Cuando el nuevo coronavirus causaba caos en el mundo y los científicos aliaban sus conocimientos para consensuar una vacuna eficiente capaz de combatir los síntomas y consecuencias fatales de la enfermedad, a los Estados les urgía ser el primero en obtener los primeros lotes; República Dominicana no fue la excepción.
El 30 de octubre 2020, el gobierno dominicano firmó un acuerdo con la empresa biofarmacéutica británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna candidata contra el covid-19, desarrollada junto con la Universidad de Oxford. La disponibilidad del medicamento estaba sujeta a ser a partir del primer trimestre del 2021.
Accede a las historias más relevantes de negocios, bienestar y tecnología. Entérate de nuestros rankings y eventos exclusivos. Suscríbete y recibe en tu correo el mejor contenido de Mercado.
Se trató de un contrato de compraventa por anticipado con una inversión total de US$40 millones
Para el 21 de mayo de 2021, al menos dos millones de dosis debieron haber tocado territorio dominicano. Sin embargo, la historia fue distinta: [en mayo] AstraZeneca cumplió tres meses ininterrumpidos incumpliendo con el contrato; esto aunque RD ya habría recibido dosis de esta farmacéutica por parte del programa COVAX.
A raíz del incumplimiento, los altos directivos del gobierno dominicano debieron recurrir a compras de emergencia de otras fórmulas. Dando un salto a la actualidad, la República Dominicana se encuentra registrando los menores números de contagios –y fallecimientos– por covid-19, además de que la mayor parte de las medidas restrictivas llegaron a su fin a mediados de febrero 2022.
Por lo que es tarde para recibir a manos abiertas las diez millones de inyecciones contratadas hace dos años. La mayoría, si no todas, terminarían siendo desechadas por vencimiento en un plazo de seis meses, según afirma Luis Abinader, presidente de la República.
«Nosotros no podemos aceptar ahora que nos envíen todas las vacunas en este momento porque ellos tienen vacunas y no nos las enviaron cuando nosotros las necesitábamos (…) O ellos aceptan y nos las entregan en la medida que nosotros necesitemos o habrá arbitraje»
El Estado está dispuesto a llevar a la justicia al laboratorio farmacéutico británico por dos razones:
Raquel Peña, vicepresidenta dominicana y principal autoridad del Gabinete de Salud, aseguró que el convenio adquisitivo está en manos legal: «Realmente lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de defender esos contratos, y de defender cada centavo que sea invertido, no solamente en vacunas, en cualquier cosa que se haya invertido para el país».
Por esta misma vía, el país propuso a AstraZeneca negociar la sustitución de la recepción de las inyecciones contra covid-19 por otros medicamentos que sean de provecho a la población dominicana. La propuesta es conseguir un fármaco distinto, «pero [la farmacéutica] no tienen la voluntad de hacer negocio con nosotros», afirma Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva.
El objetivo principal de incurrir en un arbitraje es la resolución de una disputa o controversia entre dos partes. Según explica la web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al escoger un arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.
Mencionado sometimiento es siempre voluntario, pues responde a un acuerdo entre los involucrados, mismos que eligen el árbitro, idioma, lugar y ley. Entonces, el árbitro (o varios) se encarga de buscar una solución al conflicto.
Si la problemática entre el Estado dominicano y AstraZeneca continúa, y la República Dominicana decide escalar el conflicto a un arbitraje, sería de índole internacional. Un arbitraje internacional surge cuando el domicilio o residencia de ambas partes difiere.
Por Paola Ferreras
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
