La relación entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele ha trascendido lo diplomático para convertirse en una alianza estratégica con profundas repercusiones en materia de seguridad, migración y derechos humanos.
En su más reciente encuentro en la Casa Blanca, ambos líderes reafirmaron su postura común: la negativa a devolver a Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos y actualmente recluido en una de las megacárceles de El Salvador.
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La Corte Suprema de EE. UU. había ordenado al gobierno de Trump gestionar el retorno de Ábrego García, pero la administración optó por ignorar el fallo. En su lugar, Trump aprovechó la ocasión para elogiar a Bukele, calificándolo como un «presidente excepcional», y reiteró su interés en enviar a criminales estadounidenses a las prisiones salvadoreñas, una idea que ya había planteado en anteriores discursos.
Nayib Bukele, de 43 años, llegó al poder en 2019 con un discurso antisistema y anticorrupción, rompiendo con el tradicional bipartidismo entre el FMLN y ARENA. Su habilidad para comunicarse a través de redes sociales y su promesa de acabar con la violencia pandilleril le granjearon una popularidad sin precedentes. Sin embargo, su estilo de gobierno ha sido criticado por su tendencia autoritaria.
En 2020, ordenó el ingreso de militares y policías fuertemente armados al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo destinado a la seguridad.
Más tarde, mediante maniobras legales, reemplazó a magistrados de la Corte Suprema por aliados políticos, permitiéndole presentarse a la reelección en 2024 pese a que la Constitución salvadoreña lo prohíbe. Ganó con un abrumador 84,7 % de los votos.
El principal pilar de la popularidad de Bukele ha sido su ofensiva contra las pandillas. Bajo un régimen de excepción implementado en 2022, las autoridades pueden detener a cualquier sospechoso de pertenecer a grupos criminales sin orden judicial. Esto ha reducido drásticamente los homicidios, pero también ha generado denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Según un informe de Time, uno de cada 57 salvadoreños estaba encarcelado en 2023, una cifra que supera incluso a países con altas tasas de encarcelamiento como Estados Unidos. Organizaciones como la Washington Office on Latin America (WOLA) han alertado sobre el deterioro democrático en El Salvador, aunque la mayoría de la población, agobiada por décadas de violencia, apoya las medidas del gobierno.
La administración Trump ha encontrado en Bukele un socio dispuesto a recibir migrantes y criminales deportados desde EE. UU. En marzo, dos aviones con venezolanos acusados de pertenecer a pandillas fueron enviados a El Salvador, a pesar de una orden judicial que intentó frenar las deportaciones. Bukele se burló de la medida en redes sociales, publicando: «Ups… demasiado tarde«.
Además, más de 200 migrantes han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Un reportaje de 60 Minutes reveló que el 75 % de ellos no tenían antecedentes penales.
Pese a ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la colaboración, destacando que El Salvador aceptaría deportados de cualquier nacionalidad, incluyendo «criminales estadounidenses peligrosos».
Uno de los casos más polémicos es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía legalmente en Maryland y fue deportado por error. La Corte Suprema estadounidense determinó que el gobierno debía gestionar su retorno, pero Trump y Bukele se negaron. Bukele incluso ridiculizó la situación con un GIF de un conejo confundido en sus redes.
Mientras activistas denuncian el trato inhumano, la Casa Blanca insiste en que Ábrego García es un migrante ilegal y miembro de la MS-13, aunque nunca ha sido condenado. Este caso ejemplifica los riesgos de un sistema donde las deportaciones se realizan sin garantías procesales.
Trump ha expresado en repetidas ocasiones su interés en enviar a delincuentes violentos estadounidenses a cárceles en El Salvador. En su reunión con Bukele, mencionó que la fiscal general Pam Bondi analiza la viabilidad legal de esta medida. Aunque aún no hay claridad sobre su implementación, la idea ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.
Bukele, por su parte, ya ha ofrecido albergar a estos prisioneros a cambio de seis millones de dólares, consolidando a El Salvador como un destino para la externalización del sistema penitenciario estadounidense.
La alianza entre Trump y Bukele refleja una convergencia de intereses: mientras el primero busca soluciones duras para la inmigración y la criminalidad, el segundo consolida su imagen de líder fuerte y gana respaldo internacional. Sin embargo, el costo de estas políticas podría ser alto, tanto en términos de derechos humanos como en el debilitamiento de las instituciones democráticas.
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