Reforma Fiscal: Un giro necesario para mejorar clima de negocios

La política fiscal del país necesita de un giro que enfrente sus problemas estructurales de fondo. Y ese giro, para ser efectivo, debe tener el objetivo de mejorar el clima de negocios, abaratando costos a las empresas y, por tanto, promoviendo la competitividad.

De ahí parte el análisis que sobre la realidad fiscal dominicana hace el economista Miguel Collado di Franco. “Como porcentaje del producto interno bruto, la deuda del sector público consolidado se ha deteriorado y desde 2016 es consistente, por encima del 50 % y a septiembre de este año es del 69 %”.

Ese, empero, no es el indicador más adecuado para evaluar la realidad del problema fiscal. El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), utiliza otro que refleja la dura realidad: “en CREES utilizamos una métrica que tiene mayor validez y que calificadoras como Moody’s y Fitch ya la están empleando y que es el pago de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios del Gobierno central y refleja cómo impacta el endeudamiento a las finanzas públicas.”

Ese indicador ha sufrido un deterioro significativo este año, saltando al 31 % desde 23 % del año 2019. Eso significa un aumento de ocho puntos, muy elevado en circunstancias normales, pero que parece justificable en un año como este, en el que la crisis del covid-19 permeó todos los sectores y redujo sensiblemente los ingresos del Estado.

Pero a pesar de esa circunstancia, ya era alto ese indicador, en el año 2019, enfatiza Collado. De hecho, era el cuarto más alto de Latinoamérica, detrás de los registrados por Costa Rica, Argentina y Brasil. Significa que por cada RD$100 de ingresos tributarios, el país tenía que destinar RD$23 a pagar intereses. Y en el 2020, ya son RD$31. Una reforma estructural como la que precisa la economía dominicana requiere de dos componentes, sostiene el economista: una Ley de Responsabilidad Fiscal y una reforma al Código Tributario. De hecho, la primera ya se presentó al Congreso, en el año 2013.

Este proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal incluye como corazón de su funcionamiento tres reglas fiscales: la del gasto público, la del déficit fiscal y la de endeudamiento público. Las reglas se diseñan para fijar límites en cada una de sus áreas. Las reglas fiscales tienen una “cláusula de escape”, precisa Collado. La misma se origina en que se tiene en consideración que República Dominicana está en el Caribe “y puede ser golpeada por fenómenos de la naturaleza”.

Ante una situación de esas, que golpeara seriamente al país, se verían disminuidos sus ingresos tributarios y, por ende, no se podrían cumplir las reglas fiscales. Sin embargo, esa cláusula solo puede aplicarse por un máximo de tres años consecutivos. Otro componente importante de la responsabilidad fiscal es la creación de un fondo soberano de estabilidad y sostenibilidad fiscal, “que se alimentaría de ingresos extraordinarios como venta de activos y el 80 % de los ingresos por concepto minero, que ahora van a gasto corriente”. Este fondo se usaría para reducción de la deuda, para capitalización del Banco Central y para atención a la población en casos de desastres naturales. El segundo punto de la reforma estructural es el referente al nuevo Código Tributario. Y el principio que debe guiarlo es “que sea sencillo, algo que no sucede con el actual”. Ley de Responsabilidad Fiscal.

Lo engorroso del sistema actual se manifiesta en un ejemplo, que cita Collado. “el tiempo necesario para que una empresa pague sus impuestos en República Dominicana es de 317 horas al año”, una cifra por encima de las que tienen los países de Centroamérica, según el Doing Business. El segundo objetivo es el de incrementar la capacidad productiva y generar más empleos formales.

Igualmente, hay que reducir el incentivo a la informalidad, la evasión y la elusión. Como consecuencia de los anteriores, se incrementará la recaudación fiscal, en razón de la mayor actividad productiva y la ampliación de bases. Las tasas se reducirían así: de 25 % a 20 % para personas físicas, y de 27 a 20 % para empresas. Además, del 20 % se llevarían al 15 % al tercer año de vigencia de la ley. Y en cuanto a los anticipos, la idea es reducirlos de doce a cuatro por año.