Francia atraviesa una de las crisis políticas y económicas más profundas de su historia reciente. La dimisión del primer ministro François Bayrou, tras perder una moción de confianza con 364 votos en contra y solo 194 a favor, marca un nuevo episodio de inestabilidad institucional bajo el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron. Este hecho, ocurrido el 9 de septiembre, representa la tercera vez desde 1958 que un jefe de gobierno es destituido por el Parlamento, y el cuarto gobierno caído en apenas dieciocho meses.
La situación revela tres problemas estructurales que amenazan la gobernabilidad del país: el desgaste del modelo social, una deuda pública fuera de control y una creciente fractura política y social.
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Tras la dimisión de Bayrou, Macron nombró a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. Con 39 años y hasta ahora ministro de Defensa, Lecornu es considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente. De hecho, Macron ya había contemplado su nombramiento en diciembre de 2024, pero optó por Bayrou en un intento de apaciguar las tensiones parlamentarias.
Según el comunicado oficial del Elíseo, Lecornu tiene la misión de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para lograr la aprobación del presupuesto nacional y construir acuerdos esenciales para las decisiones que se tomarán en los próximos meses. Su nombramiento busca restaurar la estabilidad política y evitar una nueva parálisis legislativa.
Francia vive una crisis de identidad colectiva, marcada por el desencanto de los jóvenes titulados que contemplan emigrar ante la falta de oportunidades. A esto se suman tensiones étnicas y raciales, alimentadas por discursos que responsabilizan a los extranjeros de la crisis económica.
Esta pérdida de confianza en el sistema político y en la democracia está erosionando el tejido social, debilitando el sentido de pertenencia y la voluntad de construir un proyecto común.
Las protestas y bloqueos anunciados para esta semana (desde el 10 de septiembre) son solo una manifestación superficial de un mal más profundo: la desconexión entre la ciudadanía y sus representantes. La falta de perspectivas y el sentimiento de abandono están generando una sociedad fragmentada, donde cada vez menos personas se identifican con el cuerpo social francés.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha construido un modelo de Estado social basado en la gratuidad de servicios como la sanidad y la educación. Este sistema ha sido durante décadas el pegamento de la sociedad francesa. Sin embargo, la percepción de que estos servicios son realmente gratuitos ha generado una cultura de dependencia que hoy resulta insostenible.
La realidad es que estos servicios se financian con impuestos y deuda pública. Ningún líder político ha querido asumir el costo de desmontar este mito, lo que ha llevado a una parálisis legislativa. La falta de voluntad para reformar el modelo social ha convertido el debate político en un terreno fértil para el populismo y la demagogia.
Por otro lado, la deuda pública francesa ha alcanzado el 116 % del PIB, superando los 3,3 billones de euros. El gasto público representa cerca del 60 % de la economía nacional, y el déficit presupuestario de 2024 cerró en un alarmante 5,8%. La promesa de Bayrou de reducirlo al 4,6% para 2026 ha sido calificada como irreal por analistas financieros.
Según Crédit Agricole, ningún gobierno francés tiene actualmente la fuerza política para aprobar un presupuesto con un déficit inferior al 5,2 %. Cualquier intento de consolidación fiscal más severo provocaría una nueva crisis política, como lo demuestran las caídas sucesivas de los últimos gobiernos.
La estabilidad política y el rigor financiero parecen ser incompatibles en el contexto actual.
El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, enfrenta el desafío de aprobar la ley de presupuestos antes del 7 de octubre. Sin embargo, se verá obligado a negociar compromisos que limitarán cualquier esfuerzo serio de reducción del gasto.
La inestabilidad política amenaza con volverse crónica, y cuanto más se intenta mantener la cohesión, menos margen queda para abordar la deuda.
La crisis actual es, en esencia, una crisis del modelo social francés. La educación pública está en decadencia, con padres que optan cada vez más por colegios privados. El sistema sanitario sufre escasez de médicos y una reducción progresiva en los reembolsos.
A pesar de esta realidad, ningún actor político quiere asumir el riesgo de declarar que el modelo ha fracasado.
Mientras tanto, los partidos populistas como el Nouveau Front Populaire (izquierda) y el Rassemblement National (derecha) dominan el escenario político, con el 60 % de los votos en las elecciones legislativas de 2024. Ambos prometen mantener el Estado del bienestar sin haber gobernado, lo que les permite multiplicar promesas sin enfrentar la realidad fiscal. Los gobiernos centristas, por su parte, se han desacreditado por su incapacidad para resolver la crisis, alimentando aún más el auge populista.
Francia no está sola. La crisis que vive el país refleja los desafíos estructurales de Europa. Según el economista Giorgio Arfaras, el continente enfrenta tres grandes transformaciones: una deuda pública desbordada que limita el margen de maniobra fiscal, una creciente intervención estatal en la economía y una percepción distorsionada del Estado social.
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