En la apertura del Power Lunch: Top Lawyers, Patricia De Moya, presidenta y editora en jefe de Mercado Media Network, resaltó la importancia de la comunidad jurídica como parte esencial de la plataforma editorial y de los encuentros organizados por Mercado Events. Durante su intervención, extendió un saludo especial al magistrado Henry Molina, Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a quien reconoció por su liderazgo en la última década y por impulsar una visión de la justicia como un valor inclusivo y transformador.
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Asimismo, dirigió palabras de agradecimiento a autoridades y representantes del ámbito legal presentes en la mesa principal, destacando el papel activo del Poder Judicial y de los jueces en la construcción de una mejor calidad de vida ciudadana.
También aprovechó el escenario para presentar la edición especial Power Issue 2025, que incluye el listado de los Top Lawyers de República Dominicana. Esta publicación, explicó, reconoce a los juristas, firmas y especialistas que con ética, rigor y liderazgo marcan la pauta en el ejercicio del derecho, fomentando un sistema de justicia confiable y orientado a la prosperidad compartida. Subrayó que esta edición honra tanto a los abogados de trayectoria como a las nuevas generaciones que, con visión y compromiso, están redefiniendo el panorama legal en el país.
Carolina Figuereo, directora de Legal y Cumplimiento de ALTIO SAFI, destacó el papel transformador de los fondos de inversión en la economía dominicana. Señaló que estos vehículos no solo generan retornos, sino que son capaces de impulsar sectores completos como el inmobiliario, el turismo y las zonas francas. Recordó que el mercado ha experimentado un crecimiento exponencial: de apenas 2,000 millones de pesos administrados en 2013, hoy se gestionan más de 360,000 millones, equivalentes al 4.85 % del PIB. Un avance que, según explicó, exige un marco legal sólido, adaptable y capaz de generar confianza tanto a nivel local como internacional.
Figuereo subrayó que la próxima década estará marcada por una regulación más especializada, enfocada en transparencia, protección al inversionista y gestión de riesgos, sin dejar de lado la ciberseguridad y la protección de la información. No obstante, advirtió que cumplir con la ley no es suficiente: se requiere apostar por la innovación y la autorregulación para mantener un mercado fuerte y competitivo.
El futuro que debemos construir juntos es un sistema donde los fondos de inversión eleven no solo el desarrollo financiero, sino también el desarrollo del país”, concluyó.
Resaltó que la sinergia entre talento humano, innovación y regulación es la clave para fortalecer la resiliencia y competitividad del sistema financiero dominicano.
Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, trazó una hoja de ruta centrada en las personas y en la legitimidad del servicio judicial. Ante una audiencia de líderes del derecho, subrayó que la transformación en marcha exige “pedagogía con el usuario final” y capacidad de respuesta transparente. Recordó que el salto digital iniciado durante la pandemia aceleró cambios culturales y operativos, con tramitaciones en línea, gestión sin papel y seguimiento del avance de los expedientes, pilares que hoy sostienen la mejora en tiempos y la trazabilidad de los procesos.
Molina planteó cuatro ideas guía. Primero, la revolución tecnológica es imparable y nos sitúa en la sociedad de la inteligencia artificial, lo que obliga a rediseñar procesos y habilidades. Segundo, el espacio natural de acceso a la justicia migra a la nube, con servicios disponibles en plataformas que permiten presentar escritos y consultar casos sin acudir físicamente a los tribunales. Tercero, la justicia debe ser abierta: rendición de cuentas, datos verificables y comunicación clara con el “dueño del caso” fortalecen la confianza ciudadana. Cuarto, una justicia modernizada impulsa la competitividad y la atracción de inversiones, clave para la proyección internacional de República Dominicana.
El magistrado defendió que la digitalización no es un fin, sino un medio para ofrecer resultados concretos: decisiones más oportunas, menor rezago y mejor experiencia para el usuario. Citó avances en jurisdicciones civiles, laborales y contenciosas, y anunció metas para que salas y tribunales reduzcan aún más los plazos de resolución. En paralelo, llamó a optimizar la justicia penal mediante acuerdos que descongestionen la primera instancia y alineen al sistema con prácticas comparadas que privilegian soluciones tempranas y efectivas.
El rediseño incluye revisar qué trámites deben permanecer en sede judicial y cuáles pueden resolverse por la administración, con interoperabilidad y firma electrónica como estándares. Según Molina, la apertura de datos (jurisprudencia disponible, observatorios y notificaciones automatizadas) permitirá a los usuarios seguir sus expedientes como rastrean un envío en el comercio digital. Ese mismo enfoque, sostuvo, demanda equipos legales y técnicos capaces de integrar derecho, tecnología, ciberseguridad y gestión del riesgo.
Finalmente, el presidente de la Suprema convocó a la comunidad jurídica a ser “aliados estratégicos” de la transformación, con ética compartida y compromiso con el usuario. “La confianza ciudadana es el bien más preciado”, afirmó, al invitar a verificar en línea los avances, participar en las consultas sobre desjudicialización de trámites y adoptar herramientas digitales. El objetivo, concluyó, es una justicia creíble, eficiente y centrada en la dignidad de las personas, capaz de sostener la seguridad jurídica y la prosperidad compartida.
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