El Poder Ejecutivo de República Dominicana ha presentado un nuevo proyecto de ley ante el Senado, que busca modernizar y actualizar el Código de Trabajo. Esta iniciativa, enmarcada dentro de las reformas que impulsa el presidente Luis Abinader, pretende mejorar las relaciones entre empleadores y empleados, ampliando los derechos de los trabajadores y adaptando la legislación a las nuevas realidades laborales.
La propuesta ha sido depositada por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, en representación del mandatario, y destaca por su alcance en los cambios propuestos en diversas áreas clave del ámbito laboral.
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Uno de los objetivos centrales del proyecto de ley es la actualización de principios del Código Laboral, especialmente en lo que respecta a las vacaciones y la jornada laboral. Bajo la normativa vigente, los trabajadores que han laborado de manera continua por un año o más tienen derecho a 14 días de vacaciones remuneradas. Sin embargo, la nueva propuesta busca mejorar estas condiciones al ofrecer 15 días de vacaciones para quienes hayan trabajado tres años o más.
El régimen propuesto establece las siguientes condiciones:
14 días laborables con salario para trabajadores con un año de servicio continuo, pero menos de tres años.
15 días laborables con salario para aquellos que hayan trabajado entre tres y cinco años de manera continua.
15 días laborables con 18 días de salario para empleados con más de cinco años de servicio continuo.
Estas reformas permitirían una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la relación laboral, beneficiando a la clase trabajadora dominicana al tiempo que otorgan estabilidad y claridad en los términos de las vacaciones y la remuneración.
Una de las modificaciones más notables introducidas en el proyecto de ley es la inclusión de nuevas prohibiciones para los empleados en sus lugares de trabajo. Estas regulaciones, que serían añadidas al artículo 45 de la Ley 16-92, se orientan a promover un ambiente laboral seguro y productivo. Entre las prohibiciones más relevantes se incluyen:
Estas medidas buscan fomentar un ambiente de trabajo más seguro y profesional, reduciendo potenciales riesgos y mejorando la convivencia entre los empleados.
El tema del régimen de cesantía ha sido uno de los puntos más discutidos en torno a esta reforma. Actualmente, la cesantía representa una obligación significativa para los empleadores, lo que, según algunos sectores, afecta la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana (COPARDOM), ha expresado su preocupación por este aspecto, afirmando que el régimen actual limita las oportunidades de desarrollo, incrementa los costos laborales y pone en riesgo la creación de empleo formal.
COPARDOM también valora el diálogo tripartito en el Consejo Consultivo de Trabajo, pero enfatiza la necesidad de encontrar un equilibrio entre la modernización de las leyes laborales y la protección de los derechos de los trabajadores. Según la organización, los procedimientos, la jornada laboral y los costos derivados de la relación de trabajo son áreas cruciales para lograr una legislación laboral actualizada que permita a las empresas ser más competitivas.
La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) ha manifestado su sorpresa y preocupación por la decisión del gobierno de presentar el proyecto de reforma laboral en un momento en que el país se encuentra inmerso en debates sobre la reforma fiscal y constitucional.
El presidente de ADOEXPO, Karel Castillo, considera que la presentación de esta reforma laboral es «apresurada» y que puede generar incertidumbre en el sector productivo.
ADOEXPO advierte que la reforma, en su estado actual, podría afectar negativamente la estabilidad de las empresas, restando competitividad y deteriorando el clima de inversión. Asimismo, se ha señalado que aún existen temas no consensuados, como el de la cesantía, que es de gran importancia para todos los sectores productivos.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su posición sobre el Proyecto de Ley de Modernización y Actualización del Código de Trabajo. La AIRD insiste en que el ajuste a la cesantía propuesto por el sector empresarial debe ser una parte integral de esta importante reforma.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, argumentó que es crucial adaptar el auxilio de cesantía al contexto actual, ya que en su formato vigente frena la generación de empleos formales en la economía. La propuesta del sector empresarial se aplicaría únicamente a los nuevos empleos generados a partir de la aprobación de esta reforma, sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores actualmente en nómina.
Pujols destacó que este es un reclamo constante de todo el sector industrial, independientemente del subsector o del tamaño de las empresas. La AIRD confía en que el Senado les dará el espacio para compartir su parecer sobre el proyecto y la oportunidad de explicar en detalle su propuesta.
Una de las innovaciones más importantes de la reforma es la inclusión de nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo. Este cambio responde a la creciente digitalización y al auge del trabajo remoto, que se ha consolidado tras la pandemia de COVID-19.
La legislación propuesta también amplía la licencia por paternidad, otorgando a los padres más tiempo para estar con sus recién nacidos, y mejora las condiciones laborales para los empleados domésticos, que incluirán más de 200 mil trabajadoras en el sistema de seguridad social.
Estas medidas reflejan un enfoque moderno y progresista que busca mejorar las condiciones de trabajo para un mayor número de personas, al tiempo que adapta la legislación a las demandas actuales del mercado laboral.
Otro de los objetivos clave de la reforma es la reducción de la judicialización de las relaciones laborales. El proyecto pretende eliminar acciones legales temerarias y facilitar el pago de los derechos a los trabajadores, evitando embargos injustificados. Esta simplificación de los procesos legales busca reducir los costos y el tiempo involucrado en la resolución de disputas laborales, beneficiando tanto a los trabajadores como a los empleadores.
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