Uber y su nueva plantilla

Parece que la libertad en la que se basan los modelos de negocios digitales toca a su fin. Primero Google recibe un toque de atención en Australia, en la forma de una propuesta de ley que obliga al gigante a pagar un fee a los generadores de contenidos. Ahora le ha tocado a Uber que ha recibido por parte de la justicia británica una sentencia que le obliga a pagar todos los derechos salariales a los conductores como «empleados» de la plataforma.

La batalla legal, que comenzó en 2016 puede considerarse perdida para la compañía; con esta decisión de clasificar a los choferes de Uber como «trabajadores» propios y no como autónomos Uber sufre un gran revés. Así, se le obliga a la empresa a darles acceso a todos los «derechos básicos» como «vacaciones pagadas», por lo que ahora la compañía tendrá que enfrentar un listado extenso de compensaciones de hasta 15.000 euros, por cada uno de sus trabajadores.

Se estima que sólo en la capital inglesa operan 45.000 coches Uber, más otros 40.000 en el resto del país, con un estimado de 6 millones de usuarios. Aunque la actual pandemia ha atacado muy duramente al sector, por la falta de turistas, el teletrabajo, el cierre de cines, tiendas y teatros, han hecho del centro de Londres un poblado fantasma. Basta con levantar la mano para conseguir un taxi en cada esquina, cuando anteriormente muchas veces resultaba difícil encontrarlos.

La gran bola de nieve

Esta sentencia reconoce a los choferes como trabajadores, una decisión celebrada por los defensores de sus derechos como el sindicato GMB, que ha calificado esta ‘victoria histórica’, e instó a Uber a «dejar de perder el tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas» y apoyar a los trabajadores que «apuntalan su imperio».

Los expertos aseguran que esta decisión podría, a medio plazo, afectar seriamente al modelo de negocio de los llamados ‘gig economy’, que son trabajos esporádicos y de corta duración, en el que los trabajadores reciben compensaciones únicamente tras cada servicio prestado, y que está en auge en los últimos años, también a otros sectores como el de los repartidores.

El dictamen judicial es muy significativo porque va al fondo de un modelo de negocio cada vez más generalizado en el sector de servicios, que constituye el 80% de la economía británica, quedando al margen del acuerdo del Brexit, y desea disponer de la máxima flexibilidad de derechos laborales para minimizar costes. Un conductor Uber gana en Gran Bretaña alrededor de 20 euros por hora que, sobre la base de trabajar entre 35 y 45 horas, se traduce en unos 600 euros a la semana más propinas.

Una amenaza a la innovación

Los tradicionales taxis negros británicos, igual que los diferentes taxis oficiales de otros lugares, llevan años quejándose de la competencia desleal en la que incurre la empresa californiana. Ignorando la posibilidad de innovar en los servicios clásicos, considerando las necesidades de los usuarios, para continuamente presentar apelaciones en tribunales con resultados terribles para este modelo de negocios.

Este golpe recibido por la compañía ha sido uno de los más duros después de que el Ayuntamiento de Londres arrebatara temporalmente la licencia a la compañía en noviembre de 2019. El argumento en aquel entonces tuvo que ver con la seguridad de los clientes, después de que se produjeran varios incidentes con conductores cuyos antecedentes penales o sus licencias de conducir no fueron suficientemente comprobados por la empresa. Un tribunal londinense forzó a la ciudad a reinstaurar la licencia un año después.

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