La desigualdad económica en Latinoamérica sigue siendo un problema estructural de grandes dimensiones. Un reciente informe de Oxfam, titulado ‘El saqueo continúa: Pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo’, ha puesto de manifiesto una alarmante realidad: los países del sur global destinan el 48 % de sus ingresos anuales al pago de deuda pública, mientras que la inversión en educación apenas alcanza el 6 %. Este dato subraya la urgente necesidad de replantear la distribución de los recursos y la aplicación de políticas económicas más equitativas.
En el contexto latinoamericano, la deuda pública se ha convertido en una trampa que limita el desarrollo de las naciones. Instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han otorgado préstamos a lo largo de las décadas que, en muchos casos, resultan impagables. Según Oxfam, estas deudas han sido estructuradas de manera que perpetúan la dependencia económica y restringen la inversión en sectores esenciales como la educación y la salud.
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La directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, ha enfatizado que estas deudas no solo son una carga financiera, sino que también representan un mecanismo de transferencia de riqueza del sur hacia el norte global. Este flujo de capital perpetúa un sistema en el que las economías más desarrolladas siguen beneficiándose a expensas de los países en vías de desarrollo.
Mientras millones de latinoamericanos viven con menos de 6.85 dólares al día, la región cuenta con 98 milmillonarios, y la persona más rica de Latinoamérica posee una fortuna superior a los 300 millones de dólares. Este nivel de desigualdad es insostenible y responde a un sistema que favorece la acumulación de riqueza en manos de unos pocos mientras la mayoría lucha por satisfacer sus necesidades básicas.
Oxfam sostiene que la solución no radica en eliminar a los milmillonarios, sino en establecer mecanismos que redistribuyan la riqueza de manera más equitativa. Según cálculos de la organización, si los milmillonarios de la región perdieran el 90 % de su riqueza, seguirían siendo millonarios, lo que demuestra que los impuestos a las grandes fortunas podrían ser una medida efectiva sin generar un impacto drástico en su calidad de vida.
Ante esta situación, Oxfam ha propuesto tres medidas clave para reducir la desigualdad económica:
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Para lograr estos cambios, Oxfam sugiere la creación de un acuerdo fiscal internacional bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Este marco permitiría la cooperación entre países para erradicar los paraísos fiscales y asegurar que las grandes corporaciones y fortunas contribuyan de manera justa al desarrollo de las economías donde operan.
Además, es fundamental reformar los organismos financieros internacionales para garantizar una representación equitativa de los países en desarrollo. Actualmente, las decisiones en instituciones como el FMI y el Banco Mundial están dominadas por las economías más ricas, lo que perpetúa políticas que favorecen sus intereses en detrimento de las naciones con menores recursos.
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Uno de los datos más alarmantes del informe de Oxfam es que el país que más invierte en educación en Latinoamérica apenas destina un 6 % de su presupuesto a este sector. Esto contrasta drásticamente con el 48 % que se destina al pago de la deuda, evidenciando una profunda crisis en las prioridades gubernamentales.
La educación es una herramienta clave para reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, con presupuestos tan limitados, los sistemas educativos en la región enfrentan problemas de infraestructura, bajos salarios para los docentes y una falta de acceso generalizado a una educación de calidad.
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Para modificar esta realidad, es necesario que los gobiernos latinoamericanos adopten una postura firme frente a los monopolios económicos y las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. García-Parra subraya que una economía en la que existen milmillonarios no puede considerarse saludable, ya que esto implica una concentración extrema de la riqueza.
Asimismo, hace un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el tipo de líderes que eligen. Es imprescindible que la ciudadanía deje de votar por gobernantes que representan los intereses de las élites y que, en cambio, apoyen a aquellos comprometidos con políticas de redistribución y justicia social.
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