La última actualización del Banco Mundial sobre la clasificación de países por nivel de ingresos revela una América Latina y el Caribe marcada por contrastes. Mientras algunas economías escalan posiciones hacia la categoría de ingresos altos, otras permanecen rezagadas en el umbral medio-bajo. La región, aunque diversa, sigue siendo una de las más desiguales del mundo, con brechas que persisten pese a los avances generalizados en las últimas décadas.
El informe, basado en el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, divide a las naciones en cuatro categorías: bajos, medio-bajos, medio-altos y altos. Ningún país latinoamericano figura en el estrato más bajo, pero las diferencias entre los demás grupos son notorias.
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En la cúspide, Chile, Uruguay, Panamá y varias islas caribeñas —como Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago— mantienen su estatus de economías de ingresos altos (con un INB superior a US$13,935). Este año, se les unió Costa Rica, que tras un crecimiento sostenido del 4,7 % en los últimos tres años logró superar el umbral requerido. El dinamismo de su demanda interna, impulsada por el consumo privado y la inversión, fue clave para este ascenso.
En el otro extremo, Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua se ubican en la franja de ingresos medio-bajos (entre US$1,136 y US$4,495). Bolivia, en particular, destaca como el único país sudamericano en esta condición, evidenciando desafíos estructurales que contrastan con el progreso de sus vecinos.
La mayoría de los países latinoamericanos se agrupan en la categoría de ingresos medio-altos (US$4,496 a US$13,935), donde figuran gigantes regionales como Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú. Esta concentración refleja una región que, aunque ha avanzado, aún no consolida un desarrollo equitativo y sostenible.
Venezuela, por su parte, sigue ausente de la clasificación debido a la falta de datos oficiales confiables, un síntoma de su prolongada crisis económica. Su exclusión subraya la importancia de la transparencia estadística para evaluar el progreso real de las naciones.
A nivel mundial, el Banco Mundial destaca una reducción significativa en el número de países de bajos ingresos desde 1987, cuando representaban el 30 % del total. Hoy, apenas el 12 % permanece en esa condición, mientras que las economías de altos ingresos pasaron del 25 % al 40 %.
América Latina y el Caribe no han sido ajenas a esta tendencia. En 1987, dos países de la región estaban en la categoría de bajos ingresos; hoy, ninguno. Además, el porcentaje de naciones con ingresos altos aumentó del 9 % al 46 %, un avance notable aunque insuficiente para cerrar las brechas internas.
Sin embargo, el progreso no ha sido homogéneo. Mientras Asia Oriental redujo drásticamente sus economías de bajos ingresos (del 26% al 3%), África Subsahariana aún concentra el 45% de las naciones en esa condición. América Latina, aunque con mejoras, sigue mostrando disparidades profundas, incluso entre países vecinos.
La clasificación del Banco Mundial no es solo un ejercicio estadístico: tiene repercusiones prácticas en el acceso a financiamiento internacional y asistencia para el desarrollo. Los países de menores ingresos suelen recibir préstamos en condiciones más favorables, mientras que los de renta alta enfrentan expectativas de autosuficiencia.
Además, el informe insta a los gobiernos a considerar estos datos en el diseño de políticas económicas. Factores como el control de la inflación, la integración comercial y la diversificación productiva pueden ser determinantes para escalar en la clasificación.
Aunque América Latina ha reducido la pobreza extrema y aumentado su clase media en las últimas décadas, el crecimiento económico no ha sido suficiente para garantizar prosperidad compartida. La inflación, la informalidad laboral y la dependencia de materias primas siguen siendo obstáculos.
El ascenso de Costa Rica a la categoría de ingresos altos demuestra que las reformas estructurales y la estabilidad macroeconómica rinden frutos. Pero el estancamiento de Bolivia y otros países en el nivel medio-bajo revela que, sin políticas inclusivas y productivas, el riesgo de exclusión persiste.
En este contexto, la región enfrenta el desafío de acelerar su transformación productiva, mejorar la calidad institucional y reducir la desigualdad. Solo así podrá convertir el crecimiento económico en desarrollo real y sostenible.
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