El gobierno dominicano ha puesto en marcha una estrategia ambiciosa para desarrollar su sector de hidrocarburos, combinando reformas legales con una próxima ronda de licitaciones que podría marcar un antes y después en la economía nacional. Con la recién aprobada Ley 37-25 y el anuncio de una convocatoria para exploración petrolera en 2026, el país busca atraer inversiones, reducir su dependencia energética externa y generar empleos, aunque sin olvidar los desafíos ambientales y regulatorios que implica este nuevo camino.
La Ley 37-25, promulgada por el presidente Luis Abinader, actualiza el obsoleto marco regulatorio que databa de 1956, adaptándolo a las necesidades actuales del mercado energético global. Entre sus disposiciones clave, la norma establece que las empresas extranjeras que operen en el país deberán contar con al menos un 15 % de capital accionario local, una medida diseñada para fomentar la participación de inversionistas dominicanos y asegurar que los beneficios económicos se distribuyan en la economía nacional.
Accede a las historias más relevantes de negocios, bienestar y tecnología. Entérate de nuestros rankings y eventos exclusivos. Suscríbete y recibe en tu correo el mejor contenido de Mercado.
Este cambio no solo busca equilibrar la competencia entre actores internacionales y locales, sino también generar confianza entre los potenciales socios extranjeros, al ofrecer un esquema claro y estable. El Ministerio de Energía y Minas, liderado por Joel Santos, ha enfatizado que la normativa garantiza igualdad de condiciones para empresas públicas, privadas o mixtas, eliminando barreras burocráticas que antes podían desincentivar la llegada de capitales.
El gobierno ya ha identificado seis regiones con potencial para la exploración, basándose en estudios geológicos preliminares:
Enriquillo (frontera suroeste)
Azua y San Juan (sur del país)
San Pedro y Ocoa (offshore, en el Mar Caribe)
Cibao Oriental (noreste)
Estas áreas serán parte de la primera ronda de licitaciones programada para 2026, un proceso que el ministro Santos describe como «transparente y técnicamente sólido».
Si bien no es la primera vez que República Dominicana intenta explorar su subsuelo —en 2019, la estadounidense Apache Corporation ganó derechos sobre el bloque SP2 en San Pedro de Macorís, aunque luego abandonó el proyecto—, esta vez las autoridades insisten en que el marco jurídico y los avances en estudios de viabilidad aumentan las probabilidades de éxito.
La iniciativa promete importantes beneficios para la economía dominicana:
Reducción de la dependencia energética: Actualmente, el país importa cerca del 80 % de los combustibles que consume, lo que lo hace vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales. Producir petróleo localmente podría aliviar esta presión.
Atracción de inversión extranjera directa: Sectores como el gas natural y el crudo suelen movilizar capitales de alto impacto, con efectos multiplicadores en infraestructura y servicios conexos.
Generación de empleo especializado: Desde ingenieros hasta técnicos en logística, la industria requerirá mano de obra calificada, lo que podría impulsar la formación profesional.
Sin embargo, el proyecto no está exento de desafíos. La exploración offshore, en particular, conlleva riesgos ambientales, como derrames o afectaciones a ecosistemas marinos. Además, existe el reto de evitar que los recursos derivados de esta industria se concentren en pocas manos, un problema que ha afectado a otras naciones petroleras.
El gobierno ha asegurado que el desarrollo del sector se hará bajo estándares de responsabilidad ambiental y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. No obstante, especialistas señalan que será crucial implementar mecanismos de fiscalización robustos, tanto para las empresas operadoras como para el uso de los eventuales ingresos fiscales.
Otro aspecto clave será la diversificación. Aunque el petróleo puede ser un motor económico a corto y mediano plazo, el país no puede descuidar las energías renovables, especialmente en un contexto global que avanza hacia la descarbonización.
República Dominicana está ante una oportunidad importante para transformar su matriz energética y dinamizar su economía. La Ley 37-25 y la próxima licitación de 2026 son pasos firmes, pero el verdadero éxito dependerá de cómo se gestionen los contratos, se mitiguen los impactos ambientales y se distribuyan las ganancias. Si el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad se mantiene, el país podría escribir un nuevo capítulo en su desarrollo industrial.
Te puede interesar: RD: El camino hacia la energía nuclear y sus implicaciones estratégicas
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
Con la compra de tu suscripción digital, recibes acceso a contenido premium dentro de nuestra plataforma web.
Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos
Acceso prioritario a eventos
Newsletters digitales diarios
Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos
Acceso prioritario a eventos
Newsletters digitales diarios
Newsletters especiales y especializados
12 ediciones digitales de Mercado
12 ediciones digitales de Market Brief
Nuevas ediciones al instante en tu correo
