En una decisión orientada a estimular la actividad económica, la Junta Monetaria (JM) autorizó al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a liberar RD$50 mil millones del encaje legal, equivalentes al 2.4 % del pasivo sujeto a reservas. Estos recursos, dirigidos a sectores prioritarios como construcción, manufactura, agropecuaria, exportación y MIPYMES, se colocarán con una tasa máxima del 9 % anual y plazos de hasta dos años. La medida forma parte de un conjunto de acciones diseñadas para contrarrestar los efectos de la incertidumbre financiera internacional y fortalecer la demanda interna.
La disposición responde a un entorno económico marcado por tensiones geopolíticas, incrementos en las tasas de interés internacionales y una contracción del financiamiento a sectores productivos. Ante este escenario, las autoridades monetarias dominicanas han implementado una política de flexibilización, aprovechando que las proyecciones inflacionarias se mantienen dentro del rango meta (4% ± 1%).
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Este margen permite inyectar liquidez sin poner en riesgo la estabilidad de precios, uno de los principales logros de la política económica reciente.
Adicionalmente, la JM habilitó RD$14 mil millones de fondos no utilizados de una resolución previa (noviembre 2024), originalmente destinados a viviendas de bajo costo y MIPYMES, ampliando ahora su aplicación a otros sectores estratégicos bajo las mismas condiciones preferenciales. De este modo, se busca potenciar el impacto del financiamiento en áreas generadoras de empleo y actividad económica.
Entre las decisiones más relevantes se encuentra la postergación por seis meses del retorno de RD$17 mil millones en facilidades de liquidez rápida (FLR), cuyo vencimiento estaba programado entre junio y diciembre de 2025. Esta extensión evita que las entidades beneficiarias (principalmente instituciones financieras) deban refinanciarse en condiciones menos favorables, preservando así la capacidad crediticia del sistema.
En paralelo, la JM modificó las normas sobre financiamiento en moneda extranjera para actores no generadores de divisas. Se excluyeron de las restricciones las operaciones de comercio exterior a corto plazo—como cartas de crédito—y las actividades turísticas facturadas en pesos dominicanos. Este cambio, aunque técnico, agiliza las transacciones internacionales y reduce presiones cambiarias en sectores clave para la balanza de pagos.
El paquete total asciende a RD$81 mil millones, una cifra significativa que refleja el compromiso por sostener el crecimiento económico en un año desafiante. Las autoridades confían en que, al incrementar la disponibilidad de crédito, se mitigarán los efectos de la desaceleración global en la producción local. Además, subrayan que estas acciones no comprometen los fundamentos macroeconómicos del país, caracterizados por una inflación controlada, reservas internacionales robustas y un tipo de cambio estable.
A diferencia de medidas reactivas adoptadas en otras economías, la estrategia dominicana combina incentivos sectoriales con salvaguardias regulatorias. Al concentrarse en industrias con alto efecto multiplicador—como la construcción y las exportaciones—, se busca un impacto directo en el empleo y la actividad comercial. Paralelamente, el establecimiento de topes en las tasas de interés previene distorsiones en el mercado crediticio, mientras que los ajustes en las normas de financiamiento en dólares reducen riesgos cambiarios.
Aunque las medidas alivian presiones inmediatas, su efectividad dependerá de la capacidad del sistema financiero para distribuir los recursos de manera eficiente. Experiencias anteriores demuestran que, cuando los fondos llegan a sectores estratégicos, se traducen en mayor inversión y consumo. Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo un factor determinante: una escalada en los conflictos geopolíticos o nuevos incrementos en las tasas globales podrían requerir ajustes adicionales.
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