El próximo 15 de mayo vence el plazo para que los grandes y medianos contribuyentes dominicanos adopten la facturación digital, una innovación que promete revolucionar el sistema tributario local.
Esta medida, establecida por una ley vigente desde 2023, no solo moderniza los procesos administrativos, sino que también busca combatir la evasión fiscal, reducir el lavado de activos y minimizar el uso de papel en las transacciones comerciales.
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La implementación del sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) representa un avance clave en la transformación digital del país. A través de esta plataforma, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recibe en tiempo real los registros de transacciones, lo que facilita un monitoreo más preciso de la actividad económica y fortalece la recaudación tributaria.
La facturación electrónica no es solo un paso hacia la digitalización, sino una herramienta estratégica para aumentar la transparencia. Al eliminar el papel y automatizar los procesos, se reduce significativamente el riesgo de pérdida de documentos y se agilizan las operaciones comerciales. Además, el sistema permite a las autoridades fiscales acceder a datos actualizados, lo que facilita la identificación de irregularidades y patrones de evasión.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la obligatoriedad de contar con un certificado digital, emitido por entidades autorizadas como Avansi S.R.L., representante local de la española Viafirma. Según datos de la empresa, desde inicios de 2024 se han generado entre 600 y 700 certificados mensuales, reflejando la creciente demanda de soluciones tecnológicas para cumplir con la normativa.
La adopción de la facturación electrónica no solo impacta en el ámbito tributario, sino que también impulsa la eficiencia empresarial. Las compañías ahora pueden gestionar sus transacciones de manera más ágil, reduciendo costos operativos asociados a la impresión y almacenamiento físico de documentos. Asimismo, la DGII obtiene información valiosa en tiempo real, lo que le permite analizar tendencias económicas y ajustar políticas públicas con mayor precisión.
Este sistema permite saber qué productos se están vendiendo más en un momento determinado, en qué horarios hay mayor movimiento comercial e incluso detectar anomalías en las transacciones»
La digitalización de estos procesos, además mejora la trazabilidad de las operaciones y sienta las bases para una economía más formalizada y transparente.
A pesar de los beneficios, el proceso de adopción no ha estado exento de desafíos. Hasta ahora, solo alrededor de 2,000 de los más de 13,000 grandes contribuyentes obligados han iniciado el proceso de certificación. Este rezago podría deberse a la falta de familiaridad con las nuevas tecnologías o a la necesidad de ajustes internos en las empresas para adaptarse a los requisitos.
Para incentivar la migración, la DGII ha establecido beneficios fiscales y facilidades administrativas para aquellos contribuyentes que adopten el sistema antes de los plazos establecidos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, especialmente considerando que la normativa establece una implementación escalonada que culminará en 2026, cuando todos los contribuyentes, incluidos los pequeños negocios, deberán estar integrados al sistema.
Uno de los objetivos centrales de la facturación electrónica es fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Al contar con registros digitales verificables, las autoridades pueden cruzar información con mayor facilidad, detectando discrepancias en declaraciones y movimientos financieros sospechosos.
Este nivel de control era impensable con el sistema tradicional, donde la manipulación de documentos en papel y la falta de trazabilidad facilitaban prácticas ilícitas. Con la nueva normativa, cada transacción queda registrada de manera inmediata e inmutable, lo que dificulta la omisión de ingresos o la falsificación de comprobantes.
Si bien persisten desafíos en la adopción masiva de la facturación electrónica, los beneficios a mediano y largo plazo son innegables: mayor transparencia, eficiencia en la recaudación, reducción de fraudes y una base de datos económicos más robusta para la toma de decisiones.
A medida que más empresas se sumen a este sistema, el país estará más cerca de consolidar una economía digitalizada, transparente y preparada para los desafíos del futuro. El 15 de mayo será solo el primer paso de una transformación que, de ejecutarse correctamente, podría convertirse en un modelo para la región.
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