El reciente aval a la reelección presidencial indefinida en El Salvador ha reavivado un debate histórico en América Latina: ¿es este mecanismo una expresión de soberanía popular o un paso hacia el autoritarismo? La reforma constitucional, aprobada en tiempo récord por una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, permite al presidente Nayib Bukele aspirar a perpetuarse en el poder, extendiendo además su mandato de cinco a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral. El caso salvadoreño no es aislado. Es el último eslabón de una cadena de cambios constitucionales en la región que, bajo el discurso de la «voluntad popular», han allanado el camino para la concentración de poder.
Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador ya transitaron por esta senda, con resultados que oscilan entre la erosión democrática y crisis políticas profundas.
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La reforma en El Salvador fue aprobada el 1 de agosto de 2025 con 57 votos a favor de los 60 diputados en la Asamblea, donde el partido Nuevas Ideas de Bukele tiene mayoría calificada. Los cambios incluyen:
La eliminación de la prohibición de reelección inmediata, permitiendo a Bukele postularse nuevamente en 2033.
La extensión del mandato presidencial de cinco a seis años, alineándolo con el ciclo electoral legislativo.
La supresión de la segunda vuelta, facilitando victorias por simple mayoría.
Bukele, quien ya fue reelecto en 2024 gracias a un polémico fallo judicial que sorteó la prohibición constitucional vigente en ese momento, justificó la medida comparándola con sistemas parlamentarios europeos:
El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno», escribió en X.
Sin embargo, expertos señalan que la comparación es engañosa: en sistemas presidencialistas, donde el Ejecutivo y el Legislativo se eligen por separado, la reelección indefinida tiende a debilitar los contrapesos.
El fenómeno no es nuevo. En las últimas dos décadas, varios países de la región modificaron sus constituciones para permitir la reelección indefinida, casi siempre bajo gobiernos con amplio control legislativo y judicial.
En 2009, Hugo Chávez impulsó un referéndum para eliminar los límites de mandatos, argumentando que «el pueblo debe decidir». Aunque en 2007 una reforma similar había sido rechazada, en 2009 logró su objetivo. Nicolás Maduro, su sucesor, ha usado este mecanismo para mantenerse en el poder desde 2013, en medio de denuncias de fraude electoral y represión.
Daniel Ortega, presidente desde 2007, reformó la Constitución en 2014 para permitir la reelección indefinida. Con control absoluto de las instituciones, ha ganado tres elecciones consecutivas (2011, 2016, 2021), estas últimas marcadas por la persecución de opositores y el cierre de medios críticos.
Evo Morales gobernó desde 2006 hasta 2019. En 2016, el Tribunal Constitucional —con magistrados afines— declaró que los límites de mandato violaban sus «derechos políticos», permitiéndole postularse para un cuarto período. Sin embargo, su intento de perpetuación desató protestas y una crisis que terminó con su renuncia.
Rafael Correa (2007-2017) promovió en 2015 una reforma para permitir la reelección indefinida, pero fue derrotado en las urnas. Aun así, su influencia en la Corte Constitucional permitió que su sucesor, Lenín Moreno, revirtiera el cambio en 2018, restableciendo los límites.
Los defensores de la reelección indefinida argumentan que es una expresión de soberanía popular. «El poder pertenece al pueblo», dijo la vicepresidenta del Congreso salvadoreño, Suecy Callejas. Pero la evidencia regional muestra riesgos claros:
Concentración de poder: Sin límites, los presidentes controlan instituciones clave, como el Legislativo y el Judicial.
Debilitamiento electoral: Se manipulan procesos electorales, se persigue a la oposición y se silencia a la prensa crítica.
Crisis de legitimidad: Como en Bolivia (2019) o Nicaragua (2021), la perpetuación genera inestabilidad.
Corea del Norte, por otro lado, es un estado de partido único gobernado por el Partido del Trabajo de Corea, donde el liderazgo se transmite de forma hereditaria y no existen elecciones libres ni competitivas.
El líder actual, Kim Jong-un, ejerce el poder sin límite de tiempo. Aunque existen estructuras como la Asamblea Popular Suprema, estas funcionan como órganos simbólicos sin capacidad real de control. En la práctica, la reelección es indefinida y automática, y el poder se concentra en la figura del líder supremo.
En Rusia existe actualmente la posibilidad de reelección presidencial indefinida en la práctica, aunque técnicamente está limitada a dos mandatos consecutivos. Sin embargo, esta restricción fue modificada por reformas constitucionales impulsadas por el presidente Vladimir Putin..
Mientras El Salvador sigue los pasos de Venezuela y Nicaragua, otros países han optado por reforzar los límites al poder ejecutivo. En México, la reelección presidencial está prohibida; en Chile, solo se permite una vez, de manera no consecutiva.
La pregunta clave es si la ciudadanía aceptará estas reformas o si, como en Bolivia, surgirán movimientos que exijan alternancia. Por ahora, la popularidad de Bukele —basada en su política de «mano dura» contra las pandillas— parece blindarlo de críticas. Pero la historia latinoamericana sugiere que, cuando un líder se eterniza, la democracia suele ser la primera víctima.
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