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[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_text_separator title=» LUIS-HENRY MOLINA, PRESIDENTE CONSEJO DEL PODER JUDICIAL»][vc_column_text]El término justicia se define de manera sencilla: otorgar a cada persona (física o jurídica) lo que se merece. De su impartición depende la competitividad sistémica del país, que la seguridad pública mantenga niveles aceptables y que las libertades civiles permanezcan. El encargado de los tribunales es el Poder Judicial y Luis-Henry Molina carga sobre sus espaldas la tarea de rescatar del descrédito a esa institución.
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“Somos nosotros los jueces quienes, día tras día, echamos adelante el andamiaje judicial del país en las salas de audiencia, en los despachos judiciales, amparados por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Al valorar las pruebas que se nos presentan y redactar los fallos como terceros imparciales. La justicia no es otra cosa que el trabajo de todos nosotros. Por ello, al asumir la dirección de este poder del Estado, he visitado cada uno de los tribunales del país para reconocer de primera mano los problemas que como jueces enfrentamos. Me he esforzado por contar con los detalles de la realidad que tantas veces se esconde detrás de las estadísticas. De este valioso diálogo, se nutre parte importante de los planteamientos que hoy debo presentar”, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Una enfermedad grave del sistema judicial se ha vuelto crónica y amenaza el sentido mismo de la administración de justicia, de acuerdo a lo que admite Molina, “hablo de la mora o retardo judicial. El problema se manifiesta a lo largo y ancho del sistema y relativamente pocos tribunales han podido librarse de él en tiempo”.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]Una mirada a fondo revela un cuadro inquietante. Observar los casos presentados en casación pone en relieve el curso de largos años que muchos de esos asuntos han debido recorrer. Entre ellos hay procesos iniciados hace más de una década. En la propia Suprema Corte de Justicia, solo en esa alta corte, se han acumulado 18,357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución. Varios de ellos aguardan por sentencia desde el siglo pasado.
“Es falso el dilema que contrapone la celeridad en la solución de las controversias a la calidad y pertinencia de los fallos. Al contrario, estos pueden y deben ser prontos y estar bien construidos.
La demora en la solución de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento, atenta contra la dignidad de las personas, y nos priva de la seguridad jurídica indispensable para una convivencia pacífica, próspera y democrática”, explica. Para enfrentar el flagelo de la mora judicial, el juez considera que debe hacerse cargo de las debilidades de gestión que impiden cumplir de manera oportuna sus funciones. “Al estudiar durante estos meses la forma en que organizamos nuestro trabajo, es posible afirmar que adolecemos de serios problemas en la distribución de la carga judicial, así como en la asignación de presupuesto para cada nivel del sistema”. El Poder Judicial cuenta con un presupuesto de RD$8,000 millones de pesos.
¿Cómo abordaría Molina los desafíos de gestión que tiene por delante? “La planificación estratégica que hemos llevado a cabo, Visión Justicia 20/24, toca cada instancia de nuestro sistema.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]Aborda los distintos problemas que resultaron de un gran número de consultas con los usuarios y usuarias del sistema judicial. Para fortalecer nuestro rol y la capacidad de cumplirlo, este proceso de transformación requiere tiempo, continuidad y estabilidad”, expresa el presidente del Consejo del Poder Judicial.
Molina les pide actuar con rigor a sus colegas jueces, al enfrentar maniobras dilatorias injustificadas y reclamaciones carentes de fundamento. “¡Qué no les tiemble el pulso! Erradiquemos estas prácticas, pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de administrar justicia bien servida. La garantía de integridad que las personas esperan es que seamos jueces y juezas apegados al Derecho. Comprendamos de una vez, no es el interés de unos pocos intervinientes el que defendemos, sino el interés superior de la justicia”, dijo a manera de consigna en un discurso de principios de 2020.
Considera que el destino de la justicia, así como el respeto y confianza del país, reposan sobre sus hombros. Enfrentar la mora judicial, garantizar la dignidad en el trato a quienes desde su vulnerabilidad acuden en busca de justicia y preservar la integridad de juezas y jueces, es un desafío. “Como en tantas ocasiones, tendremos que trabajar más allá de horarios y agendas predefinidas. Muy por sobre lo que legalmente estamos obligados a hacer. Es necesario”.
Parte de lo pendiente para los tribunales es convencer a la opinión pública que se les puede confiar el conocimiento de la corrupción administrativa, el narcotráfico con escala internacional y crímenes de alta tecnología. CG[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=»42801″ img_size=»large» alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
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