Por Jhojhanni Fiorini
En los últimos años, la inteligencia artificial ha irrumpido en todos los aspectos de la vida moderna. Desde la llegada de ChatGPT en 2022 hasta las plataformas desarrolladas por gigantes como Google y Meta, el crecimiento de esta tecnología ha sido imparable. Sin embargo, este avance también plantea desafíos para los derechos fundamentales. Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, reflexiona sobre los riesgos y oportunidades que la inteligencia artificial ofrece para los derechos humanos.
La expansión de la inteligencia artificial no tiene precedentes. ChatGPT, por ejemplo, alcanzó 100 millones de usuarios en solo dos meses. En agosto de 2024, esa cifra aumentó a 200 millones de usuarios semanales. Este crecimiento masivo demuestra el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas. A pesar de ello, también surgen preguntas sobre las implicaciones para los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los datos personales.
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Uno de los mayores efectos de la inteligencia artificial será visible en el mercado laboral. Un estudio reciente de la Harvard Business Review indica que más del 40% de la actividad laboral en Estados Unidos podría automatizarse gracias a la inteligencia artificial generativa. Los sectores más afectados incluyen los ámbitos jurídico, bancario, de seguros y mercados de capitales.
Esta situación presenta una paradoja. Por un lado, la automatización puede aumentar la eficiencia y reducir costos. Por otro, puede generar desigualdades si no se gestiona adecuadamente. Cremades señala que los bufetes de abogados deberán adoptar estas tecnologías para mantenerse competitivos. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede reemplazar cualidades humanas como la empatía, el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas, fundamentales en el campo legal.
A medida que la inteligencia artificial se extiende, también crecen los desafíos para los derechos fundamentales. Uno de los mayores riesgos es la violación de la privacidad. Los algoritmos que impulsan estas tecnologías dependen de grandes volúmenes de datos, lo que incrementa las posibilidades de un uso indebido de la información personal. La protección de datos, como demuestra el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, se ha convertido en una prioridad.
El derecho a la privacidad, el control sobre la identidad digital y la protección frente al uso no autorizado de datos están en juego. Además, la inteligencia artificial puede utilizarse para crear contenido falso o manipulado, como imágenes o videos, lo que complica la defensa de los derechos individuales.
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En respuesta a estos desafíos, algunos gobiernos han comenzado a desarrollar regulaciones específicas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en octubre de 2023 para establecer un marco regulador que garantice la seguridad y privacidad en el uso de la inteligencia artificial. De manera similar, la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en junio de 2024, que establece controles más estrictos sobre las aplicaciones de inteligencia artificial y busca mitigar los riesgos que plantea para los derechos fundamentales.
Estas normativas son cruciales para proteger la dignidad humana en un mundo cada vez más digital. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros y respetar los derechos individuales, evitando que se utilicen para la manipulación o la desinformación.
Uno de los mayores peligros que plantea la inteligencia artificial es su capacidad para alterar la realidad. Las herramientas de creación de contenido falso, como imágenes y videos manipulados, pueden distorsionar la verdad y generar graves consecuencias en distintos sectores, incluidos los medios de comunicación y los procesos judiciales.
Cremades subraya la importancia de dotar a jueces y abogados con las herramientas necesarias para verificar la autenticidad de las pruebas presentadas en los tribunales. Si no se aborda este problema, la alteración de la realidad podría comprometer la justicia y el debido proceso, erosionando la confianza en el Estado de derecho.
El Estado de derecho, que es esencial para el funcionamiento de una sociedad justa y equitativa, se enfrenta a nuevas amenazas con el avance de la inteligencia artificial. La manipulación de la información, la creación de contenido falso y el uso indebido de datos personales son algunos de los retos más urgentes. Los gobiernos y las instituciones deben trabajar conjuntamente para crear un marco legal que permita aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin comprometer los derechos fundamentales.
La digitalización ha magnificado el alcance de la manipulación informativa, lo que ha aumentado el riesgo de que se utilicen noticias falsas para difamar personas, instituciones o empresas. Es esencial que los medios de comunicación y las plataformas digitales actúen de manera responsable, verificando los contenidos que publican y evitando la difusión de desinformación.
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El desarrollo de la inteligencia artificial generativa representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y productividad en múltiples sectores. Sin embargo, también conlleva importantes riesgos para los derechos fundamentales. La privacidad, la protección de datos y la manipulación de la información son solo algunos de los desafíos que deberán enfrentarse en los próximos años.
Es fundamental que las tecnologías emergentes se utilicen para mejorar la sociedad sin poner en peligro los derechos y libertades de los individuos. Los avances tecnológicos deben ir de la mano con un marco regulador sólido que garantice la protección de la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales.
En este contexto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo humano, pero solo si se gestiona de manera ética y responsable. Como bien señala Javier Cremades, el reto es garantizar que la inteligencia artificial se convierta en un aliado del Estado de derecho y no en una amenaza para nuestras libertades más básicas.
Cremades anunció que el World Law Congress se celebrará en Santo Domingo en 2025, reconociendo la labor de la jueza Sonia Sotomayor. Este evento, considerado el «premio Nobel del derecho», reunirá a destacados juristas a nivel mundial. Durante el congreso, se abordarán temas actuales que permeen el ejercicio del derecho en un mundo cambiante. Javier espera que este evento inspire a nuevos juristas y promueva un futuro donde la dignidad humana se mantenga en el centro del sistema legal.
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