Encarar la violación al derecho de autor en el país es un desafío que ha esperado por años que le hagan frente, la buena noticia es que, al parecer, llegó la hora, ya que recientemente se dio a conocer que la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría trabaja en acciones concretas.
Así lo ha hecho saber la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la UPI, quien asegura que se hará cumplir la Ley 65-00 (sobre derecho de autor) y los tratados con otras naciones.
La Unidad de Propiedad Intelectual, que es de reciente creación, ha hecho un estudio con los casos que llegan a través de todas las fiscalías del país y eso ha arrojado que el sistema de atención a las víctimas, tanto de derecho de autor, como de propiedad industrial en lo que se refiera a la marca, estaban en su mínima expresión.
Cada año, el departamento de comercio de Estados Unidos emite un documento en el que incluye a los países en donde se viola el derecho de autor. La República Dominicana ha figurado allí durante mucho tiempo.
El país figura como uno de los más flexibles en cuanto al respeto a este tipo de derecho.
La falsificación de marcas es el delito más usual que reciben los fiscales, siendo el segundo el derecho de autor. En la piratería se circunscribe al derecho de autor y el tema de la falsificación a las marcas.
Hasta el año 2006 los delitos en materia de propiedad industrial eran perseguibles por acción privada. Dentro del rol del Ministerio Público está la responsabilidad de mover la acción pública cuando son tipos penales en esa materia, pero en los privados la responsabilidad es estrictamente de la víctima que va directamente donde el juez.
A partir de la Ley 424-06 se hace una excepción y se modifican muchas leyes, entre ellas, la 65-00, (derecho de autor), la 20-00 (propiedad industrial), pero también el Código Procesal Penal, que establecía que la propiedad industrial estaba en el universo de las acciones de tipo privado.
Con estas modificaciones se amplió el universo para la protección de las marcas en lo relativo a la acción pública.
Desde hace años, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) ha denunciado la operación de emisoras de radio ilegales en muchas demarcaciones del país, por lo que otra acción de la UPI es dar con los puntos donde están establecidas estas emisoras.
Hasta el momento, era nula la atención a los usuarios, ya que además existía la falsa creencia por parte de los fiscales de que las acciones legales eran responsabilidad del sector privado.
Ante esa situación designaron unos 36 fiscales especializado en todo el país para atender a quienes han sido víctimas de la violación del derecho de autor.
Como parte de las acciones, reactivarán la comisión de la protección a los derechos de propiedad intelectual que data de 2001 y no funciona desde 2004.
La directora de la Unidad de Propiedad Intelectual invita a quienes explotan las obras comercialmente a pagar los tributos correspondientes a través de las diferentes organizaciones que luchan por los intereses de los miembros de sus respectivas organizaciones.
