El 16 de agosto de 2024, Luis Abinader asumió su segundo mandato (2024/2028) como presidente de República Dominicana en una ceremonia cargada de simbolismo y expectativas. Con una visión renovada y un compromiso firme con el desarrollo del país, Abinader se enfrenta a una serie de desafíos que definirán su legado y el futuro de la nación.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asumirá su segundo y último período de gobierno con la vista puesta en una reforma constitucional y fiscal, que han generado expectación y críticas en el país.
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La reforma constitucional, que sería la cuarta de este siglo, tiene como objetivos principales impedir cambios a las reglas de elección presidencial, consolidar la independencia del Ministerio Público, reducir el número de diputados y unificar la celebración de elecciones.
Abinader ha defendido esta iniciativa como una medida para consolidar los principios de democracia, transparencia e institucionalidad, y no como una reforma coyuntural impulsada por necesidades político-partidarias.
La primera de estas reformas busca establecer un artículo transitorio que impida la modificación de los términos de la elección presidencial, garantizando que no se pueda continuar en el poder más allá del 2028. Esta medida busca evitar la concentración de poder y garantizar la estabilidad política en el país.
Otra propuesta es unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para que se celebren el mismo día a partir del 2032. Esta medida busca ahorrar recursos al Estado y aumentar la eficiencia en el proceso electoral.
La reducción del número de miembros de la Cámara de Diputados es otro de los planteamientos de la reforma. Se busca eliminar 53 diputaciones, quedando una matrícula total de 137 legisladores, de los 190 que hay ahora. Esta medida busca aumentar la eficiencia y la representatividad en el Congreso Nacional.
La reforma más polémica es la que busca «consolidar la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo». Esta propuesta plantea que el procurador sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, y también sacar al procurador del consejo. Esta medida busca garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar la influencia política en la justicia
Por otro lado, Abinader también tiene en la mira una reforma fiscal, que ha sido postergada durante años. La República Dominicana necesita una reforma fiscal para captar más inversión y aumentar los ingresos tributarios, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reforma fiscal también debería incluir la adopción de una regla fiscal que establezca límites sobre la deuda pública a largo plazo.
Uno de los principales objetivos de Abinader es la reducción de la pobreza, un problema que afecta a una parte significativa de la población dominicana. Durante su primer mandato, se implementaron diversas políticas sociales y programas de asistencia, pero la pobreza sigue siendo un desafío persistente, especialmente en las áreas rurales y urbanas marginadas.
Abinader ha prometido intensificar los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, enfocándose en la creación de empleos, el acceso a la educación y la salud, y el desarrollo de infraestructuras básicas.
La gestión de la deuda pública es uno de los desafíos más críticos que enfrenta el gobierno de Abinader. Con una deuda que supera los 39 mil millones de dólares, la administración deberá implementar políticas fiscales responsables y buscar mecanismos para reducir el endeudamiento sin sacrificar el crecimiento económico.
Este equilibrio será fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo.
La inflación y la inseguridad son dos de las preocupaciones más acuciantes para los dominicanos. Durante su discurso de juramentación, Abinader reconoció la necesidad de abordar estos problemas de manera urgente. La inflación ha afectado el poder adquisitivo de las familias, y la inseguridad sigue siendo una amenaza constante en muchas comunidades.
El presidente ha prometido reforzar las políticas de seguridad y adoptar medidas económicas que ayuden a controlar la inflación, protegiendo así el bienestar de los ciudadanos.
La transparencia y la legitimidad son aspectos fundamentales para el éxito de cualquier gobierno. En su segundo mandato, el presidente deberá redoblar los esfuerzos para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en su liderazgo.
Esto implicará una mayor rendición de cuentas, la implementación de políticas anticorrupción y la promoción de una cultura de integridad en todos los niveles del gobierno.
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