Con la promulgación del Decreto 587-24, el gobierno de la República Dominicana ha establecido un marco regulatorio clave que impulsará la implementación de la facturación electrónica en todo el país. Este paso marca un avance crucial hacia la modernización del sistema tributario dominicano, con implicaciones significativas para las empresas, la eficiencia fiscal y el cumplimiento normativo.
La implementación de la facturación electrónica en República Dominicana no es un tema nuevo, pero con el Decreto 587-24, se introducen modificaciones fundamentales al marco normativo establecido por la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
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Esta actualización tiene como objetivo facilitar la adopción del sistema, especialmente por parte de pequeñas y medianas empresas (pymes), eliminar barreras que hasta ahora dificultaban la certificación de contribuyentes, y establecer restricciones claras para el uso del Facturador Gratuito, una herramienta ofrecida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estas nuevas disposiciones buscan aumentar la eficiencia fiscal y fomentan la transparencia y la trazabilidad en las operaciones comerciales, lo que se traduce en una mayor competitividad de las empresas dominicanas en el mercado global.
La facturación electrónica es vista por muchos expertos como una oportunidad para optimizar las operaciones y alinearse con los estándares internacionales, algo esencial para las grandes empresas que desean mantener un alto nivel de cumplimiento y transparencia en sus procesos tributarios.
El Decreto 587-24 introduce varias modificaciones importantes en el proceso de adopción de la facturación electrónica, que afectan tanto a empresas grandes como a pequeños negocios.
Todos los contribuyentes que se inscriban en el RNC estarán obligados a adoptar la facturación electrónica. Aquellos que se registren después del vencimiento de su grupo de clasificación tendrán un plazo de 120 días para integrar el sistema de facturación electrónica. Esta medida tiene como objetivo que todos los nuevos actores del mercado entren al sistema con mayor rapidez, acelerando la transición hacia un entorno completamente digital.
El decreto elimina el requisito de que los contribuyentes estén al día con sus obligaciones tributarias para obtener la certificación como emisores electrónicos. Esta medida, que busca facilitar el acceso al sistema, es aplaudida por muchos empresarios que consideran que anteriormente era un obstáculo para la rápida adopción de la facturación electrónica.
Según Katerine Valdez, gerente general de Alanube, “esta eliminación de barreras permitirá que más empresas, especialmente las pymes, se certifiquen rápidamente y adopten la facturación electrónica como parte de sus operaciones diarias”.
El Facturador Gratuito, una herramienta ofrecida por la DGII para emitir facturas electrónicas sin coste, estará limitado a contribuyentes que no utilicen proveedores externos. Este sistema permite emitir hasta 150 facturas mensuales, sin límites en el valor monetario de las operaciones. Sin embargo, una vez que un contribuyente opte por utilizar un proveedor externo, perderá el acceso a esta herramienta.
Además, los usuarios del Facturador Gratuito deben estar al día con sus obligaciones tributarias, lo que asegura que este sistema se utilice de manera responsable y eficiente.
El decreto establece claramente cómo deben actuar los contribuyentes en situaciones de contingencia, como fallos de conectividad o problemas técnicos. En caso de falta de conexión a internet, los emisores pueden generar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) en modo offline, pero deberán enviarlos a la DGII en un plazo máximo de 72 horas.
Si el problema es técnico y no pueden emitir e-CF, podrán utilizar comprobantes fiscales tradicionales durante un máximo de 15 días, tras lo cual deberán reemplazarlos por facturas electrónicas. Este marco permite una mayor flexibilidad operativa, garantizando que las empresas puedan seguir funcionando incluso ante dificultades técnicas.
Aquellos contribuyentes que opten por adoptar la facturación electrónica de manera voluntaria podrán acceder a incentivos fiscales, siempre y cuando emitan exclusivamente facturas electrónicas a partir de la recepción de estos beneficios.
Esta medida diferencia entre grandes y pequeños contribuyentes, garantizando que las empresas de menor tamaño también puedan acceder a estos incentivos y, al mismo tiempo, mejorar su competitividad a través de la modernización de sus procesos administrativos.
Los contribuyentes que todavía operan bajo el Registro Único de Ingresos podrán seguir utilizándolo hasta que expire el plazo máximo de su clasificación. Una vez finalizado este periodo, deberán comenzar a emitir facturas de consumo electrónicas. Esto garantiza una transición ordenada hacia el uso exclusivo de facturas electrónicas, mientras que los contribuyentes cuentan con un periodo de adaptación razonable.
La implementación de la facturación electrónica en República Dominicana representa una serie de beneficios tanto para las empresas como para el Estado. Para las empresas, la facturación electrónica significa una mayor eficiencia en sus procesos, reducción de costos administrativos y una mayor seguridad en la gestión de sus documentos tributarios. Además, les permite acceder a incentivos fiscales que pueden ser clave para su crecimiento.
Para el Estado, la digitalización del sistema de facturación mejora la capacidad de la DGII para monitorear el cumplimiento tributario en tiempo real, reduciendo así la evasión fiscal y asegurando una mayor recaudación de ingresos. Según Manuel Vilchez, Country Manager de Alegra.com, «la adopción de la facturación electrónica no es solo una exigencia normativa, sino una oportunidad para que las pymes modernicen sus operaciones y mejoren su gestión financiera».
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