La actual gestión de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y CORDE, ha marcado un antes y un después en la administración del patrimonio estatal. Por primera vez, el país cuenta con un censo exhaustivo de sus propiedades patrimoniales, identificando 44,000 inmuebles valorados en 42 billones de pesos, casi tres veces el PIB nacional. Estos activos, antes dispersos y sin registros confiables, hoy forman parte de una base documental organizada y accesible, bajo la responsabilidad de las instituciones encargadas de conservarlos y protegerlos.

Uno de los principales logros ha sido la creación del Fideicomiso de Desarrollo e Inversión (FDI), al cual fueron transferidas 3.4 millones de tareas de terrenos aptos para proyectos agroindustriales, mineros, turísticos e hídricos. Este fideicomiso, aprobado por el Poder Ejecutivo y el Congreso, permitirá generar recursos destinados a obras de infraestructura y proyectos sociales que impactarán diversas comunidades del país.

Titulación masiva: un referente regional

El Plan Nacional de Titulación, impulsado por el presidente Luis Abinader, se ha convertido en un hito nacional e internacional. En esta gestión se han entregado 145,000 títulos de propiedad, mientras 175,000 se encuentran en proceso. A esto se suman 110,000 títulos adicionales que emitirá el CEA para familias que adquirieron terrenos vendidos entre 1996 y 2016 y no habían concluido su documentación. Paralelamente, la modificación de la Ley 339 mediante la Ley 82-25 permitió liberar 350,000 títulos afectados por el “bien de familia”, condición que impedía a miles de dominicanos disponer legalmente de sus viviendas.

Esta medida representa una transformación social profunda que restituye derechos, fortalece la seguridad jurídica y dinamiza la actividad económica formal. El objetivo del Estado para 2026–2027 es completar la titulación de comunidades asentadas en terrenos previamente expropiados, asegurando el pago justo a los propietarios originales y la entrega definitiva de los títulos a las familias ocupantes. Con este esfuerzo interinstitucional, el país se encamina a titular alrededor de un millón de familias, un logro sin precedentes en América Latina y el Caribe.

Un cambio de gran impacto ha sido la forma en que el Estado gestiona las expropiaciones. A diferencia de pasadas prácticas que beneficiaban a grupos específicos, hoy estos procesos se realizan mediante negociaciones transparentes, logrando adquirir terrenos entre un 45% y 48 % del valor estimado. Esto optimiza los recursos públicos y agiliza la titulación de miles de hogares.

Transparencia y eficiencia institucional

El fortalecimiento institucional ha sido otro pilar clave. Con el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, se ha consolidado una cultura basada en transparencia, cumplimiento normativo y administración eficiente. Esto ha recuperado la imagen histórica de Bienes Nacionales y del CEA, esenciales en la protección del patrimonio del pueblo.

En el marco de la fusión de ambas entidades, se realizó un proceso transparente de desvinculación de 2,870 empleados, con el pago de 393 millones de pesos en prestaciones, coordinado con los Ministerios de Hacienda y Trabajo. La institución mantuvo su compromiso con la legalidad y la gestión administrativa.

Otro hito es el censo nacional de recursos mineros no metálicos, del cual se ha completado un 45 %. Este levantamiento, fortalece la supervisión ambiental y posiciona a Bienes Nacionales, el CEA y la antigua CORDE como garantes de la preservación de los recursos naturales.

Modernización del Estado y recuperación de edificaciones públicas

La gestión también ha priorizado la restauración de edificaciones estatales en todo el territorio nacional. El programa incluye 64 estructuras, entre ellas la sede central de Bienes Nacionales y el CEA, así como los edificios de Barahona ya finalizado, Monseñor Nouel, La Vega, Antonio Guzmán Fernández y Las Carreras impactando directamente en la mejora del entorno urbano.

El objetivo es que todas las oficinas públicas de cada provincia operen desde una misma infraestructura moderna, segura y eficiente, con servicios unificados para la ciudadanía. Este esfuerzo integral refleja la visión de un Estado moderno, transparente y cercano a la gente, comprometido con proteger su patrimonio, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar servicios públicos de excelencia para las actuales y futuras generaciones.

La primera misión ha sido la creación y consolidación de la institución sobre la base de una gerencia fundamentada en la responsabilidad ética, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos y humanos.

Reordenamiento permitió sanear nóminas, cumplir prestaciones laborales conforme a la ley y consolidar una cultura administrativa basada en mérito, legalidad y eficiencia, fortaleciendo la confianza pública en la gestión estatal.

La titulación constituye un soporte moral y ético, una herramienta de transformación y protección para la familia dominicana, y al mismo tiempo representa una esperanza para reducir la pobreza estructural.

El Censo Minero constituye otro logro trascendental, ya que marca una nueva etapa para el país al garantizar el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, especialmente en lo referente a los pasivos ambientales.