La política arancelaria de Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump, ha entrado en una fase decisiva. Un tribunal federal de apelaciones declaró ilegales los llamados aranceles “recíprocos”. El fallo sostiene que estas medidas exceden la autoridad presidencial otorgada por la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA). El tribunal concluyó que no hay una autorización clara del Congreso para imponer aranceles de esa magnitud bajo dicha ley. Aunque el fallo fue firme, su aplicación se retrasó hasta el 14 de octubre. Esto permite que los aranceles sigan vigentes mientras el Gobierno de Trump presenta su apelación ante la Corte Suprema.
Esta situación mantiene en vilo a los socios comerciales de Estados Unidos. Los países de América Latina, en particular, enfrentan una creciente incertidumbre jurídica y comercial.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que si la Corte Suprema ratifica el fallo, el gobierno deberá reembolsar aproximadamente la mitad de los aranceles recaudados. “Tendríamos que devolver alrededor de la mitad de los aranceles, lo que sería terrible para el Tesoro”, declaró en el programa “Meet the Press” de NBC News.
Aunque mencionó que existen otras vías para evitar los reembolsos, no ofreció detalles concretos. Las cifras son contundentes. En julio, Estados Unidos recaudó 28.000 millones de dólares en derechos de aduana. En junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó 81,500 millones de dólares provenientes de los aranceles de Trump.
Desde abril, cuando se impusieron aranceles del 10 % a casi todas las importaciones, la recaudación total ha superado los 100,000 millones de dólares. Se estima que podría alcanzar los 350,000 millones anuales, lo que equivale al 1,6 % del PIB estadounidense.
El efecto de estas políticas ya se refleja en los indicadores económicos. Según el informe de empleo de agosto, la economía estadounidense añadió solo 22,000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo subió al 4,3 %, el nivel más alto en casi cuatro años.
Sectores como la manufactura y la producción de bienes han registrado cuatro meses consecutivos de caídas. Además, el empleo federal se redujo en 15.,000 plazas. Los aranceles también han generado presiones inflacionarias.
Empresas como Nike, Hasbro y Walmart advierten que los costos adicionales se trasladarán a los consumidores, afectando el poder adquisitivo y el consumo interno.
Para los países latinoamericanos, la situación representa una mezcla de riesgos y oportunidades. Si los aranceles son anulados, los exportadores podrían beneficiarse de un acceso más libre y competitivo al mercado estadounidense. Pero si se restablecen de forma abrupta, enfrentarán barreras comerciales que afectarán contratos internacionales y planificación logística.
México ha logrado negociar excepciones bajo el T-MEC. En cambio, países como Brasil, Guyana y Nicaragua han sido duramente afectados por aranceles de hasta 50 %. La falta de seguridad jurídica podría desalentar inversiones y dificultar decisiones estratégicas para gobiernos y empresas.
En ese contexto, los gobiernos de la región deben intensificar el monitoreo de las políticas comerciales de EE.UU. También deben mantener canales de diálogo abiertos y considerar medidas internas como incentivos fiscales, diversificación de mercados y fortalecimiento de la integración regional.
En medio de esta turbulencia, los países del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han reforzado sus relaciones comerciales. Buscan reducir su dependencia del mercado estadounidense. China e India han estrechado vínculos con Brasil, mientras se discute la creación de una moneda común y acuerdos en monedas locales.
Este movimiento podría aumentar la competencia para los exportadores latinoamericanos. También podría alterar el equilibrio comercial global.
La apelación ante la Corte Suprema definirá el futuro de los aranceles de Trump y sus implicaciones económicas. Mientras se espera una decisión definitiva, América Latina debe prepararse para todos los escenarios. Esto incluye desde un acceso más libre al mercado estadounidense hasta una nueva ola de proteccionismo impulsada por otras herramientas legales como la Sección 232 o 301.
Los países de la región tienen la oportunidad de fortalecer su resiliencia económica. Para lograrlo, deben diversificar mercados, integrar sus economías y monitorear de forma constante las políticas comerciales de EE.UU. También deben aplicar medidas internas como incentivos fiscales, apoyo financiero a exportadores afectados y estrategias para atraer inversión extranjera directa.
El entorno global está cambiando. América Latina no puede esperar pasivamente. La capacidad de anticipación, adaptación y negociación será clave para proteger sus intereses económicos y aprovechar cualquier oportunidad que surja en medio de la incertidumbre.
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