Más de 80 organizaciones de verificadores de más de 40 países han mandado una carta a la presidenta ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, para pedir que la plataforma deje de “permitir que actores sin escrúpulos manipulen y exploten a otros, además de recaudar dinero”. Quieren dar batalla contra las fake news en la plataforma.
La compañía, propiedad de Google, ha quedado habitualmente al margen de las críticas por desinformación que han recibido redes como Facebook o Twitter. La publicación del texto llega después de que representantes de las organizaciones se hayan reunido tres veces en los últimos años con YouTube con peticiones similares sin que de momento hayan sido atendidas.
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Entre las organizaciones firmantes están las tres principales españolas, Maldita. es, Newtral y Verificat. Una de sus peticiones principales es que la plataforma YouTube aplique el mismo nivel de esfuerzo a todas las lenguas que no son inglés. Entre los firmantes están Agencia Lupa (Brasil), La Silla Vacía (Colombia), Facta (Italia), PolitiFact (EE UU), Chequeado (Argentina), Full Fact (Reino Unido), Animal Político (México) o Rappler (Filipinas), fundado por la reciente premio Nobel de la Paz Maria Ressa.
Las dos peticiones centrales de la carta son, primero, una mayor transparencia sobre desinformación en YouTube para que actores externos, como investigadores académicos, puedan medir el origen y el alcance de las campañas de desinformación. Y segundo, una mejor colaboración con estas organizaciones de fact checkers, para que los usuarios de la plataforma tengan más contexto ante posibles afirmaciones falsas.
“El modo en que ese contexto debiera aparecer no está definido”, explica Carlos Hernández-Echevarría, en una rueda de prensa virtual previa a la publicación que un grupo de organizadores mantuvieron con periodistas de todo el mundo. “Podría ser por ejemplo con imágenes sobreimpuestas al vídeo con un enlace, pero estamos abiertos al consenso y a probar lo que funcione mejor”, agrega.
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Las organizaciones no esconden que con esta carta piden también a YouTube que financie su labor: “no me supone un problema admitirlo”, dice Cristina Tardáguila, de Agencia Lupa. “Esta es la batalla más difícil de nuestro tiempo, somos muy pequeños y estamos encargados de combatir la desinformación en plataformas enormes. Necesitamos un acuerdo financiero porque tenemos mucho trabajo y somos muy pocos, en Brasil seremos unas 50 personas en las organizaciones de fact checkers”, añade.
En las reuniones que han tenido con YouTube para mejorar la relación, la compañía no se ha comprometido ni ha dado respuestas claras. “Con este paso intentamos escalar esto a instancias superiores dentro de la compañía”, dice Tardáguila.
Una portavoz de Youtube, Elena Hernández, ha respondido a la carta. “La verificación de hechos es una herramienta crucial para ayudar a los usuarios a tomar sus propias decisiones informadas, pero es una pieza de un rompecabezas mucho más grande para hacer frente a la desinformación», explica.
«En los últimos años, hemos invertido fuertemente en políticas y productos en todos los países en los que operamos para conectar a las personas con contenido de fuentes autorizadas, reducir la propagación de desinformación que roce los límites y eliminar videos infractores», asegura. «Continuaremos reforzando nuestro trabajo con la comunidad de verificadores de hechos”.
Desde la compañía recuerdan que ya han colaborado con US$1 millón con la Red Internacional de Verificadores, a la que pertenecen muchas de las organizaciones firmantes.
La carta cita varios ejemplos de desinformación distribuida por YouTube, desde casos vinculados a la pandemia como la doctora española Natalia Prego, a falsas curas contra el cáncer o mentiras políticas en Taiwan, Filipinas. También sobre la presunta ”gran mentira” de las elecciones en EE. UU. que ganó el presidente Joe Biden. El desafío es distinto según el ámbito y el país.
En Brasil hay, por ejemplo, canales acusados de desinformación con millones de suscriptores y visualizaciones, como Os Pingos Nos Is o Alexandre Garcia. En España algunos de los canales mostrados a menudo como ejemplos como Rafapal, El Vortice o Aquí la voz de Europa, son mucho más pequeños.
En la carta denuncian también la “falsa dicotomía” entre borrar o no borrar el contenido. Con el recurso a ese debate, YouTube evita así hacer lo que “se ha demostrado que funciona”, dice la carta: “enseñar información comprobada es más eficaz que borrar contenido” y además “preserva la libertad de expresión”.
Otra de las exigencias es que YouTube controle mejor qué canales y vídeos aparecen en su algoritmo de recomendación. En las búsquedas de YouTube en algunos países aparece un panel con información de editores verificados.
También hay, aunque presentada de otro modo, información verificada por organizaciones de fact checkers. Es un sistema llamado ClaimReview que permite a las organizaciones que lo deseen añadir unas líneas de código a sus piezas para que el motor de búsqueda las detecte y muestre automáticamente.
Es una herramienta que usan Google o Bing, además de YouTube, aunque funciona de manera desigual en la plataforma de vídeo. “Cada organización decide si añade esas líneas de código en su página y así salir de vez en cuando en YouTube. Pero eso no implica que haya un programa de colaboración con YouTube, al menos hasta donde yo sé”, dice Tardáguila.
(RM)
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