La justicia está cambiando. Lo que antes se archivaba en estanterías polvorientas hoy se gestiona en servidores seguros. Lo que requería filas interminables ahora se resuelve con un clic. En República Dominicana, esta transformación no es solo tecnológica: es ética, institucional y profundamente humana. La semana pasada, durante el tradicional Top Lawyers Lunch organizado por la Revista Mercado, líderes del mundo jurídico se reunieron para reflexionar sobre el presente y futuro del sistema judicial. En ese espacio, compartí una idea que considero esencial: la justicia no debe organizarse para la comodidad de jueces o abogados, sino para la dignidad de las personas.
La pandemia fue el catalizador. Audiencias virtuales, expedientes electrónicos y notificaciones en línea dejaron de ser excepciones para convertirse en norma. Hoy, más del 90% de los trámites judiciales en el Distrito Nacional se realizan digitalmente. El portal de Acceso Digital, con más de 15,000 usuarios registrados, es la nueva puerta de entrada a la justicia dominicana.
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Pero esta transición no es solo una mejora operativa. Es una revolución en el servicio público. Como bien dijo Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, el Poder Judicial ha apostado por interfaces accesibles, acompañamiento presencial y servicios inclusivos para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es excluir: es ampliar derechos.
La transformación también implica repensar qué procesos realmente necesitan intervención judicial. Casos como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas ya no requieren la participación de un juez, lo que reduce la carga de los tribunales y permite concentrarse en conflictos sustantivos.
Este enfoque forma parte del ambicioso Plan Justicia del Futuro 2025-2034, una hoja de ruta que busca modernizar, transparentar y humanizar el sistema judicial. Herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial democratizan el acceso a leyes, jurisprudencia y estadísticas, fortaleciendo la confianza ciudadana.
La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Este año, la Conferencia Internacional de Justicia Abierta concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia. La apertura judicial no es una moda: es una necesidad institucional.
La justicia no es solo un servicio público: es una infraestructura del desarrollo. Países que resuelven conflictos con rapidez y previsibilidad atraen inversiones, generan empleo y sostienen el crecimiento. La República Dominicana, al expresar su interés en incorporarse a la OCDE mediante el decreto presidencial 408-25, reconoce que la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de su carta de presentación al mundo.
Los abogados y firmas legales son actores clave en esta transición. Su capacidad para detectar fricciones, proponer mejoras, usar herramientas digitales y acompañar a sus clientes es insustituible. La justicia del futuro se construye también en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana.
Lo que comenzó como una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía requiere un esfuerzo compartido.
La confianza ciudadana es el bien más preciado del sistema judicial. Construirla no es tarea de uno solo, sino de todos. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea sinónimo de confianza y prosperidad compartida.
Por: Henry Molina
Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Blog: [email protected]
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