El Índice de Libertad Económica 2025, elaborado por The Heritage Foundation, evalúa el grado de libertad económica en 184 países. Este índice se basa en cuatro pilares fundamentales: estado de derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados. En este contexto, América Latina presenta una diversidad notable en cuanto a niveles de libertad económica.
Chile lidera la región con una puntuación de 73.2, ubicándose en el puesto 18 a nivel mundial. Este resultado lo clasifica como un país «mayormente libre». Este logro se atribuye a políticas económicas sólidas y a un entorno favorable para los negocios. Sin embargo, se han identificado desafíos en áreas como la protección de los derechos de propiedad.
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Uruguay ocupa el segundo lugar en la región y el 29 a nivel mundial, con una puntuación de 70.2. Su estabilidad política y social, junto con instituciones sólidas, han contribuido a este desempeño. Estas características fomentan un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico.
Costa Rica, con una puntuación de 68.6, se sitúa en el cuarto lugar regional y 41 a nivel mundial. Su enfoque en la sostenibilidad y la educación ha sido fundamental para su desarrollo económico. Además, su estabilidad política ha generado confianza en los mercados internacionales.
Perú ocupa el cuarto lugar en la región con un puntaje de 65.9, situándose en el puesto 54 global. Su crecimiento económico sigue impulsado por un entorno favorable para la inversión privada.
Panamá, con un puntaje de 65.5, ocupa el puesto 56 en el mundo. Su economía se beneficia de la estabilidad financiera y la conectividad logística.
Paraguay se ubica en la sexta posición regional con un puntaje de 65.2, colocándose en el puesto 59 a nivel global. Su economía se caracteriza por una política fiscal estable, bajos impuestos y un sector agroindustrial competitivo. Además, el crecimiento de la inversión extranjera ha sido clave en los últimos años.
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República Dominicana se encuentra en el séptimo lugar regional con un puntaje de 64.3, situándose en la posición 65 global. La modernización de su marco regulatorio y la expansión de sectores clave como el turismo y las zonas francas han fortalecido su libertad económica.
A su vez, la inversión extranjera directa ha crecido de manera sostenida, lo que ha favorecido el desarrollo del país en los últimos años. Sin embargo, el reto sigue siendo mejorar la eficiencia del gasto público y reducir la burocracia para incentivar más negocios.
México ocupa el noveno puesto en la región con un puntaje de 61.3, ubicándose en el puesto 80 del mundo. La seguridad y la burocracia siguen siendo retos para mejorar su competitividad.
Colombia, en la posición 10 de Latinoamérica y 89 global, obtuvo un puntaje de 59.8. Su economía enfrenta obstáculos en regulación y eficiencia judicial. Para atraer más inversión, estos países deben trabajar en mejorar la seguridad jurídica y reducir la corrupción.
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Haití, Bolivia, Venezuela y Cuba se encuentran en las últimas posiciones del ranking. Estos países presentan un alto grado de intervención estatal y baja seguridad jurídica.
Venezuela y Cuba ocupan los últimos lugares con puntajes de 27.6 y 25.4, respectivamente. Esto refleja economías altamente reprimidas y con mínima apertura al mercado. Estas condiciones limitan el crecimiento y desincentivan la inversión privada.
Los países con mayor libertad económica tienden a atraer más inversión y generar empleo. Factores como la estabilidad política, la eficiencia regulatoria y la protección de la propiedad privada son fundamentales para el crecimiento.
En 2025, Chile, Uruguay y Costa Rica marcan el camino para una economía más abierta en la región. Para seguir mejorando, los gobiernos deben continuar fortaleciendo sus instituciones y promoviendo la competencia en los mercados.
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