Las mujeres en la política todavía se enfrentan no solo a la disparidad de género, sino también a grandes retos entorno a la percepción que la sociedad tiene hacia el liderazgo femenino. Este año los procesos políticos y electorales de México, Perú y Nicaragua son un fuerte reflejo de todo el camino que aún falta por recorrer.
Sin embargo, fuertes liderazgos se han levantado para abrir camino a las mujeres en la política o incluso transformar la forma de hacer política en la actualidad.
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El proceso electoral de este año no solo es el más grande en la historia reciente de México, por el número de cargos a elegir, sino también se ha destacado por ser el más violento contra las mujeres, incluso cuando existió un compromiso por parte de partidos políticos y candidatos para frenar la violencia de género.
De acuerdo a las cifras dadas por la Observatoria Todas MX, en la que participan más de 150 organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, presentó este martes nuevos hallazgos relacionados con la violencia política en razón de género, la cual derivó en el asesinato de al menos 21 candidatas a un cargo de elección popular.
El caso más reciente fue el de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, asesinada este 25 de mayo durante un acto de campaña. A estos asesinatos de candidatas, se suman otras expresiones de violencia de género detectadas en el proceso electoral de este año, como lenguaje sexista, insultos, minimización o exclusión, discriminación por raza y género, amenazas y violencia física.
Todos ellos como una muestra de cuánto trabajo queda por hacer para alcanzar los objetivos de justicia y equidad de género. Los protagonistas de estas agresiones, de acuerdo con la Observatoria, estos tipos de violencia contra las candidatas fueron ejercidos en su mayoría por medios de comunicación, candidatos, partidos y hasta ciudadanos mediante plataformas digitales o redes sociales.
Las cifras de participación femenina en la política de México ha subido de forma significativa, sin embargo, con este crecimiento no necesariamente puede hablarse de que haya paridad. Solo el 12% delos cabildos son presididos por una mujer, de acuerdo a cifras del informe Mujeres y Poder realizado por María Eugenia Vergara Robredo y Ramiro Suárez Galán días antes de que iniciaran las campañas electorales.
“De las Secretarías estatales encabezadas por mujeres, 6% son de Gobierno, 7% de Seguridad Pública y 28% de las Secretarías de Finanzas. En contraste, las que más suelen encabezar las mujeres son las de Igualdad de Género (100%) y Función Pública (55%)”, apunta el informe.
La panista Angélica Moya ahora encabeza un proceso de transformación, dentro del marco de la defensa de los derechos de las mujeres en México. Su victoria representa un hito en la gestión política, cuyo campo de batalla ahora será el Congreso.
Por su parte, en Perú siguen las tensiones entre acusaciones y respuestas por parte de la candidata del partido Fuerza Popular en Perú, Keiko Fujimori quien podría ser la primera presidenta de Perú. Una meta por la que ha trabajado por 15 años desde que asumió la tarea de reconstruir casi desde las cenizas el movimiento político derechista fundado por su padre en 1990.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990 – 2000), de 46 años, casada y con dos hijas adolescentes, tiene un reto que asumir. Sus propuestas para reactivar la economía, muy golpeada por la pandemia, implican elevar el gasto público y han sido tildadas de «populistas» por economistas independientes. La candidata se formó en Estados Unidos, donde obtuvo un Máster en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia luego de licenciarse en la Universidad de Boston.
La líder de ascendencia japonesa, ha marcado la política peruana en las últimas tres décadas. Keiko ha pasado la mitad de su vida en política, a la que ingresó contra su voluntad, según confesó. En 1994, a sus 19 años, la separación de sus padres la llevó a convertirse en primera dama sustituta.
Sumido en un escándalo, su padre renunció a la presidencia en 2000 con un fax desde Japón, donde buscó refugio. Ella permaneció en Perú y dio batalla cuando hasta sus tíos estaban prófugos de la justicia.
A pedido de su padre, tomó las riendas para relanzar el fujimorismo en 2006. Se Postuló al Congreso ese año y obtuvo la más alta votación: 602.000 votos. Perdió en 2011 la presidencia ante Ollanta Humala y en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski, aunque su partido consiguió mayoría absoluta en el Congreso. Su bancada maniató a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar en 2018, tres meses después de que indultara a su padre. La medida fue anulada por la justicia.
En los comicios parlamentarios extraordinarios de 2020, el fujimorismo perdió el control del parlamento, pero ahora está en la antesala del poder.
Mientras tanto en Nicaragua, Cristiana Chamorro, la influyente periodista que anunció que se postularía como candidata opositora para las elecciones presidenciales de noviembre del 2020, fue puesta bajo arresto domiciliario y representa un vínculo con el pasado de su país.
Su destino quedó marcado como la hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que venció en las urnas en 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega. Simbólicamente, Cristiana, que estuvo muy vinculada al gobierno de su mamá, significa también para el actual gobierno el recuerdo vivo de su derrota.
Solo unos meses bastaron para que Chamorro pasara de no hacer (abiertamente) política a convertirse en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua. Y ahora se convierte también en el principal foco de las tensiones entre el gobierno y la oposición de la nación centroamericana.
Nacida en 1954 de Managua, Cristiana Chamorro Barrios se desarrolló como periodista, hasta convertirse en editora de La Prensa, el diario que su madre había gestionado desde el asesinato de su esposo. Luego se convirtió en la mente maestra de la campaña que llevó a su madre a la presidencia.
Esto generó alrededor de Cristiana mucha expectativa e ilusión, al representar una figura de oposición realmente competitiva ante una coalición opositora bastante debilitada. Su candidatura era vista como aquella que regresaría a todos al mismo barco. Un liderazgo notable, que ha sido silenciado hasta tanto no se anuncien nuevas medidas.
Ante tales giros en los hechos, la cuota de paridad de género es una herramienta que de primera instancia puede facilitar, pero no garantizar, el acceso a las mujeres a la vida política de un país.
De acuerdo con la ONU Mujeres, desde el año 2000 el porcentaje de parlamentarias elegidas a a nivel local en América Latina creció de un 13,23% a 30,7% en 2018; sin embargo, en la región aún no se termina de garantizar de manera equitativa la participación de las mujeres.
“La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia. La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad”, sostiene la organización en su artículo “5 razones por las cuales la paridad es clave para las democracias de América Latina”, asegura Alejandra Toxtle, especialista en Marketing Político y Opinión Pública del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico BUAP.
“A largo de la historia democrática del país la participación de la mujer ha sido incipiente pues los cargos políticos constantemente recaen en varones; pero más allá de eso, es un derecho de todo ciudadano el competir por un cargo político, entonces (con las cuotas de paridad) se intenta erradicar la exclusión social”, afirmó.
Más allá de las leyes e instituciones que garanticen la inclusión de la mujer en procesos electorales, de forma legal, es necesario un cambio de paradigma en la población electoral entorno a la percepción que se tiene del liderazgo femenino. Pues de nada sirve postular a tantas candidatas y que al final se opte por varones; es decir, las candidaturas paritarias por sí solas no garantizan nada.
