El sistema eléctrico es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de cualquier país. En República Dominicana, aunque se han registrado avances significativos en generación y cobertura, persiste un problema estructural que amenaza la sostenibilidad del sistema, la “deuda cultural” de consumir sin pagar.Este fue el eje del One to One presentado por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), durante el Energy Summit 2025, en conversación con Marisol Vicens, socia senior de Headrick.
Marranzini destacó que la cobertura eléctrica ha aumentado del 89% en 2019 al 98% en 2024, incluso abarcando a quienes no pagan por el servicio. Esto significa que se entrega más energía que nunca antes, pero sin la retribución necesaria.
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Aquí hay una parte de la población que cumple fielmente con su pago de factura. Sin embargo, hay otras en todos los estratos sociales donde entienden que la electricidad es un bien divino que no se paga”, afirmó Celso Marranzini.
El problema no es solo financiero, sino cultural, existe una percepción distorsionada sobre el acceso gratuito a la electricidad, lo que incrementa el consumo y afecta directamente la sostenibilidad del sistema. Según Marranzini, actualmente las distribuidoras compran energía a 15.5 centavos el kilovatio y la venden a 16, sin generar márgenes de ganancia reales. A ello se suma un índice de pérdidas (técnicas y no técnicas) de 37%, que se espera reducir al 28% para 2027.
Marranzini se refirió a la nacionalización del sistema eléctrico durante la dictadura de Trujillo como uno de los hitos que marcó negativamente la percepción del servicio. A diferencia del sector telecomunicaciones, que permaneció privatizado y competitivo, el eléctrico fue intervenido por el Estado, generando décadas de ineficiencia y dependencia del subsidio.
También apuntó a la falta de continuidad en las gestiones administrativas como un obstáculo clave. “En los últimos cuatro años ha habido cuatro presidentes en las empresas distribuidoras. Ninguna empresa puede funcionar así”, sentenció. Esta inestabilidad ha limitado el diseño de estrategias de largo plazo y fomentado un modelo clientelista, más político que técnico.
Durante su intervención, Marranzini propuso varias medidas para atacar de raíz esta cultura del no pago:
En su análisis, Marranzini insistió en que el subsidio actual (alrededor de 1,600 millones de dólares) beneficia incluso a quienes no lo necesitan, debido a un esquema tarifario desactualizado. Propuso retomar los compromisos del Pacto Eléctrico para aplicar tarifas técnicas que reflejen el costo real del servicio, sin politización.
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Más allá de la tecnología o las tarifas, el verdadero reto, según Marranzini, es construir una nueva cultura de consumo responsable, basada en el principio de pagar por lo que se consume. “Hay que dar ejemplos fuertes, duros, que la gente le coja el ojo a robarse la energía”, declaró con firmeza.
Para lograrlo, abogó por continuidad institucional, políticas públicas coherentes, participación del sector privado y un compromiso real desde todos los niveles del Estado.
El caso dominicano demuestra que los desafíos del sistema eléctrico no son solo técnicos o financieros, sino profundamente culturales. La “deuda cultural” de consumir sin pagar es un obstáculo que impide que el país alcance un modelo energético sostenible. Resolver este problema implica no solo mejorar la infraestructura y aplicar tarifas justas, sino también cambiar la mentalidad colectiva.
Como dijo Marranzini, “la función nuestra es servir electricidad con eficiencia”, pero para lograrlo, el país necesita asumir una responsabilidad compartida entre ciudadanos, empresas y gobierno. La sostenibilidad del sistema dependerá, en última instancia, de la voluntad de todos por romper con viejos hábitos y abrazar una nueva forma de entender el consumo eléctrico.
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