A ojos de Donald Trump y sus abogados, el registro que llevó a cabo el FBI el pasado 8 de agosto en su casa en Mar A Lago, Florida, se trató de una «irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense», por lo que solicitó a una corte de Florida la supervisión del registro que incluye la designación de un «maestro especial» a cargo, un recibo más detenido de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.
El expresidente ha insistido en que todos los documentos que se llevó de la Casa Blanca al finalizar su mandato, y que se encontraban en su residencia, habían sido previamente desclasificados.
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La orden de registro divulgada evidenció que Trump se llevó material clasificado de la Casa Blanca a su residencia; dicha orden enlista los delitos en los que puede estar incurriendo: violación a la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y destrucción de documentos.
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Otra de las quejas del exmandatario es que los agentes del FBI «exigieron que apagaran las cámaras de seguridad, una solicitud que legítimamente» negaron y que evitaron que sus abogados observaran lo que se estaban llevando.
También denunció que tomaron documentos que están amparados por el privilegio abogado-cliente, pasaportes y que además abrieron una caja fuerte suya.
La moción presentada ante una corte de Florida busca que el Departamento de Justicia «detenga de inmediato la revisión de los documentos incautados ilegalmente de mi casa» y que un «maestro especial» supervise el manejo del material incautado.
Entre tanto, el juez federal que decide si divulgar las razones por las que el FBI registró Mar A Lago reiteró este lunes que tiene interés en publicarlas pero aún no ha decidido hacerlo.
Nota del Editor: De acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil de los Estados Unidos, la figura de un «maestro especial» (Regla 53), explica que se trata de una figura nombrada por un tribunal que cuente con la aprobación de las partes, para la supervisión del caso y a su vez, informar oportunamente al tribunal.
El juez federal que decide si divulgar las razones por las que el FBI registró Mar A Lago, la residencia del expresidente en Florida, tiene interés en publicarlas pero aún no ha decidido hacerlo.
El juez Bruce Reinhart detalló que esperará el texto que ordenó a la Fiscalía entregar, ocultando los datos más sensibles que puedan afectar la investigación.
Reinhart, quien en la audiencia del jueves pasado, en West Palm Beach, se mostró inclinado a publicar la declaración jurada con partes sensibles ocultas, señala este lunes que analizará el hecho porque podría resultar que el texto quede «sin sentido» para los medios que han pedido su divulgación.
La declaración jurada describe la evidencia en la que se basó el Departamento de Justicia para justificar el registro de la casa del expresidente el pasado 8 de agosto.
Redacción Revista Mercado, con información de EFE
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