¿Google tiene un sindicato?

LA EVOLUCIÓN ES un asunto meramente humano e indetenible. Este año el gigante del internet está viendo nacer el primer sindicato de trabajadores, que pretende velar por la igualdad en el trabajo y los principios éticos en el modelo de negocio, más rentable hasta el momento en lo digital.

Este sindicato se ha conformado por 200 trabajadores, que han decidido ponerle fin al silencio corporativo y al individualismo de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, asegurando algo mucho más valioso que una mejora salarial o de condiciones laborales.

El mundo entero se ha sorprendido al ver estas oficinas (que han despertado la envidia de muchos) repletas de sindicalistas, clamando por por los principios de igualdad en el trabajo y por la observancia de principios éticos en el modelo de negocio. ¿Y es que no se respetaba esto? Pues tal parece que no, cuando queda expuesto este grupo de personas luego de un año de protestas y preparación desde el anonimato.

¿Y Google ha caído en falta?

No necesariamente, ya que la «protesta» se le ha plantado es a la contratista. La asociación, denominada Unión de Trabajadores de Alphabet, reúne a empleados de Google y otras empresas de la compañía en EE UU y Canadá, y está integrado en un sindicato mayor, Trabajadores de Comunicaciones de EE UU (CWA, en sus siglas inglesas), con más de 700.000 miembros y que también representa a empleados de otros grandes del sector de las telecomunicaciones, como Verizon o AT&T.

Cualquier trabajador o contratista de Alphabet puede afiliarse mediante el pago de una cuota equivalente al 1% de sus ingresos, que servirán para sufragar actividades, equipo legal e incluso una caja de resistencia en el caso de una hipotética huelga laboral, según su página web.

Ahora mismo, Google se está viendo contra las cuerdas a consecuencia de un creciente escrutinio por parte del regulador de la competencia de EE.UU. y los fiscales generales de varios Estados, lo que le ha costado varias denuncias antimonopolio, así como de la autoridad del trabajo, que acusa a la empresa de interrogar ilegalmente a trabajadores que acabaron siendo despedidos por participar en protestas contra la política de la compañía y por intentar organizarse en un sindicato.