El impacto de la reforma fiscal de Trump: Ganadores y perdedores

La reciente aprobación de la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump ha reconfigurado el escenario económico de Estados Unidos, consolidando beneficios para sectores privilegiados mientras impone cargas significativas a grupos vulnerables y áreas clave como la educación y las energías renovables. Con una votación ajustada de 218-214 en la Cámara de Representantes, el paquete legislativo (presentado como un logro histórico por la administración) refleja profundas desigualdades en su impacto, generando tanto entusiasmo como preocupación según el segmento afectado.

Los grandes beneficiados: Empresas y fortunas personales

El núcleo de la reforma consolida ventajas fiscales para corporaciones y contribuyentes de altos ingresos. Las grandes empresas, respaldadas por la Cámara de Comercio y la Mesa Redonda Empresarial, celebran la permanencia de exenciones establecidas en 2017, como la amortización inmediata de equipos y costos de investigación, claves para mantener su competitividad.

Los fabricantes, en particular, obtienen estímulos adicionales, como deducciones totales para nuevas plantas y créditos ampliados para la producción nacional de semiconductores, una apuesta estratégica en la pugna tecnológica global.

En el plano individual, el 0.1% más rico —según análisis de Penn Wharton— verá incrementar sus ingresos netos en un promedio de US$290,000 anuales, gracias a la reducción de impuestos sobre patrimonios y herencias. La exención del impuesto sucesorio se duplica hasta US$30 millones para parejas, mientras que residentes en estados con alta tributación, como Nueva York o California, dispondrán de deducciones elevadas temporalmente a US$40,000.

Pequeños empresarios y autónomos también se benefician con la extensión indefinida de una deducción del 20 % sobre ingresos calificados.

Sectores específicos, como el capital privado y los concesionarios de automóviles, lograron preservar privilegios: los primeros mantienen exenciones por intereses devengados, y los segundos obtienen deducciones para préstamos de vehículos fabricados localmente hasta 2028. Incluso industrias controvertidas, como los combustibles fósiles, refuerzan su posición con subsidios y acceso a tierras federales para perforación.

Los rezagados: Vulnerables y sectores estratégicos

Mientras el capital celebra, la reforma castiga a actores clave. Las universidades de élite, ya en la mira del gobierno por su influencia cultural, enfrentan un impuesto escalonado de hasta 8 % sobre sus dotaciones, afectando especialmente a instituciones como Harvard o Columbia.

Los inmigrantes, otro blanco recurrente, sufren un nuevo gravamen del 1 % sobre remesas y restricciones a créditos sanitarios, medidas que impactarán a millones de familias transnacionales.

Pero el golpe más severo recae en los programas sociales. Recortes históricos a Medicaid y al programa de cupones alimentarios (SNAP) imponen requisitos laborales rígidos, excluyendo a beneficiarios sin empleo formal, mayores de 65 años o padres con hijos mayores de 14 años.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), estas políticas dejarían sin cobertura a más de 10 millones de personas para 2034, aumentando la carga sobre hospitales públicos, que ya anticipan US$50 mil millones en pérdidas no compensadas.

El giro regulatorio también frena la transición energética: créditos solares y eólicos desaparecerán en 2027, y los vehículos eléctricos perderán subsidios de US$7,500 este mismo año, una decisión que la Asociación Americana de Energía Limpia tilda de «retroceso». Este desmantelamiento contrasta con los US$10,000 millones asignados a la exploración espacial, priorizando la carrera interplanetaria sobre la sostenibilidad terrestre.

El dilema del déficit y las sombras del crecimiento

La euforia por los recortes fiscales opaca un problema central: el déficit. La CBO proyecta un aumento de US$3.4 billones en la deuda durante la próxima década, elevando el costo del financiamiento gubernamental y privado. Con tasas de interés ya altas, el endeudamiento público podría superar el billón de dólares anuales, limitando la capacidad de inversión en infraestructura o bienestar.

Aunque la administración insiste en que la reforma dinamizará la economía, críticos señalan su regresividad: el 20% más pobre pagará US$560 adicionales al año en promedio, mientras las corporaciones evitan impuestos sobre recompra de acciones. Incluso victorias simbólicas para trabajadores —como exenciones en propinas u horas extras— expiran en 2028 y excluyen a asalariados con ingresos superiores a US$160,000.

En un país dividido, la «belleza» de esta ley depende, en efecto, del cristal con que se mire.

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