América Latina destina más recursos al pago de deuda externa que a sus sectores esenciales de desarrollo, según denunció la red Latindadd durante la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla, España. La copresidenta de Latindadd, Nathalie Beghin, afirmó que el 35 % de los ingresos de los países latinoamericanos en 2024 se destinó al pago de deuda, lo que “bloquea las capacidades estatales para garantizar derechos básicos como salud y educación”. Este gasto triplica la inversión en salud y duplica la de educación, una brecha que evidencia, según Beghin, un sistema financiero internacional “que ahoga a los países del sur global”.
Latindadd, que agrupa a 31 organizaciones de 14 países, reclama una reforma urgente de la arquitectura financiera internacional, argumentando que las negociaciones siguen dominadas por los intereses de las grandes potencias, dejando fuera las voces del sur.
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La organización subrayó que el 70.7 % de la deuda está en manos privadas, con tasas de interés hasta 8.5 veces superiores a las que enfrentan las economías del norte. Este modelo, advierten, perpetúa la desigualdad estructural y limita la autonomía de la región para invertir en bienestar social.
Además de la deuda externa, la conferencia abordó el impacto de la crisis climática en los países latinoamericanos, señalando la incoherencia entre los compromisos climáticos y los mecanismos de financiación disponibles.
Según Carola Mejía, coordinadora del área de Justicia Climática de Latindadd, América Latina y el sur global necesitan casi 6 billones de dólares hasta 2030 para cumplir sus objetivos climáticos. Sin embargo, en 2022, el 81 % de la financiación climática recibida fue en forma de deuda, principalmente a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Esto no es financiación climática justa, es más carga financiera”, denunció Mejía, criticando además el papel de la Unión Europea como bloque que obstaculiza las reformas necesarias. Latindadd reclama una hoja de ruta basada en justicia global, reconociendo la deuda histórica del Norte con el Sur y proponiendo la creación de una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Deuda Soberana, para prevenir y resolver crisis de manera justa, transparente y participativa.
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