República Dominicana ha encabezado múltiples iniciativas en apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia. Se trata del primer centro nacional especializado que servirá de refugio y atención a mujeres víctimas de violencia, que por la complejidad de su caso requieren servicios especiales; y además, será el primer centro de esta naturaleza en América Latina y El Caribe, y tendrá capacidad para atender a 200 mujeres, con sus hijas e hijos.
A casi un año de ser anunciadas las 12 Casas de Acogidas propuestas por Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader presenta este proyecto. En su discurso habló de un aumento del 270% en la capacidad de cobertura para estos casos, con un programa inclusivo que contempla en su estructura para mujeres con discapacidad y mujeres víctimas de trata y tráfico.
Son múltiples los informes de la ONU que avalan la importancia de la reinserción económica de las mujeres, para reducir el índice de violencia de género. En este sentido, el Ministerio de la Mujer ha ejecutado un programa para Reparación Económica, que consiste en otorgar 10,000 pesos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que entraron al sistema de atención.
Otros de los esfuerzos realizados, está en los préstamos de Promipyme que se han redirigido para que el 68% sea destinado a mujeres cuando antes rondaba en un 45%. Asimismo, se puso en marcha el Bono Mujer, que se entrega en el marco del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que ejecuta el Ministerio de la Presidencia, y ofrece facilidades adicionales para que madres solteras, mujeres víctimas de violencia, madres e hijos e hijas con discapacidad. Esto les ha ampliado las oportunidades de acceder a una vivienda digna y propia con facilidades equivalentes al 10% y 6% del valor de la vivienda.
Entre otros esfuerzos, recientemente se ha iniciado en el marco legal, medidas para asegurar una vida libre de violencia, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que el Proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres que reconoce, tipifica y sanciona los diferentes tipos de violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos y privados y establece el mecanismo de coordinación interinstitucional para la respuesta coordinada del Estado a través de las instituciones que ofrecen servicios de prevención, atención, sanción y reparación que en la actualidad se encuentra en la fase de revisión técnica para su sometimiento al Congreso Nacional. (KR)
