Ante medidas de envergadura similar en otras latitudes, en nuestro país continúa el debate acerca de la necesidad de establecer la vacuna anti-COVID-19 como un tratamiento preventivo obligatorio. La enfermedad ha azotado al mundo desde que fuese catalogada como pandemia el 30 de enero de 2020. Esta deja hasta ahora 3,937 muertes en el territorio dominicano. Actualmente cursa en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en esa dirección.
Hasta el momento no se vislumbra sin embargo la promulgación de esta medida, ya que se considera como una incisión en el derecho ciudadano a la libre elección. La Ley General de Salud Pública de la República Dominicana contempla que todas las personas tienen el derecho a decidir, previa información y comprensión, sobre la aceptación o el rechazo de un tratamiento en relación a su salud. Esto contrasta con medidas a nivel empresarial.
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En concepto del ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera, ya hay empresas que obligan a sus empleados la recibir la inmunización, lo cual sería legítimo desde el derecho laboral. Y desde lo contemplado en el artículo 62 de la Constitución. Este establece que “los empleadores deben garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad e higiene adecuadas”, condiciones de trabajo que no estarían garantizadas ante una posibilidad real de contagio.
Incluso para la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe alentar y facilitar la vacunación anti-COVID-19, sin recurrir a plantearla como un requisito para la participación efectiva en actividades de la vida pública. En palabras de Michael Ryan, director de emergencias del organismo, “debemos convencer y persuadir a las personas, y hablar con ellos sobre esto”. Las declaraciones se dan ante la propagación de artículos en redes que especulan sobre los efectos adversos.
Por lo menos el 50% de la población en Japón y Francia, así como el 25% de los ciudadanos estadounidenses no desean recibir las dosis del inmunizante, y nuevas medidas, como la obligatoriedad de la vacunación del personal sanitario, so pena de perder el empleo, hacen temer una mayor escalada de violencia. En Europa se viven momentos de tensión ante el nuevo parón económico, decretado en pleno verano por la expansión de la variante delta.
El Gobierno dominicano viene insistiendo en las campañas masivas de inoculación. Y ya ha logrado una cobertura alta pese al escepticismo, y a que estos preparados son actualmente escasos. En el país, la provincia de La Altagracia ya alcanzó la inmunidad de rebaño. Por otra parte, hasta este jueves se había vacunado al 50,8% de la población con al menos una dosis. Esto corresponde a 5.4 millones de habitantes. De ellos, 3.9 han recibido la pauta completa. (mov)
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