comenzado a invertir en el desarrollo de medicamentos basados en psilocibina. Esto apuntando a una creciente demanda en el área de salud mental.
Para República Dominicana, este fenómeno abre un campo poco explorado en el negocio de la salud: la investigación clínica y la farmacología de compuestos psicodélicos, como los hongos alucinógenos, con fines terapéuticos. Invertir en alianzas académicas internacionales, capacitar profesionales de salud mental y fortalecer los marcos regulatorios podría posicionar al país como pionero en el Caribe en terapias emergentes.
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