En un nuevo intento por frenar la inmigración indocumentada, legisladores republicanos en Estados Unidos han impulsado propuestas de ley que gravarían las remesas enviadas al extranjero. El proyecto denominado “Gran y hermoso proyecto de ley” propone un impuesto del 5 % sobre las remesas, mientras que la Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza sugiere un gravamen del 37 % dirigido a los cinco países con mayores niveles de inmigración ilegal hacia EE. UU.
Ambas propuestas se inscriben en una línea de acción impulsada por el expresidente Donald Trump, orientada a financiar políticas de seguridad fronteriza y reducir beneficios fiscales, afectando directa e indirectamente a las economías de origen de estos flujos migratorios.
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Las remesas familiares son una fuente crítica de divisas y estabilidad macroeconómica en varios países de América Latina. Según datos oficiales, representan entre el 25 % y el 30 % del PIB en Honduras, el 20 % en Guatemala, y el 24 % en El Salvador.
Aplicar impuestos a estos flujos debilitaría la capacidad de consumo de millones de hogares, afectando no solo la economía informal, sino también sectores clave como alimentación, vivienda y educación. Además, podría provocar una contracción del mercado interno, afectando las condiciones para la inversión extranjera directa (IED), al aumentar el riesgo país y disminuir el poder adquisitivo de la población.
Lejos de disuadir la migración, los activistas aseguran que estas medidas podrían intensificar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. “Si las familias ya no reciben el dinero suficiente para subsistir, van a verse obligadas a seguir el camino de sus seres queridos”, advierte Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes.
En ese sentido, gravar las remesas se convierte en un factor multiplicador de la pobreza estructural en países emisores de migrantes. En lugar de contener la migración irregular, podría escalarla, generando mayores presiones humanitarias y fronterizas.
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La incertidumbre generada por estas propuestas fiscales ha comenzado a recibir respuestas desde gobiernos latinoamericanos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó la medida como una “injusticia fiscal”, recordando que los inmigrantes, documentados o no, ya contribuyen con impuestos en EE. UU.
Estas tensiones diplomáticas reflejan una falta de visión estratégica respecto a las relaciones bilaterales. Las remesas no solo son ayuda familiar; representan una fuente de liquidez para economías emergentes, y su reducción podría debilitar la confianza de inversionistas internacionales en la región.
Imponer impuestos a las remesas puede parecer una medida fiscal interna, pero tiene consecuencias globales. Las economías receptoras sufrirían una disminución del ingreso familiar disponible, lo que podría traducirse en una desaceleración económica, incremento del desempleo y mayor dependencia de ayuda internacional.
Además, medidas como la del congresista Carlos Giménez, quien solicitó eliminar totalmente las remesas hacia Cuba, abren un precedente peligroso de instrumentalización económica con fines geopolíticos, afectando a millones de personas que dependen de esos recursos.
En resumen, esta política fiscal restrictiva envía una señal negativa a los mercados, reduce la cohesión regional y obstaculiza los esfuerzos conjuntos por estabilizar el hemisferio a través de inversión, cooperación y desarrollo humano.
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Las remesas no son simples transferencias de dinero: son un motor económico, una herramienta de cohesión social y un pilar para la estabilidad regional. Gravar estos envíos no solo pone en riesgo el bienestar de millones de familias, sino que afecta la confianza en los mercados emergentes y desalienta la inversión extranjera en América Latina.
Las decisiones fiscales deben ser analizadas en su contexto internacional, especialmente cuando su impacto puede extenderse mucho más allá de las fronteras nacionales. En tiempos donde la cooperación es vital, penalizar el envío de remesas parece ir en la dirección opuesta al desarrollo sostenible y la seguridad compartida.
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