La nueva normativa de ciberseguridad cubana, que persigue los contenidos subversivos y las noticias falsas en la red, ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una «ley mordaza» para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno defiende su legitimidad.
El Decreto-Ley 35 establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, mientras que la complementaria Resolución 105 recoge una serie de «incidentes de ciberseguridad» a los que atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.
Se atribuye peligrosidad muy alta a «pretender alterar el orden público» o «promover la indisciplina social» en internet, así como cualquier acción «contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a personas e instituciones del Estado» o busque desestabilizar el funcionamiento de las instituciones.
El anuncio de la nueva normativa cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al Gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas.
Según el jurista cubano Eloy Viera, la nueva normativa «se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet«.
«Con el decreto 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal»
Viera aludió así a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
El Gobierno tomó la medida extrema de bloquear el internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.
«La soberanía cubana no da al Gobierno ningún derecho a limitar derechos fundamentales de la ciudadanía. La soberanía popular existe porque los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos y a alternar nuestros gobernantes«, argumenta, por su parte, el jurista cubano.
Añade que el Gobierno «no tiene el concepto de alternancia política, no entiende que esta es necesaria, por lo que trata de proteger el monopolio del control de los contenidos que pueden ser lesivos a sus intereses» a través del Decreto-Ley 35.
El recién estrenado marco regulador de ciberseguridad contempla sanciones administrativas como multas o decomiso de equipos, si bien la Fiscalía se reserva el derecho a ejercer acciones por la vía penal de forma separada. (efe/pfm)
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